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Antes de armar tres ternas, en el Consejo esperarán las designaciones de 21 magistrados en la Legislatura
Los miembros del Consejo de la Magistratura, organismo que preside el cortista Juan José Victoria, decidieron aguardar a que la Cámara de Diputados designe a 21 funcionarios judiciales para recién armar las ternas de otros tres puestos: el de fiscal de Estado y los jueces de Paz de Albardón e Iglesia. ¿Por qué? Sucede que hay postulantes ternados en algunos de los 21 cargos y que, además, se anotaron a otros de los tres en juego. Entonces, podría darse una superposición: un candidato puede ser incluido en una nueva terna por el Consejo y, luego, ser nombrado como magistrado por la Legislatura, lo que produciría una baja automática del listado de tres concursantes y la necesidad de tener que completarla, lo que seguiría estirando los plazos. De ahí la definición de esperar las designaciones, indicaron fuentes calificadas.
La etapa de los nombramientos de los 21 magistrados ya parece una novela, ya que las ternas de postulantes (63 en total) fueron enviadas a fines de mayo por el Consejo de la Magistratura hacia la Cámara de Diputados. En el medio, estuvieron las vacaciones de invierno y el largo proceso de entrevistas en la Comisión de Justicia y Seguridad, el paso previo al tratamiento en el recinto, en el que las bancadas proponen a sus candidatos.
De hecho, los diputados de dicha comisión, que preside Marcela Quiroga, tomaron hoy entrevistas a los concursantes de tres ternas y, de acuerdo a las fuentes, esperan terminar el viernes con las que quedan. De esa manera, sólo quedará la sesión para llevar adelante las designaciones, la que se prevé para el 3 de octubre.
Ahora, el motivo de la demora, tanto oficial como extraoficial, ha girado sobre distintos ejes: el tratamiento de temas sensibles para el oficialismo, como la adhesión al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que obligó a debates previos e, incluso, la exposición de puntos de vista de sectores empresariales, comerciales, productivos y hasta de espacios sociales. También estuvo el tema de la rescisión del contrato de la obra del dique El Tambolar, entre otros.
Pero, ¿la agenda está tan cargada de proyectos que retrase la tarea de la toma de entrevistas? Entonces, ahí entran a tallar las explicaciones “a grabador apagado”. Los nombramientos de magistrados pasan por un tamiz político, porque el sistema así lo establece, además de que se espera que a las instancias finales lleguen los mejores preparados.
Entonces, hay fuentes que señalan que se ha estado aguardando, justamente, que pasen temas sensibles o que han generado fuertes disputas entre el oficialismo orreguista y la oposición peronista para tratar los nombramientos. Sucede que, en una Cámara con una distribución de fuerzas nunca visto, en la que el Gobierno es minoría, debe haber acuerdos políticos.
En los 21 cargos judiciales, hay uno para integrar el Tribunal de Impugnación Penal, uno en la Asesoría Oficial, cuatro para cuatro Juzgados de Paz, 12 para Fiscalía de primera instancia y tres para la Defensoría Oficial. Entre los ternados, hay nombres que provienen o tienen nexos con la política, además de la trayectoria profesional que tiene cada uno de ellos. Así, están Carlos Lorenzo, ex asesor Letrado de la gestión uñaquista, que va por el Juzgado de Paz de Capital; Nicolás Alvo, exsecretario Legislativo de la Cámara, que compite por ser uno de los fiscales, y Oscar Ghilardi, exdirector del Penal de Chimbas en el gobierno giojista, que también busca un lugar en Fiscalía.
También está María Gabriela Conte Grand, quien pelea por el mismo puesto que Lorenzo y es la esposa del presidente del Foro de Abogados, Franco Montes. En la lista figura Andrés Troche, actual asesor Legal del Ministerio de Educación.
Además, aparece Sandra Leveque, reconocida abogada penalista, que además es asesora legal en el municipio de Chimbas y estuvo colaborando en la presentación de listas de la Junta del PJ de dicho departamento. Por otro lado, se encuentra Florencia Pons, ligada al radicalismo, hija del fallecido dirigente Juan Pons. La lista contiene a Yanina Olmos, abogada del municipio ullunero, quien compartió estudio jurídico con el hoy diputado Leopoldo Soler, quien se había anotado para el concurso, pero, al final, no resultó ternado.
Por otro lado, el Consejo de la Magistratura tiene que armar las ternas del puesto de fiscal de Estado y de los Juzgados de Paz de Albardón e Iglesia. Entonces, acá es dónde se ven los posibles inconvenientes. Además de Conte Grand, que está ternada para el Juzgado de Paz de Capital, también se encuentra anotado para el mismo tribunal Javier Aguiar Pacheco, Paola Cassab aparece en la terna del Juzgado de Calingasta, María Romina Sala Sarmiento en la de Valle Fértil; y Patricio Yanzi, María Alejandra Conca y Duilio Iván Liberman en la de Ullum.
El hecho de que estén ternados implica que tienen el 33 por ciento de las chances de ser nombrados. No obstante, los siete se inscribieron para el Juzgado de Paz de Albardón, además de que Sala Sarmiento se anotó para el de Iglesia.
Entonces, si uno o varios de ellos, primero, son incluidos en esas nuevas ternas y, luego, son designados como magistrados dentro de los puestos de Juzgado de Paz que están en los 21 cargos judiciales, el Consejo tiene que excluirlos del listado y volver a elegir postulantes. Es que la Constitución señala que los diputados deben elegir entre tres candidatos. Por eso, en el organismo de selección de magistrados tomaron la decisión de esperar los nombramientos.
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¿La decisión es correcta? ¿O el Consejo debería armar las nuevas ternas independientemente de lo que pase en la Legislatura y, de ser necesario, completarla la que deje algún puesto libre? Lo cierto es que, según trascendió, hubo acuerdo entre todos sus miembros. Además del cortista Victoria, está la representante del Ejecutivo, la ministra de Gobierno, Laura Palma; la del Legislativo, la diputada Fernanda Paredes, y los de los abogados: Raúl Acosta y Valeria Torres.
En las últimas tres ternas, el cargo clave para la gestión orreguista es el de fiscal de Estado, en el que se anotaron 19 interesados y se encuentra el actual número dos del organismo, Sebastián Dávila, que ingresó en el actual gobierno. En su momento, circuló la idea de que todos los puestos (21 más los tres últimos) se definieran de manera conjunta, pero, al final, serán de manera independiente.