Tras la baja a El Tambolar, empresas tienen 45 días para entregar la obra y darán maquinarias por 4 meses “para readecuar el sitio”

Tras un tenso debate en Diputados, la gestión orreguista logró el OK necesario para rescindir el contrato por la obra del dique El Tambolar. Con ese paso clave, las compañías Panedile, Petersen Thiele y Cruz, Sacde y la firma china Sinohydro, se comprometieron a cumplir con una serie de pautas que quedaron plasmadas en el contrato firmado con la provincia a través de Energía Provincial Sociedad Del Estado (EPSE). Según el documento oficial, ahora, la Unión Transitoria (UT), tiene un plazo de 45 días para entregar la obra, mientras que, durante cuatro meses “deberá suministrar trabajos (maquinaria y personal) destinados a la adecuación del sitio de obra”, con un apartado central, “sin ningún costo” para el Estado. Por otro lado, en el acuerdo de rescisión de la obra quedó claro que las empresas le deben a EPSE casi 2.300.000 dólares, más IVA, por un préstamo que recibieron en diciembre pasado, mientras que las compañías recibirán poco más de 20 mil millones de pesos a modo de “compensación”, montos finales que serán pagados a ambas partes con los recursos que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) le debe a la provincia, por lo que, en definitiva San Juan no deberá hacer ningún desembolso.

La discusión en Diputados derivó en un nuevo round entre el oficialismo, representado por el orreguismo y aliados, y la oposición, liderada por el uñaquismo más el giojismo, tal como sucedió en la sesión anterior con la sanción del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). En esta oportunidad, la oposición reclamó que el acuerdo para dar de baja el contrato por la obra del dique El Tambolar, fuera enviado a Diputados a primera hora del día, con tratamiento sobre tablas, lo que, según indicaron los legisladores, no permitió un análisis profundo y detallado. Así, solicitaron que el documento sea girado a comisión, lo que no prosperó, ya que el oficialismo logró los votos suficientes para que el tema se debata ayer en el recinto. Luego, con 19 votos a favor, 11 en contra y tres abstenciones, obtuvo la mayoría necesaria para que el mensaje del Ejecutivo sea aprobado.

Un punto clave que ocurrió ayer, desde el punto de vista político, es que el uñaquismo reconoció que el envío de proyectos para ser tratados sobre tablas, fue una práctica común en la gestión anterior, pero que no tuvo buenos resultados. Incluso, el diputado y secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, manifestó “los caprichos son jodidos, son peligrosos y nosotros tuvimos caprichos acá (por la Cámara de Diputados) y nos fue mal por sacar cosas en dos minutos. Lo podríamos haber leído con tiempo y por ahí nos convencíamos”.

Consultado sobre ese punto, el vicegobernador, Fabián Martín, defendió el acuerdo al indicar que “son decisiones políticas”, mientras que explicó que “existía una posibilidad grande de que esto se judicializara, lo que hubiese generado una paralización por muchos años de la obra”, por lo que “de esta manera se destraba un conflicto y se abre una posibilidad de que la provincia pueda reactivar la obra”.

Según el acuerdo firmado, ahora, las empresas “procederán dentro de los siguientes 45 días corridos a la recepción definitiva de la obra en el estado en que se encuentre y a la confección del “Inventario del Estado de Avance”, esto es, “máquinas, insumos, materiales y constatación del avance real”. Cabe aclarar que, si bien las tareas se iniciaron en 2020, sólo se concretó un 41,39 por ciento del total. Mientras se cumple el plazo de entrega “la UT continuará las tareas de conservación, vigilancia y mantenimiento de la obra”.

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido con el informe de impacto ambiental, se deberá realizar una “adecuación del sitio de obra”, para lo cual las empresas pondrán a disposición del EPSE, y por cuatro meses, en turnos diurnos de 8 horas, de lunes a sábado, “equipos” entre los que se encuentran una topadora, un cargador frontal con balde, una retroexcavadora y seis camiones volcadores. Además, los mismos deben incluir “operadores, combustible y mantenimiento”.

Este medio había publicado en su momento que la relación entre las empresas y EPSE no era buena, al punto que existieron cruces a través de cartas documentos entre las cuales, las partes se reclamaban puntos sensibles. Entre ellos se encontraba un desembolso que la gestión orreguista hizo a fines del año pasado para la compra de una maquinaria. Dicha situación quedó plasmada en el acuerdo de rescisión por un monto de 2.300.000 dólares, que la UT deberá reintegrar a la provincia. Por su parte, las empresas reclamaron unos 200 millones de dólares en concepto contingencias, gastos improductivos y casos fortuitos, entre otros puntos. Si bien ese canon quedó plasmado en documentos, en el acuerdo sólo se estableció que las firmas cobrarán poco más de 20 mil millones de pesos, unos 20.500.000 dólares al cambio oficial de ayer.

Sobre las dificultades que atravesó la obra, en el mensaje que Orrego envió, se aclaró que, para retomar las tareas, “se requiere una suma superior a los 300 millones de dólares”, mientas que los problemas surgieron por “la crisis actual, derivada del acelerado agravamiento de la situación económica del país registrado a partir del mes de agosto de 2023”.
Ayer el oficialismo contó con 11 diputados propios, mientras que el bloquismo aportó sus tres bancas. Además, La Libertad Avanza, el Frente Renovador y el bloque del Este, dieron su respaldo, sumado a que el legislador del bloque San Juan Te Quiero, Gabriel Sánchez, y el diputado de Calingasta, Jorge Castañeda, ambos el PJ, votaron a favor. Así, hubo 19 votos afirmativos. Quienes se abstuvieron de votar fueron los giojistas Mario Herrero y Graciela Seva junto a Horacio Quiroga del Frente Grande.