Acuerdo de fideicomiso minero

En el Gobierno calificaron los u$s250 millones de Vicuña como “una señal muy importante” de que arrancará la mina de cobre

Lo resaltó el ministro de Producción, Gustavo Fernández. El orreguismo, además, espera contar con hasta 600 millones de dólares de la emisión del bono internacional, cuyos fondos también irán para obra pública.
Orrego selló el acuerdo con Ron Hochstein, director Ejecutivo de Vicuña Corp. También participaron el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, y el country director de la empresa, José Morea.
Orrego selló el acuerdo con Ron Hochstein, director Ejecutivo de Vicuña Corp. También participaron el ministro de Minería de la provincia, Juan Pablo Perea, y el country director de la empresa, José Morea.
jueves 06 de agosto de 2026

El gobernador Marcelo Orrego definió como “histórico” el día en el que firmó que la minera Vicuña Argentina aportará 250 millones de dólares para la realización de obras públicas, una suma que el Estado embolsará en diciembre cuando la mina de cobre aún no está en producción y que no tendrá que devolver ni compensar a futuro. En ese marco, el ministro de Producción, Gustavo Fernández, remarcó que es “una señal muy importante” de que la empresa tiene decidido iniciar el proyecto. Además, agregó que, “arranque o no la mina”, la compañía igual pondrá el dinero, que equivale a 380 mil millones de pesos, según la cotización oficial de ayer.

Inclusive, Fernández resaltó que “esto también es una señal para activar otro tipo de decisiones asociadas o vinculadas a la minería. Pensar en proyectos inmobiliarios a nivel de servicio de oficinas corporativas, servicios inmobiliarios para galpones, decisiones de instalaciones, ampliación de galpones. En definitiva, un montón de definiciones que están a la espera de saber si esto va a arrancar o no. Así, graficó que “no creo que nadie destine 250 millones de dólares para no hacer nada después".

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Se trata de un acuerdo encarado por Orrego con Vicuña de alto impacto político, empresarial y económico, que repercutirá en infraestructura, la generación de puestos de trabajo y el movimiento de bienes y servicios, en una economía golpeada por el ajuste nacional.

No son los únicos fondos con los que contará el Ejecutivo, ya que ha avanzado con la presentación del bono San Juan en los mercados internacionales para alzarse con hasta 600 millones de dólares para destinarlos, también, a la obra pública. La colocación de dicho instrumento se prevé para septiembre, por lo que, de concretarse y conseguir ese monto, la gestión orreguista estará en condiciones de conseguir 850 millones de dólares hasta diciembre.

 

Nuevo fideicomiso

Con respecto al aporte de Vicuña, se hará a través de un fideicomiso minero, acordado entre las partes, que consta de dos etapas. La primera, el anticipo de 250 millones de dólares. La segunda, el pago del 1,5 por ciento sobre el valor bruto de facturación del proyecto durante la fase de producción y a lo largo de la vida útil de la mina.

Es una reedición de los fideicomisos que se implementaron durante el gobierno de José Luis Gioja con los proyectos Veladero, Gualcamayo y Casposo, con una diferencia clave. En ninguno de esos casos, las operadoras desembolsaron un anticipo. Incluso, la mina iglesiana Veladero comenzó a funcionar en 2005, pero empezó a pagar los fondos del fideicomiso (también del 1,5 por ciento) en 2011, explicó el ministro de Producción.

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Un aspecto que se informó desde el Gobierno es que el acuerdo del fideicomiso con Vicuña dio por “finalizada la controversia administrativa que la empresa mantenía desde 2022 respecto de la Declaración de Impacto Ambiental”. Fernández explicó que, en el tramo final de la administración de Sergio Uñac, se estableció “de manera unilateral” el fideicomiso del 1,5 por ciento, a través de una resolución del Ministerio de Minería.

El titular de la cartera productiva señaló que la minera cuestionó administrativamente esa decisión por su carácter de imposición y sin llegar a un consenso, a diferencia de lo que sucedió ahora. Es que, la empresa no cuestionó el porcentaje, indicó el funcionario orreguista.

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La otra señal que se desprende de la movida es que si un gigante como Vicuña, compuesto por la australiana BHP y la canadiense Lundin Mining, aceptaron el pago de un fideicomiso, es el camino que tratará de acordarse con el resto de las compañías. Se verá si también se llega a un arreglo de aporte anticipado no reembolsable en otros casos.

Era un debate que venía circulando, casi subterráneamente, sobre si los proyectos de cobre debían aportar a fideicomisos establecidos por acuerdo, como sucede con el oro de Veladero. El convenio con Vicuña es un gesto político claro.

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Con respecto al plan de obras, en el Ejecutivo vienen señalando que el Ministerio de Infraestructura ya tiene avanzados los proyectos de obras viales, hídricas, de viviendas, energéticas y de saneamiento. Según se había informado, el plan se había elaborado para los recursos de la colocación del bono internacional, aunque, en realidad, también está pensado para el anticipo millonario de Vicuña. Sucede que hace un año y medio que la gestión orreguista viene en tratativas con la minera para dicha definición.

Una vez que estén terminados los proyectos de obras, se presentarán al fideicomiso y se llamará a licitación, desencadenándose todo el proceso que ello implica: la competencia de empresas, que plantearán sus propuestas técnicas y económicas, las que serán evaluadas para definir cuál es la más conveniente desde lo técnico y económico, la adjudicación y la firma de contrato. Un mecanismo que lleva su tiempo, aunque los fondos estarán disponibles en el fideicomiso desde diciembre.

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Antes de todo esto, el acuerdo será girado a la Cámara de Diputados para su aval. Fernández no dudó en señalar que “será aprobado por una unanimidad”, incluyendo, obviamente, al peronismo con sus vertientes uñaquista y giojista. “No estamos acordando nada que ellos no hayan acordado antes. Estamos mejorando y anticipando los acuerdos que otra vez se han hecho”, resaltó.

 

Regalías

Otro punto clave que se informó es que el acuerdo con Vicuña “ratifica el régimen de regalías mineras vigente, con el cobro del 3 por ciento sobre el valor bruto de facturación desde el inicio formal de la explotación”. El ministro Fernández indicó que le ley local de Regalías Mineras establece que el porcentaje se calcula sobre el valor conocido como Boca de Mina. El artículo 8 de la ley 716 M determina que “el importe de Regalías Mineras será del 3 por ciento sobre el valor de Boca Mina del mineral extraído, transportado o acumulado y previo a cualquier proceso de transformación”.

Incluso, el artículo 7 de la norma remarca que “la Regalía Minera se determinará sobre el volumen físico de sustancias minerales extraídas de cada yacimiento en boca mina, con independencia a su posterior beneficio”.

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En líneas generales, el valor Boca de Mina es aquel que tiene el mineral cuando se extrae de la planta de procesamiento. Para calcularlo, por lo general se toma el precio final del mineral, al que se le descuenta los costos de transporte, de refinación y comercialización.

En el acuerdo del Gobierno con Vicuña, el 3 por ciento de regalías se calculará sobre el monto de la factura de venta al comprador final, para graficarlo de manera sencilla. Por ende, se trata de una suma mayor para las arcas públicas.

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El titular de la cartera de Producción señaló que, en la administración giojista, también se calculaba sobre la facturación, con una salvedad: había un piso para el precio del metal. Si, por ejemplo, el precio de mercado caía por debajo de ese límite, se dejaba de computar sobre la facturación para volver al esquema de Boca de Mina.

En cambio, en el acuerdo para el proyecto de cobre, no existen pisos ni valores mínimos, por lo que el cobro de las regalías siempre será del 3 por ciento de la facturación, destacó Fernández.

Como había adelantado, Vicuña financiará la culminación del Corredor Norte de acceso a la mina (para dejar de usar el camino por La Rioja), cuya ruta quedará para la provincia, y la línea eléctrica que abastecerá al proyecto. Así, utilizará la llamada línea de 500 kV, de la cual tuvo el OK del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE).