Responsable de la empresa Cauce SA
Busca zafar de un juicio al pagar $9 millones de una evasión, pero AFIP se opone por falta de actualización
Elio Federico Giuliani, responsable de la empresa Cauce SA, estaba a punto de empezar a ser enjuiciado por una evasión de poco más de 9 millones de pesos cometida en 2016 y 2017, pero su defensa presentó un escrito que llevó a la postergación de la audiencia. Según fuentes judiciales, el empresario ofreció pagar esa suma para evitar el juicio y una eventual condena, pero la parte querellante, AFIP, se opuso porque el monto no está actualizado, teniendo en cuenta que en estos siete años la inflación ha ido escalando a cerca de las cifras récord de la híper.
Incluso, trascendió que los abogados del organismo recaudador le sugirieron que, en todo caso, se adhiera a la moratoria impositiva que impulso el gobierno del presidente Javier Milei y que aprobó el Congreso. De acuerdo a la norma, la adhesión al régimen de regularización implica la “extinción de la acción penal”, es decir, puede evitar el juicio y un hipotético castigo, siempre y cuando pague. Eso sí, según las fuentes, el empresario tendría que desembolsar unos 25 millones de pesos, con moratoria incluida.
Tras el planteo de la defensa, el que también tiene que dar su postura, la cual es clave, es el fiscal Fernando Alcaraz, quien, con el nuevo sistema acusatorio, es el que está a cargo de los juicios que vienen del viejo mecanismo penal de la Justicia Federal. Luego de su dictamen, el que resolverá la causa es el juez Daniel Doffo, del Tribunal Oral Federal.
De acuerdo a la acusación, llevada adelante en ese entonces por el fiscal General Francisco Maldonado, hoy a cargo de la Unidad Fiscal San Juan del sistema acusatorio, en la mira quedó Giuliani, responsable de la empresa Cauce SA, dedicada a tareas construcción. El Ministerio Público le endilgó el “haber ocultado maliciosamente la realidad económica” de la compañía al desplegar una serie de maniobras “ardidosas”, es decir, en base a engaños. El objetivo fue ocultar los ingresos “mediante la presentación de declaraciones juradas falsas, con el fin de no solo evadir el pago del tributo, sino también, que el fisco creyera que la empresa estaba cumpliendo con sus deberes fiscales”.
En esa mecánica, habría utilizado facturas truchas, “el cómputo improcedente de las contribuciones sociales como crédito fiscal, el cómputo de crédito fiscal sin contar con documental de respaldo y el cómputo de crédito fiscal por operaciones no relacionadas con la actividad gravada, todo ello, durante el período fiscal 2016”. En 2017, se registraron como prácticas irregulares el “cómputo improcedente de las contribuciones sociales como crédito fiscal” y el cálculo de crédito fiscal sin contar con documentación de respaldo.
Las maniobras se dieron sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). De esa manera, Fiscalía entendió que, en 2016, se dio una evasión agravada por el uso de facturas apócrifas por un total de 4.244.688 pesos, mientras que en 2017 se gestó una evasión simple por 4.932.058. Así, el total fue de 9.176.746 pesos.
Según la acusación, la intención era impedir que “el fisco conociera el verdadero quantum de los gravámenes que la firma Cauce debía erogar, logrando, así, dejar de ingresar los tributos en su justa medida”.
En cuanto a la maniobra con las facturas truchas, hubo un proveedor de dichos documentos, el cual, según la investigación, está identificado, pero aún no ha sido indagado, por lo que el juicio avanzó con la acusación contra Giuliani.
El debate se había establecido para el pasado jueves 5, pero se dio el planteo de la defensa del empresario, por lo que el juez Doffo le informó a la querella y a Fiscalía de la presentación para que den sus puntos de vista. A todo eso, postergó la audiencia.
En esencia, la defensa de Giuliani sostuvo que está dispuesto a pagar los poco más de 9 millones de pesos de la evasión de la que lo acusan, en el marco de un proceso de reparación integral del daño.
Sin embargo, la AFIP, a través del abogado Patricio Escudier, rechazó el planteo. Según las fuentes, la legislación establece que la reparación integral del daño no corre para delitos tributarios, salvo a los 60 días posteriores a la indagatoria del imputado, instancia en la que se puede cancelar capital e intereses. Sin embargo, ese paso en la causa está absolutamente vencido.
No obstante, ante la posibilidad de que se le pueda abrir la chance al pago de la extinción penal, desde el fisco se opusieron al monto esgrimido como devolución, ya que se trataría solo de capital y nada de intereses desde 2016 a la fecha. Por eso, deslizaron que un camino es la adhesión a la moratoria.
Dicho régimen se encuentra en el llamado paquete fiscal que se aprobó con la Ley Bases que gestó el gobierno nacional. La moratoria regulariza deudas vencidas al 31 de marzo de este año, las que se encuentren en sede administrativa o judicial. En esta última instancia, el acceso al régimen extingue la acción penal.
El mecanismo está vigente desde el 17 de julio y vencerá el 13 de diciembre de este año, es decir, 150 días, tal cual establece la norma. Mientras más rápida sea la adhesión, mayor será el porcentaje del descuento en intereses. Por ejemplo, hasta el 15 de agosto, la reducción de los intereses era del 70 por ciento, mientras que será del 60 por ciento hasta el 14 de de este mes. Así, el descuento será del 50 por ciento hasta el 14 de octubre, del 40 por ciento hasta el 14 de noviembre y del 20 por ciento hasta el 13 de diciembre.
Además, la moratoria contempla la cancelación de contado y el plan de pago en cuotas: hasta 60 para personas humanas, hasta 84 para micro y pequeñas empresas, hasta 48 para medianas empresas y hasta 36 para el resto de los contribuyentes.
De acuerdo a las fuentes, si Giuliani accede a la moratoria tendrá beneficios en descuentos en intereses, pero tendrá que pagar unos 25 millones de pesos, mucho más de los 9 millones que estaría ofreciendo. Ahora, se vendrá la postura del fiscal Alcaraz para, luego, tener la definición del juez Doffo.