¿Principio de solución?
En la Corte evaluarán si le dan de baja a la acordada que metió cambios en la asignación de jueces a las causas
Los ministros de la Corte de Justicia se reunieron ayer y el tema preponderante que trataron fue el planteo del fiscal General, Eduardo Quattropani, quien les había pedido que se vuelva atrás y dejen sin efecto la acordada que metió cambios en la asignación de jueces a las causas, dado que, según había señalado, va a contramano de las normas vigentes. De acuerdo a lo que trascendió, los cortistas quedaron en evaluar la situación y sobrevoló la predisposición a dar de baja al acuerdo si es lo que corresponde, lo que reflejó que no hay una defensa ciega a la decisión.
La asistencia al encuentro fue perfecta: lo condujo el presidente Marcelo Lima y participaron sus colegas Adriana García Nieto, Guillermo De Sanctis, Juan José Victoria y Daniel Olivares. Según fuentes calificadas, los ministros estudiarán el punto de la acordada que establece que la Oficina Judicial Penal “podrá asignar un juez distinto, perteneciente al Colegio, en los casos en los que el juez previniente tenga una gran carga de audiencias o se encuentre impedido o en juicio”.
En ese punto, Quattropani había señalado que “la Secretaría Administrativa del Poder Judicial, de quien depende la Oficina Judicial, tiene la potestad de cambiar un juez por otro por fuera de los casos previstos por la ley”.
Además, el juez “previniente”, al que hace referencia la acordada, es un eje central. Se trata de aquel que interviene al inicio de una causa y debe continuar hasta la finalización de la etapa investigativa. Es decir, en el sistema acusatorio, actúa en la Investigación Penal Preparatoria hasta la audiencia de control de la acusación. Si lo reemplaza en el medio por otro magistrado por una causal distinta a la que establece el Código Procesal Penal, se estaría violando el llamado principio del juez natural, dado que es una máxima que garantiza la imparcialidad del magistrado y que evita intervenciones de presiones externas.
Por otro lado, el jefe de los fiscales había cuestionado “otra irregularidad en la designación de los jueces”, que tiene que ver con la división en dos del Colegio de Jueces (de 19 integrantes) para un turno matutino y otro vespertino. En eso, había indicado que representa “una forma de selección parcial, en tanto el sorteo no se realiza sobre la totalidad de los integrantes, sino sobre la parcialidad que integra cada grupo, afectando su composición y funcionamiento”.
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En ese punto, el titular del Ministerio Público había señalado que “no se conoce norma que lo autorice, la que, de existir, tendría igualmente el vicio de ilegalidad”.
De acuerdo a las fuentes, los miembros del máximo tribunal también analizarán ese eje, además de que también se habló de que el sorteo de los jueces lo hace un programa de computación, como para destacar que no hay una manipulación del mecanismo. Sucede que, también, Quattropani había expresado en su presentación que se abría la posibilidad de digitar la asignación de los jueces a las causas.
El tema provocó revuelo en el ámbito judicial, al punto que la Asociación de Abogados Penalistas (ASAP) había sacado un comunicado en el que manifestaron su profunda preocupación por la acordada de la Corte, dado que, entre otros puntos, “pone en crisis el sistema de competencias”.
Además, 0264 Noticias había revelado el primer caso que, ante el cambio de juezas durante la etapa de investigación en una causa, el abogado Franco Montes había planteado la nulidad de las actuaciones de una de las magistradas.
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Todo el caso también refleja una fuerte embestida del fiscal General contra el secretario Administrativo de la Corte, Javier Vera, en la que deja afuera al máximo tribunal. Sucede que indicó que la acordada “en modo alguno responde o puede responder a lo que la Corte de Justicia desea o pretende para el Poder Judicial”. Quattropani había dicho que “yo no discuto con el secretario Administrativo. Tengo la costumbre, en el Ministerio Público, que los secretarios son secretarios. No se desbordan y no tienen atribuciones que escapan a su función. Yo hablo del excesivo desborde del aparato administrativo y las facultades que se han otorgado o de las que se hacen uso”.