Sistema acusatorio penal
Como se preveía, Quattropani reforzó las Unidades con más causas con los nuevos fiscales y retocó otras dos áreas
Los nuevos 12 fiscales designados la semana pasada prestaron juramento ante la Corte de Justicia y desde el jueves ya se encuentran cumpliendo tareas. Previo a ello, el jefe del Ministerio Público, Eduardo Quattropani, les había asignado el lugar en el que trabajarán. Como se preveía, el refuerzo apuntó a las Unidades de Investigación con mayor cantidad de causas. Así, tres fiscales irán a Delitos contra la Propiedad, dos a Delitos Especiales, dos a Cavig, dos a Delitos Informáticos y Estafas, uno a Delitos Genéricos y otro a Flagrancia. No fue lo único, ya que movió fichas en la Fiscalía de Ejecución Penal N°2 y en las dos de Niñez y Adolescencia.
Los nombramientos de los 12 fiscales apuntaron a un refuerzo del sistema acusatorio, en el que la investigación de los hechos delictivos está en manos, justamente, de los representantes del Ministerio Público. El mecanismo había empezado a funcionar de forma parcial en 2021 y este año comenzó a desplegarse en su totalidad.
El concurso se lanzó en marzo, el cual incluyó a tres puestos de defensores oficiales. Además, se unificó con otro concurso que se había disparado en diciembre, entre los que se encontraban cargos de jueces y una Asesoría Oficial. En total, fueron 21 cargos, los que se designaron la semana pasada en la Legislatura.
Con el sistema acusatorio funcionando a full, Quattropani venía señalando que las Unidades Fiscales de Investigación (UFI) corrían el riesgo de colapsar, debido a la acumulación de expedientes y la falta de inyección de personal. Ahora, ya salieron los fiscales y la Corte de Justicia envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para la creación de 80 cargos para ocupar con abogados y administrativos del concurso de ingreso al Poder Judicial de 2022, un procedimiento cuyas designaciones están en manos del máximo tribunal. Además, también disparará ascensos, con el fin de liberar puestos iniciales para sumar personal.
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Por lo pronto, el fiscal General les asignó la competencia a los fiscales que ya asumieron. A la UFI Delitos contra la Propiedad se sumaron Leonardo Arancibia, Paula Aarredondo (ambos venían de ser ayudantes fiscales) y Leonardo Villalba (reconocido litigante particular). En dicha unidad, del 26 de febrero al 15 de agosto, se tramitaron 10.318 legajos, según las estadísticas oficiales.
En la UFI Cavig entraron Atilio Yanardi (ex ayudante fiscal) y Florencia Pons (litigante que proviene de una familia radical). La Unidad Fiscal tramitó 2.303 expedientes desde que el acusatorio funciona en su plenitud.
A la UFI Delitos Informáticos y Estafas se incorporaron Guillermo Heredia (litigante y exfuncionario del municipio de Rawson en la gestión de Rubén García) y Nicolás Alvo (exsecretario Legislativo del gobierno uñaquista). De acuerdo a las estadísticas, dicha área tuvo intervención en 984 legajos en el plazo mencionado.
En la UFI Delitos Especiales hubo un doble movimiento. Por una parte, un traslado, dado que se sumó Adolfo Díaz, quien se venía desempeñando al frente de la Fiscalía Penal de Niñez y Adolescencia N°1. Por otro lado, ingresó Sebastián Gómez. Delitos Especiales intervino en 1.272 expedientes.
A su vez, Paula Carena (ex secretaria del Juzgado Federal N°2 y que cumplía funciones en el Poder Judicial local) se desempeñará en la Unidad Flagrancia (que tramitó 1.025 casos), mientras que Francisco Nicolía (ex ayudante fiscal) trabajará en la UFI Genérica (que intervino en 1.965 expedientes).
Después, está el lote en el que hubo movimiento de piezas. Como Díaz fue a Delitos Especiales, su lugar en la Fiscalía Penal de Niñez y Adolescencia N°2 será ocupado por Fernando Bonomo (reconocido litigante particular, hermano de Claudio Bonomo, quien fue candidato a intendente de Rawson por el bloquismo).
Por otro lado, debido a la jubilación de Gladys Capdevilla, que conducía la Fiscalía Penal de Niñez y Adolescencia N°1 (quien fue sancionada por el fiscal General debido a que no cumplía sus tareas), su lugar será ocupado por Liliana Marinero, la que estaba a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal N°2. A su vez, en este último puesto entrará Oscar Ghilardi, exdirector del Penal de Chimbas ligado al giojismo, ex ayudante fiscal, que también tuvo su paso por la Defensa Oficial.