A más de un mes de la ley, la provincia no puede recuperar unos $720 millones de obras sociales

A principio del mes pasado, la Cámara de Diputados sancionó una ley que permite que la provincia recupere los costos de los servicios de atención que brinda en los hospitales públicos y que deben estar a cargo de las obras sociales. Si bien la norma existe desde hace más de un mes, el Ejecutivo todavía no puede cobrar la deuda que se ha generado desde marzo y que, hasta la fecha, representa unos 720 millones de pesos, según cálculos oficiales. ¿El motivo de la demora? Hasta el momento la provincia no ha reglamentado la norma por la cual se crea el Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y sin ello no puede aplicar el cobro. Consultado, el ministro de Salud, Amilcar Dobladez, indicó que esperan tener dicha reglamentación el mes que viene y, a más tardar, antes de fin de año lograr el recupero. Si eso ocurre, el rojo de las obras sociales alcanzará casi los 1.000 millones de pesos

Que la provincia no pueda realizar el cobro de servicios a las obras sociales se debe a que, en febrero pasado, el gobierno nacional dio de baja un sistema que concentraba el recupero de costos. Sin ello, dejó en manos de cada distrito el mecanismo a utilizar para cobrar las prestaciones que se realizan en los distintos centros de salud, de aquellos pacientes que cuentan con una cobertura médica privada. San Juan avanzó en un sistema propio, pero tardó casi cinco meses para enviar un proyecto para que sea tratado y aprobado por la Cámara de Diputados. Incluso, al enviar la iniciativa, autoridades del Ministerio de Salud se hicieron presentes en la Legislatura y expusieron la necesidad y la urgencia de la sanción, ya que, se calculó que la provincia dejaba de percibir unos 120 millones de pesos por mes de las obras sociales.

Finalmente, la ley del Ejecutivo fue sancionada el 2 de julio y se estimaba que a corto plazo la provincia podía retomar el recupero de costos, ya que se trata de fondos considerables que son parte del sistema de salud. A más de un mes y medio del OK legislativo, el sistema no está operativo, ya que falta el marco de regulación. Así lo indicó el titular de la cartera sanitaria al expresar que “todavía no tenemos la reglamentación y los convenios que vamos a firmar a futuro con cada una de las obras sociales y los nomencladores”. Además, dijo que “no es fácil la reglamentación de una ley de la cual no había un parámetro de donde basarnos. Calculo que el mes que viene lo vamos a tener listo para comenzar a convocar a las obras sociales, las ART y las compañías de seguros que son los financiadores que nosotros necesitamos ingresar al recupero de costos”.

Si bien hasta el momento Salud no puede aplicar el cobro a las entidades privadas, si se confeccionan las facturas por los servicios prestados. Es que, el Ejecutivo cuenta con un As en la manga, ya que la norma aprobada por Diputados establece que se crea Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud y para ser parte de ese registro, las entidades “deben estar al día en el pago de cualquier prestación de salud adeudada al Ministerio de Salud o a los hospitales descentralizados de gestión pública, con anterioridad a su registración”. Así, el Gobierno se asegura que, una vez listo el sistema de recupero de costos, podrá cobrar la deuda generada desde marzo hasta la aplicación del mecanismo.

Así, el ministro Dobladez dijo que “espero que antes de fin de año esperamos recuperar todo” y aclaró que “no nos podemos apurar porque lo que buscamos es un sistema que funcione por los próximos 30 años. No queremos firmar convenios que después no tengan la claridad del cumplimiento”.

El monto por el recupero de costos es clave no solo para el sistema sanitario a cargo del Ministerio de Salud, sino que también para cada uno de los centros sanitarios toda la provincia. Es que, según la ley sancionada, “los importes recaudados ingresan a una Cuenta Especial, creada para tal fin por el Ministerio de Salud. La distribución del monto recaudado es de la siguiente forma: el 75 por ciento para el Centro Sanitario, generador de la prestación y el 25 por ciento para el Ministerio de Salud”.