Una jueza fue sancionada por quinta vez por la Corte de Justicia

La Sala Segunda de la Corte de Justicia del Poder Judicial de San Juan, integrada por la Dra. Adriana García Nieto, Dr. Guillermo Horacio De Sanctis y Dr. Ángel Humberto Medina Palá, sancionó a la jueza del Segundo Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, la jueza María Julia Camus. Esta medida fue adoptada en el marco de un recurso de casación solicitado por la Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia Nº2. 

El motivo de la medida adoptada por el máximo tribunal indica que la jueza habría prejuzgado sin garantizar la imparcialidad en el procedimiento, opinando que el acusado había cometido un delito distinto al que se le imputaba. 

En la sentencia se resolvieron tres puntos. El primer punto dice: “Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la Sra. Fiscal Penal de la Niñez y Adolescencia N° 2, por losmotivos expuestos”.

El segundo punto establece: “Declarar la nulidad absoluta de la resolución dictada en fecha 27/11/2017 , como así mismo de todos y cada uno de los actos procesales subsiguientes, debiendo en consecuencia procederse de ahí en más conforme el trámite pertinente”.

Finalmente, el tercero indica: “Apartar a la Dra. María Julia Camus del entendimiento de la presente causa e imponerle como sanción disciplinaria una multa equivalente a un salario mínimo del escalafón judicial y en la forma prevista en los considerandos precedentes”. Esa multa equivale a la suma de $ 32.368,43.

Los agravios del Ministerio Público fueron que “la Sra. Jueza sentenciante habría adelantado su opinión y prejuzgado, previo a la audiencia del debate y al inicio de la etapa del juicio, en tanto que en un contexto procesal inexistente, inoportuno e improcedente (cfr. fs. 316/319 vta.), hace lugar a la pretensión de la defensa y procede al cambio de la calificación legal para posteriormente excarcelar al menor; lo que a su entender habría significado arrogarse facultades no inherentes a la
función de Juez, ya que son pura y exclusivas del Ministerio Público Fiscal, al proceder a modificar la requisitoria fiscal que es la base de la acusación. Se afirma que de tal modo se habría incurrido en un “defecto procesal de carácter absoluto y con consecuencias invalidantes”.

Entre los argumentos que los miembros de la Sala Segunda de la Corte establecieron para dictar la resolución se destaca la “imparcialidad” que debe tener el juez frente al caso. Respecto a ese punto, el Tribunal dijo que “ser un juez neutral y justo es imprescindible para el ejercicio de la función, siendo la noción de justicia independiente e imparcial un requisito de validez del proceso y una garantía que compromete a la jurisdicción”.

También los integrantes de la Sala Segunda fundamentaron que “las valoraciones que realizó la magistrada sobre los presupuestos de hecho, prueba la participación del imputado en el evento y su supuesta predisposición interna o intencionalidad -en una etapa procesal totalmente vedada para ello- necesariamente implicaron asumir una hipótesis decisoria respecto de la conceptualización del suceso fáctico y la responsabilidad de su autor que puso en tela de juicio de manera evidente, fresca y arbitraria su imparcialidad sobre el caso”.

Asimismo, el Tribunal determinó que “el accionar de la magistrada truncó la posibilidad cierta de que las partes, en el momento oportuno, debatieran sus pretensiones, rebatieran la prueba, alegaran y obtuvieran en consecuencia el dictado de un fallo frente a un tribunal totalmente imparcial”.

La causa por la cual la Fiscalía Penal de la Niñez y Adolescencia Nº2 solicitó la apelación fue por un hecho ocurrido el 30 de agosto de 2015 en el barrio Área Nº II de Caucete. Allí, dos jóvenes se reunieron en la plaza y uno de ellos (Marcos Mercado de 17 años al momento del hecho) atacó al otro (Diego Gonzalo Arias) con un arma blanca, provocándole una herida en el estómago dejando sus vísceras expuestas. El joven agredido se salvó de milagro.

Ahora, la causa deberá volver al juzgado e integrarse el tribunal con un juez del fuero penal.