Colegio de Magistrados: la Junta bajó la lista opositora, cuya candidata a presidente dijo que evalúan el planteo a realizar

La Junta Fiscalizadora del Colegio de Magistrados decidió el sábado rechazar la lista opositora Nº2, que encabeza Adriana Tettamanti, debido a que uno de sus candidatos no fue considerado como socio activo de la institución, mientras que otros dos no cumplían con el requisito de la antigüedad para formar parte de la conducción. Así, el organismo le hizo lugar a las impugnaciones realizadas por la lista oficialista Nº1, que lidera Ana Lía Larrea, quien va por la reelección. Ahora, la resolución no dice nada de la posibilidad de reemplazar a los postulantes que fueron dados de baja. Ante este vacío, ¿se caen las elecciones de este jueves 27? Tettamanti entendió que “lo que se definió es que nuestra lista no participe”, por lo que analizaban qué planteo iban a realizar.

Si no se hacen los comicios, será toda una polémica, ya que, en todo proceso electoral, los representantes de un sector tienen la posibilidad de sustituir a sus candidatos ante cualquier observación. De hecho, el apoderado de la lista, Guillermo Baigorrí, había solicitado tiempo para el reemplazo de aspirantes si se producía la baja.

La contienda en el Colegio de Magistrados ya viene atravesada por la polémica, ya que las autoridades habían cometido errores formales a la hora de convocar a la elección, lo que llevó a la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas a suspender la fecha del 31 de mayo, por lo que el Colegio fijó una nueva para el 27 de este mes. Incluso, la candidata Tettamanti, jueza del Contencioso Administrativo, había cuestionado, antes del freno de la contienda anterior, el escaso tiempo de cada uno de los pasos electorales y la falta de precisión del padrón de afiliados.

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La institución tiene su peso, ya que suele plantarse ante “ataques” que reciben los jueces o juezas por sus sentencias y mantiene contacto con la Corte de Justicia frente a decisiones que incumben a los magistrados.

Con la nueva fecha en agenda, la elección del Colegio se vivió como cualquier otra: a cara de perro, sin concesiones y sin dejarle pasar nada al contrincante. Así, el jueves, el apoderado de la lista 1, el camarista Civil Juan Carlos Pérez, cuestionó, en primer lugar, al candidato a Revisor de Cuentas Titular de la lista opositora, Walter Otiñano, juez Civil. La impugnación se basó en que el magistrado es afiliado al sindicato Unión Judicial, mientras que el estatuto del Colegio estipula que sus socios activos no pueden pertenecer a asociaciones que persigan fines de defensa gremial.

Por otro lado, impugnó las postulaciones de Ricardo Moine como tercer Vocal Suplente y Andrea Heras como Revisora de Cuentas Suplente, debido a que ambos no cuentan con el mínimo de dos años de antigüedad para integrar la Comisión Directiva. Según la presentación de Pérez, el primero, que es juez de Flagrancia, es socio desde el 12 de septiembre de 2022, mientras que, la segunda, se afilió el 7 de marzo de 2023.

El encargado de contestar fue el camarista laboral Baigorrí, apoderado y candidato a vicepresidente, quien lo hizo el viernes. Sobre la impugnación a Otiñano, resaltó que cuenta con su calidad de socio activo que ha ejercido “durante los últimos años”, dado que había sido “admitido por los órganos del Colegio de Magistrados”, al punto que ha estado “abonando mensualmente la cuota de asociación”. Por eso, indicó que “la impugnación a su candidatura resulta improcedente y descalificable de plano”.

Con respecto a los cuestionamientos por la antigüedad de Moine y Heras, el apoderado de la lista 2 aprovechó para lanzar una crítica: “La información acerca de la antigüedad en la afiliación de todos los socios activos, no ha sido un dato comunicado ni puesto a disposición de esta lista, debiendo como mínimo formar parte de una información pública que permita desarrollar libre y adecuadamente la tarea de postular y de proponer a candidatos para los cargos electivos”.

Además, Baigorrí remarcó que la oposición “no cuenta con ninguna información que pudiera al menos formular alguna impugnación contra la lista oficialista, ya que para nosotros resulta información oculta la antigüedad de todos los socios activos del colegio, como así también la información de aquellos que hubieren sido pasibles de sanción, elementos estos que la lista 1 tiene su disposición, mientras que la lista que yo represento no puede contar ni acceder sin la benevolencia o beneplácito de quienes conducen actualmente el Colegio”.

Al abordar la impugnación de Otiñano, la Junta Fiscalizadora, integrada por la jueza Civil Amanda Días, la prosecretaria Letrada de la Corte, Elisa Petrignani, y el defensor Oficial Hugo Trigo, resaltó en su resolución que “resulta inaceptable que se pretenda pasar por alto la dualidad simultánea filiatoria, desconociendo abiertamente la legislación vigente”. En ese punto, hizo hincapié en que se trata de “una institución en la que participan profesionales del derecho de vasta trayectoria y con solvencia intelectual y jurídica”.

En cuanto al tema de la antigüedad de los postulantes, la Junta señaló que la “información está disponible para todos los socios cuando así lo requieren, lo dice el propio estatuto y las leyes (…) que son derechos de los socios acceder a todos sus registros. La impugnada en ningún momento acredita haber solicitado o peticionado poder compulsar el registro de socios. Más aún, todo afiliado, al momento de incorporarse, firma su ficha y luego se le retiene la cuota social, es información personal y que cada uno conoce al momento de integrar una lista. Siendo ello una obligación moral”.

Si se confirma que no habrá elecciones, habrá que ver cómo cae la decisión en el grupo opositor la falta de competencia. Según trascendió, no había caído para nada bien el pedido de excluir al juez Otiñano del padrón de socios activos. ¿Habrá renuncias de asociados? Era una versión que sonaba. Se verá.

La institución supo tener un rol protagónico. Se vio golpeada cuando el entonces fiscal de Estado, Guillermo De Sanctis (hoy, ministro de la Corte) arremetió en 2010 contra su presidente, Roberto Pagés, a quien le achacó sospechas sobre su presunta responsabilidad, en su actuación como juez civil, en parte de lo que es el escándalo por la megacausa de las expropiaciones. No hubo denuncia contra el magistrado y la demanda en su contra fue rechazada por primera y segunda instancia. Sin embargo, Pagés se alejó de la conducción del Colegio y, en ese entonces, hubo renuncias de miembros.

En 2022, la entidad tuvo competencia, ya que surgió el Consejo de Fiscales y Asesores (Confias) y se llevó a dichos funcionarios judiciales. Así, el Colegio de Magistrados tendría unos 245 socios (uno de las críticas fue que no estaba actualizado el padrón), mientras que Confias cuenta con 276 afiliados.