Fiscalía avanza en la investigación por 25 movilidades sin funcionar y el faltante de 12 herramientas en Calingasta

Desde la Unidad Fiscal Delitos Especiales, a cargo de Francisco Pizarro, tomaron la decisión de avanzar con la investigación por la denuncia que presentó la semana pasada el intendente de Calingasta, Sebastián Carvajal, contra su antecesor, el hoy diputado Jorge Castañeda. Se trata de los pasos preliminares para determinar si el Ministerio Público entiende que existe responsabilidad penal y así, solicitar a un juez de Garantías la formalización de la causa a través de la Investigación Penal Preparatoria. Según indicó el fiscal, el plazo inicial es de 90 días para tomar una decisión, aunque la definición puede ocurrir antes. Adelantó que se trata de un expediente complejo por la cantidad de material denunciado, ya sea que se encuentra sin funcionamiento o que ha sido expuesto como faltante. En esa línea, y según la denuncia, Carbajal apuntó contra Castañeda, y tres de sus exfuncionarios porque existen 25 movilidades sin funcionar, a las que les faltan partes, incluso, al parecer, algunas hasta fueron prestadas a vecinos de Calingasta. Además, el jefe comunal presentó facturas de compras de 12 herramientas que se efectuaron en la gestión anterior, pero no se han encontrado “en ninguna delegación departamental”, según consta en la presentación del actual jefe comunal. Los presuntos delitos que están en juego son el de Abuso de Autoridad e Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público, Malversación de Caudales Públicos y Daño.

La denuncia apunta a Castañeda como “autor intelectual” de la cantidad de movilidades municipales a las que les faltan partes y se encuentran sin funcionar. Además de que falten herramientas que fueron adquiridas con fondos de la comuna. No es lo único, ya que, para Carbajal, también es responsable, en calidad de “autor material”, Jorge Daniel Cortez, exjefe de la Unidad de Intendencia, mientras que el exsecretario de Obras, Jorge Dávila, y el exsecretario de Hacienda, Adolfo Medalla, también están en la mira como “partícipes necesarios”.

La UFI Delitos Especiales no es la única que avanzó sobre una denuncia que involucra a funcionarios del Justicialismo en Calingasta. El mismo día que Carbajal presentaba el escrito contra su antecesor, la presidenta del Consejo Deliberante, Patricia Castillo, y su par Santos Zárate, denunciaron haber recibido amenazas de muerte a través de mensajes de texto. La edil apuntó contra el intendente con quien se ha mostrado distanciada a pensar de haber obtenido su banca gracias a que integraron la misma lista en las elecciones del año pasado. Incluso, en declaraciones a Radio Sarmiento, Castillo indicó que “él (por Carbajal) dijo que le poníamos palos en la rueda y no lo dejábamos trabajar. Al concejal Zárate y a mí nos sacó de los grupos de WhatsApp por el que nos comunicábamos, nunca pensé que íbamos a terminar así”. Por dicha denuncia, la UFI Genérica ha tomado cartas en el asunto y avanzó en la investigación previa.

En la denuncia Carbajal expuso que, días antes de asumir en la intendencia, recibió de Castañeda un inventario de bienes existentes por lo que se presentó con un escribano “para confrontar los bienes denunciados con los que se observan en el pabellón interno de estacionamiento y taller dentro del propio municipio y, posteriormente, en las respetivas delegaciones municipales de Calingasta, Barreal y planta de reciclaje”. Así, al parecer, se logró advertir “el mal estado en general, con severos faltantes, deterioro o inexistencia en algunos casos total o parcial” de algunos bienes.

Así, en el escrito presentado en la Justicia, detalló que hay 14 movilidades, entre camionetas y colectivos, que se encuentran sin funcionamiento por falta de piezas. Entre las unidades hay una camioneta Chevrolet S10, una Ford F100 “sin ruedas y sin partes del motor”, una movilidad Iveco Daly “sin funcionamiento, ya que le faltan accesorios al motor por haber sido retirados o un colectivo Mercedes Benz “en estado avanzado de deterioro”, entre otros. Además, un punto llamativo de la denuncia es que “según quien era el mecánico del municipio, en Barreal existe otro colectivo de la misma marca sin motor, ya que este fue “prestado” a Daniel Castillo” y, al parecer, “eso fue corroborado por Castañeda públicamente una entrevista periodística” en una radio de Calingasta; audio que fue presentado como prueba. También existen inconvenientes en la planta recicladora de la comuna, la que consta de dos partes, pero una de ellas, la cinta de rechazo de residuos, está “sin funcionar”.

Por otro lado y según los escritos que constan en Fiscalía, también se habrían prestado equipos y herramientas, como “dos máquinas hormigoneras” que “no se encuentran en el obrador de Calingasta” y se desconoce su paradero. En ese mismo lugar, hay una máquina mini cargadora Bull, “sin funcionamiento en su sistema hidráulico” y “la ausencia de herramientas varias como dos motosierras y una amoladora”. Mientras que en el obrador de Barreal hay dos “motoniveladoras sin funcionar”, un camión regador que tampoco funciona, un colectivo que solo cuenta con la carrocería, ya que, “al parecer el motor se encontraría en préstamo a Castillo”; un Falcon y una Ford F100 sin motor y una moto son cilindro. Además, en talleres ubicados en la Ciudad, hay camionetas que “llevan dos años sin funcionar” y tienen “el motor desarmado sin piezas”. Sobre este último punto, Carbajal indicó que existe un reclamo de los mecánicos por el denominado “uso de playa”, esto es, el tiempo que ha pasado el vehículo estacionado en el mecánico porque el municipio no acordó el arreglo del mismo.

Además, el intendente presentó facturas por compras de herramientas realizadas una ferretería de Calingasta, adquiridas desde 2016 a 2023. Según denunció, dichas “herramientas no se encontraron en ninguna delegación”. El listado incluye a 12 equipos, entre los que se encuentran motosierras, motobombas, hidrolavadoras y motoguadañas.

Para Carbajal, el exintendente y sus funcionarios son responsables por los daños detectados, las herramientas que son se encuentran y las movilidades sin funcionar, ya que, como autoridades municipales, “los denunciados tenían el poder de custodia y administración de los bienes”. Así, “lo expuesto importan actos de desapego a las normas del buen administrador y, por ende, el de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado”.

Según indicaron desde la UFI Delitos Especiales, en los próximos días, un equipo de fiscalía se trasladará hasta Calingasta para avanzar en la investigación y corroborar la denuncia presentada por el intendente. Además, Carbajal, solicitó ser considerado querellante en el expediente, punto que fiscalía aceptó.