Investigan a un abogado por falsificar una firma en una demanda contra la Obra Social Provincia
A principios de agosto de este año se encendió una polémica que tuvo como protagonistas a la Obra Social Provincia y a la empresa Garder.
Dicha firma formaba parte del catálogo de prestadores de la OSP pero desde la obra social, denunciaron que la empresa incumplió con la prestación del servicio de alimentos e internaciones domiciliarias. En la denuncia, el interventor de la obra social sostuvo que detectó un aumento inusual en la facturación de la empresa, cobrando por servicios que no había prestado.
Además procedió a excluir a Garder de su plantilla de prestadores. La empresa respondió presentado un recurso de protesta por la denuncia y por la exclusión del padrón.
Por esta denuncia, el director de la empresa, Eduardo Guzmán; Marilina de la Fuente, apoderada y administradora de la empresa, y María Florencia Molina de la Fuente (Guzman y de la Fuente son pareja y la imputada restante es hija de la segunda) quedaron imputados por presunta defraudación contra el Estado.
En los días posteriores, la empresa presentó una denuncia en el fuero civil a modo de contrademanda contra la Obra Social Provincia por 80 millones de pesos. Para ello, hasta el mediático abogado Fernando Burlando llegó a San Juan para defender a la empresa.
Ahí comienza la polémica ya que la demanda fue presentada por Gabriel Silva, quien oficiaria como representante legal de la empresa. Sin embargo, Silva ya no era el apoderado legado de Garder ya que la empresa había designado para esa función a la abogada Paola Nale.
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Silva habría falsificado la firma de Nale para presentar la demanda millonaria. Eso fue advertido por la abogada, quien denunció a su colega por haber adulterado dicha firma.
Silva quien previamente había retirado la demanda, quedo involucrado en el hecho y la Justicia comenzó a investigarlo formalmente.
Este jueves, el letrado llegó a la audiencia de formalización en su contra, compareciendo ante la jueza de Garantías Verónica Chicón.
El Ministerio Público Fiscal, representado por Adrián Riveros, informó los detalles sobre la imputación que recae sobre Silva, endilgándole el delito de falsificación de instrumento público (cuya pena contempla de 1 a 5 años de prisión). Siguiendo esa línea, solicitó un plazo de Investigación Preparatoria por seis meses más medidas coercitivas.
La defensa a cargo de Nasser Uzair y Fernando Castro rechazó de plano la acusación pero manifestó acuerdo con el plazo de la IPP y una de las medidas de precautorias.
Es por eso que la jueza le imputó el delito de falsificación de instrumento público y resolvió establecer una IPP por seis meses más el compromiso de Silva de someterse a la investigación y no entorpecer con la misma, prestando colaboración cuando se lo requiera.
Una vez leída la resolución, le otorgó la libertad al abogado imputado quien se retiró sin haver declaraciones a los medios.
Como dato curioso, el pasado lunes se conoció a través del Boletín Oficial que la Obra Social Provincia había incluído nuevamente a Garder en su padrón de prestadores.