Para evitar un colapso del sistema acusatorio, Fiscalía pidió a la Corte sumar delitos a Flagrancia

El Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, le solicitó a la Corte de Justicia cambios en el sistema penal. ¿El objetivo? Descomprimir una de las Unidades Fiscales, para que deje de atender ciertos delitos y estos pasen a ser materia del procedimiento especial de Flagrancia. Para el Ministerio Público la situación es clara: a seis meses de la puesta en marcha en pleno del sistema acusatorio, donde la investigación está en manos de los fiscales, hay áreas que están entrando en colapso. Una de ellas es la UFI Genérica, que atiende todas aquellas denuncias por usurpación, amenazas, delitos contra la salud pública, la seguridad y el orden público, como los piquetes, por ejemplo; pero también atiende denuncias más comunes como lesiones, encubrimientos y daños. Son estos últimos delitos los que el Ministerio Público espera que comiencen a ser tramitados bajo el procedimiento de Flagrancia y por eso le pidió a la Corte que ejerza su facultad legislativa para que envíe a la Cámara de Diputados un proyecto de ley y se apliquen cambios en el Código Penal.
Para tomar una dimensión de los delitos que se espera que pasen a ser tramitados por Flagrancia, si hoy ocurre una pelea entre vecinos y uno de ellos termina golpeando a otro o produciendo algún daño sobre una propiedad, dicha causa es tramitada por la UFI Genérica. Ese escenario también ocurre para una discusión, en la que se producen golpes entre automovilistas. Para el Ministerio Público se trata de causas que comprenden delitos leves, que pueden ser tramitadas de manera rápida en el sistema de Flagrancia y, por ende, resolverse en horas. Mientras, ayudarán a descomprimir el sistema acusatorio, ya que no será necesario la solicitud de audiencias para, por ejemplo, avanzar en una investigación penal preparatoria, no se requerirá la asistencia de personal judicial y tampoco de Jueces de Garantías.
Por otro lado, según indicaron desde Fiscalía, se trata de delitos que contemplan la solución alternativa de conflicto, como la mediación, la reparación integral del daño y juicios abreviados, pero también la facultad del Ministerio Público para disponer de la acción penal, esto es, si lo estima conveniente, no avanzar con la causa. Los expedientes que sí se busca mantener y que no pasen al sistema exprés son amenazas, lesiones y daños en contexto de violencia de género.
El pedido de cambio en la tramitación de los delitos y sumar causas al sistema de Flagrancia fue comunicado a la Corte de Justicia este martes. En una nota, el Fiscal General le solicitó al presidente, Marcelo Lima, que considere avanzar con un anteproyecto de ley para reformar el artículo 420 de la ley 1851-O, que regula el ámbito de aplicación del procedimiento especial de Flagrancia. En esa línea, desde el MPF, explicaron que “en general, con esa modificación se pretende incorporar la posibilidad de tratamiento en ese fuero de delitos frecuentes tales como lesiones, encubrimientos y daños, entre otros delitos comunes, lo que permitirá descongestionar estructuras del sistema procesal acusatorio que se encuentran en su máxima capacidad operativa”. Además, que se produzca “una equitativa distribución de trabajo, permitiendo la rápida resolución de conflictos penales que, actualmente, y aun tratándose de presupuestos de actividad probatoria simple, comprometen la resolución en tiempo razonable de casos”.
Un punto clave que se seguirá manteniendo para la intervención de Flagrancia es que aquellas personas detenidas y presentadas antes el Juez, deben ser detenidas “in fraganti”, en el mismo momento que se comete el hecho o, como comúnmente se dice, con las manos en la masa.
El sistema de Flagrancia hizo su debut en el 2017 y trajo solución rápida a causas simples como los casos de robo con aprehendidos en el momento. Luego, en febrero de 2021 se lanzó el sistema acusatorio de manera parcial, con otras tres unidades fiscales (Delitos Especiales, Cavig y Anivi), áreas que concentraron las denuncias de abuso sexual, violencia de género, homicidios dolosos y culposos (negligencia y mala praxis) y delitos contra la administración pública, entre otros. Recién en febrero de este año la investigación fiscal recayó sobre todos los delitos, lo que implicó la disolución de los viejos juzgados penales de Instrucción y Correccional. Con ello se crearon tres nuevas Unidades Fiscales de Investigación (UFI): la de Delitos contra la Propiedad, la de Delitos Informáticos y Estafas y la UFI Genérica.