Un fiscal pidió informes para determinar la existencia de comedores "fantasma" y quiénes debían controlarlos

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación del Gobierno tras una auditoría del Ministerio de Capital Humano que reveló que cerca del 50% de los comedores y merenderos populares que recibían apoyo estatal eran “inexistentes”, y en uno de ellos incluso funcionaba un barrio privado. Según el dictamen al que accedió Infobae, el fiscal pidió una serie de informes para esclarecer quiénes eran los funcionarios responsables de esos controles.

Según las fuentes consultadas, se busca determinar la identidad y participación de todas las personas que resulten responsables, entre ellos funcionarios públicos que hubieran prestado funciones tanto en la Secretaría de Inclusión Social, en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, en la Dirección de Planificación y Evaluación de Políticas Alimentarias, en el Ministerio de Desarrollo Social desde el año 2020 al 10 de diciembre del año 2023, como así también todo funcionario público que se desempeñara en áreas con vinculación a los hechos.

Pero además González advirtió que “se investigará a los particulares que hubieran actuado en connivencia a los fines de desviar los fondos públicos del Estado Nacional en forma penalmente relevante”, según se desprende del dictamen. 

El lunes pasado, el mismo día en que -en otra causa- la Justicia realizaba una treintena de allanamientos en una investigación contra piqueteros por extorsión y amenazas, la ministra de Capital Humano presentó una denuncia por defraudación y abuso de autoridad a raíz de una serie de auditorías sobre comedores y merenderos. Se habló de “falta de control”. En esos relevamientos se aseguró que de más de 2.600 establecimientos, la mitad presentaron irregularidades y no pudieron ser validados como comedores y merenderos. Por sorteo el caso recayó en el juzgado de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal González. 

El fiscal pidió la digitalización de todos los expedientes administrativos denunciados como irregulares y solicitó “la nómina del personal responsable del control” en el área a cargo de controlar los comedores comunitarios, “que prestaron y/o prestan funciones en la Dirección Nacional de Seguridad Alimentaria, desde su creación en el mes de julio de 2020 hasta diciembre de 2023, como así también de los funcionarios a cargo de la Secretaría de Inclusión Social y del Ministerio de Desarrollo Social”.

También solicitó los datos del personal del Ministerio que efectúo las auditorías en cuestión y que estuvieran al tanto del procedimiento de registración de los comedores o merenderos en el RENACOM, a los fines de poder dar testimonio en la investigación.

Fuente: Infobae