La demanda era de $16,6 millones, sin actualización por intereses
Tras los reveses judiciales y luego de 14 años, la familia de un ingeniero decidió terminar la demanda millonaria a la UNSJ
Luego de que fueran absueltos del delito de malversación de caudales públicos, tras 18 años bajo la lupa de la Justicia Federal, los ingenieros Carlos Rudolph y Guillermo Mattar demandaron en 2011 a la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por 16,6 millones de pesos por daños y perjuicios. Es que las entonces autoridades de la casa de altos estudios habían denunciado y, tras ser desvinculados penalmente, los profesionales buscaron una indemnización debido a que sostuvieron que fueron acusados falsamente, fruto de una persecución. Sin embargo, la Justicia Civil les rechazó el reclamo en primera y segunda instancia, por lo que les quedaba acudir a la Corte Suprema de la Nación. No obstante, la familia de Rudolph “expresó su deseo de finalizar el tema”, confirmó su abogado Miguel Arancibia. A su vez, Mattar había fallecido en 2016.
De esa manera, a 14 años de la presentación de la demanda, se cerró la causa civil, a la que hay que sumarle 20 años desde que los ingenieros fueron denunciados penalmente. Semejantes plazos revelan falencias por la excesiva demora en la tramitación de ambas causas, independientemente del resultado, ya que toda persona requiere que su situación penal sea resuelta lo más rápido posible y en un plazo razonable, al igual que un reclamo indemnizatorio.
Demandante. El abogado Miguel Arancibia llevó adelante el reclamo, en sede civil, de los ingenieros Rudolph y Mattar.
Arancibia recordó que “han pasado 34 años desde que la UNSJ hizo la denuncia penal en 1990. De ahí, la Justicia Federal tuvo 18 años para llevarlo a juicio Oral, donde los absolvió de culpa sin ninguna duda. Luego comenzó el reclamo para la devolución de bienes y, principalmente, el honor mancillado, y la sentencia de Cámara Civil duro 14 años. Matar falleció en 2016 y la familia de Rudolph expresó su deseo de finalizar el tema, dado que ya no está en condiciones psíquicas ni anímicas de poder disfrutar la disculpa pública y la restauración de su honor que tanto buscó, dado que el dinero nunca fue lo importante”.
En la esfera civil, Arancibia presentó en 2010 la demanda por daños y perjuicios contra la UNSJ, los exrectores Tulio Del Bono y Benjamín Kuchen, el exdecano de la Facultad de Ingeniería Jorge Orellano y las autoridades universitarias Héctor Cevinelli, Alfredo Russo y Pedro Sarquis.
El reclamo estuvo ligado a la denuncia penal que había hecho Del Bono en 1990 contra Rudolph y Mattar por la presunta malversación de caudales en la que habrían incurrido los ingenieros cuando se desempeñaban como profesores de la UNSJ, integrantes del Instituto de Investigaciones Mineras (IIM), miembros de la Asociación Cooperadora del Instituto de Investigaciones Mineras (ACIIM), directivos de la empresa Investigaciones y Desarrollos Mineros S.A (IDEMSA) y como socios de Las Callanas S.R.L. Sin embargo, fueron absueltos en 2008 por el Tribunal Oral Criminal Federal de San Juan e, incluso, el juez Hugo Echegaray pidió disculpas por el paso del tiempo.
Tramitación. El expediente recayó en el Juzgado Federal N°1, a cargo en ese entonces de Miguel Gálvez. El magistrado se jubiló en noviembre de 2022, sin resolver la causa.
Tras ese fallo, salió la demanda porque Arancibia planteó que hubo una persecución contra los profesionales y que Del Bono llevó adelante una falsa denuncia contra ellos. La causa recayó en el Juzgado Federal N°1, entonces a cargo de Miguel Gálvez, quien, de acuerdo a las constancias, pasó a su despacho para una resolución el 27 de noviembre de 2018. El magistrado se jubiló el 1 de noviembre de 2022 y reconoció que una de sus deudas fue la definición de dicho caso.
Así, el expediente pasó al juez mendocino Pablo Quirós, quien en mayo de 2023 desestimó la demanda de los profesionales. Es decir, resolvió rápidamente, en apenas siete meses, cuando Gálvez no lo hizo en casi cuatro años. Arancibia apeló la sentencia y los jueces Juan Ignacio Pérez Curci, Gustavo Castiñeira de Dios y Manuel Pizarro, de la Cámara Federal de Mendoza, confirmaron el rechazo del reclamo el pasado 23 de abril.
En su voto, al que adhirieron sus colegas, Pérez Curci sostuvo en su introducción que los fundamentos de los demandantes “están todos dirigidos a sostener que la denuncia penal formulada por las autoridades universitarias ha sido falsa”, que sus fundamentos “se encuentran viciados y forman parte de una campaña de desprestigio en contra de los ingenieros y que el juez de primera instancia no ha valorado correctamente las pruebas”.
Luego, resaltó que la absolución de Rudolph y Mattar “no implica que la denuncia penal sea falsa o que no hayan existido los hechos denunciados o que los mismos no hayan sido suficientes para justificar el procesamiento o el requerimiento de elevación a juicio”, sumado que tampoco “reúne los requisitos para la procedencia de la reparación de los daños y perjuicios por falsa denuncia penal”.
El camarista destacó que, “de las pruebas analizadas, no se advierte que (las autoridades universitarias) hayan obrado con dolo, culpa o negligencia al momento de efectuar su denuncia (...) Por el contrario, la denuncia efectuada tuvo un grado de verosimilitud suficiente como para que, en base a ella y a la prueba ofrecida, se dispusiera el procesamiento de los ingenieros y la posterior elevación de la causa a juicio”.
También remarcó que “la decisión de formular la denuncia penal fue el resultado de una investigación llevada a cabo dentro de la Universidad, en base a la cual, el Consejo Superior, a la vez, facultó al rector para adoptar todas las medidas y acciones necesarias con relación al conflicto de intereses ente la UNSJ y el complejo económico ACIIM-IDEMSA”.
Primer fallo. Luego de la jubilación de Miguel Gálvez, la causa pasó al juez mendocino Pablo Quirós, quien sacó la sentencia en siete meses.
Inclusive, Pérez Curci subrayó que “las autoridades de la UNSJ tuvieron motivos fundados para sospechar de la existencia de una posible maniobra delictiva. La prueba documental e instrumental evidencia una posible confusión de autoridades y de actividades entre el IIM, la ACIIM, IDEMSA y Las Callanas S.R.L., lo que justifica la conducta de las autoridades de la Universidad, que decidieron efectuar la denuncia de los hechos que, según su convicción, resultaban contrarios a una correcta administración de los fondos públicos”.
La sentencia del juez mendocino Quirós y la de sus pares de la Cámara fue contundente, aunque Arancibia, en representación de sus clientes, podía acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La máxima instancia, en cuya sede es muy difícil revertir fallos cuando, sobre todo, se trata de interpretación de la prueba que ya hicieron dos tribunales inferiores. No obstante, el abogado de los ingenieros expresó que la familia de Rudolph decidió dar por terminado el conflicto que acumuló, en total, 34 años.
El reclamo de los ingenieros tuvo un desprendimiento penal, ya que saltó una denuncia que derivó en una investigación y el procesamiento contra el exrector de la UNSJ, Oscar Nasisi, por retención indebida, al obstaculizar la devolución de una serie de pertenencias de Rudolph y Mattar. En el expediente también quedó implicado Pedro Sarquis, director del Instituto de Investigaciones Mineras de la casa de altos estudios.
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La causa también atravesó por distintos vaivenes, aunque fue elevada a juicio. De acuerdo a las constancias del expediente, Nasisi, en su rol de rector, ordenó la entrega de parte de los bienes y se devolvieron nueve de las 14 cajas con los objetos de los profesionales. En la denuncia se señaló que las cajas recuperadas, además, estaban con los precintos rotos. El entonces rector y Sarquis fueron procesados, pero la Cámara Federal de Mendoza los sobreseyó. Sin embargo, el querellante Arancibia acudió a la Cámara de Casación (el máximo tribunal penal federal del país) y consiguió que confirmaran los procesamientos.
Los jueces de Casación entendieron que parte de los objetos (una copiadora de planos, un equipo de geofísica, un laboratorio de electroquímica, planotecas, una PC con impresora, muebles y hasta un aire acondicionado) “continúan dentro del ámbito de custodia de la UNSJ”, por lo que la responsabilidad recayó sobre las autoridades.