Tras el escándalo por la fiesta, la Justicia ordenó más control sobre el represor Olivera

El escándalo que generó la fiesta de aniversario de casamiento del represor y tres veces condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad, Jorge Antonio Olivera, derivó en que el Tribunal Oral Federal de San Juan (TOF), ordenara mayores controles sobre su detención domiciliaria. Luego de que se constatara que el evento, que contó con la actuación del cantante Ramón “Palito” Ortega y una multitud de invitados, se realizó en el domicilio de Olivera, los magistrados ordenaron que la Policía Federal realice rondines y controles sorpresas en el inmueble y, así, lograr que el represor no se extralimite en las reglas de conducta que debe cumplir. Además, le prohibieron realizar eventos sociales “que por sus naturalezas desnaturalicen el alcance y fin de la pena impuesta”, todo ello bajo la pena de revocarle la prisión domiciliaria y enviarlo nuevamente al penal. Las medidas de control habían sido solicitadas por el Fiscal General local Francisco Maldonado y su par de Mendoza, Dante Vega, luego de que la fiesta generara indignación en las víctimas y fotos circulara por las redes sociales.

La decisión del TOF vio la luz este miércoles, justo un mes después de que el Fiscal General presentara un escrito solicitando que se determinara si Olivera había salido de su domicilio por motivo de la fiesta y, por ende, quebrado el beneficio de cumplir detención en su casa. Al constatarse, a través de un dispositivo electrónico, que eso no ocurrió, los jueces de Cámara Daniel Doffo y Eliana Ratta, ordenaron más medidas de control sobre el represor al entender que la conducta que tuvo Olivera al realizar la fiesta fue “reprochable” y no se condijo con las medidas que se deben cumplir bajo una prisión domiciliaria.
Un punto clave de la resolución, es que los jueces tuvieron en cuenta a las víctimas, quienes se habían mostrado preocupadas por la situación y entendieron que, con la fiesta, Olivera se había “mofado” de su situación procesal por lo que habían solicitado que se le revocara la prisión domiciliaria.

En ese marco, los magistrados federales no pudieron dejar de lado que las fotos que circularon por las redes sociales, evidentemente, fueron publicadas por “el propio ámbito familiar del condenado”, lo que tuvo un tinte de “provocación y trascendencia a las víctimas que ha favorecido la conmoción social”. Además, remarcaron que “resulta difícil pensar que las características del evento que incluyó la contratación de un artista de renombre, no le haya permitido al condenado avizorar que su conducta atentaba contra la naturaleza del beneficio de la prisión domiciliaria que goza, y la reacción social de su voluntaria publicidad”.

Según indicaron fuentes judiciales, la decisión de los jueces se aplica inmediatamente, más allá de que la defensa de Olivera apele la medida del TOF ante el tribunal de Casación Penal.

Olivera fue condenado a perpetua en tres oportunidades, 2013, 2018 y 2023, por considerarlo responsable de delitos de lesa humanidad al ser el jefe del temible grupo de tareas del RIM 22 y desde ahí impartir órdenes para realizar secuestros, detenciones, torturas, privaciones ilegales de la libertad y desapariciones durante la dictadura militar.