Inicio de los alegatos
La querella acusará a exdirectivos de una Mutual por la desaparición de Tellechea y a ex jefes policiales por desviar la causa
Si bien evitó ahondar en detalles por respeto al Tribunal, dado que hoy comenzará con sus alegatos, el abogado querellante, Conrado Suárez Jofré, tiró detalles de su acusación. Así, le apuntará a exdirectivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) por la desaparición del ingeniero Raúl Tellechea y a exjefes policiales por generar “un blindaje a los denunciados” al “desviar la investigación”. Entre los imputados que fueron autoridades de la entidad se encuentran los exfuncionarios giojistas Luis Moyano y Eduardo Oro, además de Miguel Del Castillo y Luis Alonso. En cuanto a los que se desempeñaron en la fuerza de seguridad, en la mira está el ex jefe Miguel González y el extitular del área Seguridad Personal, Mario León.
No son los únicos, ya que Suárez Jofré lanzó pistas que también irá contra otro sospechoso: el expolicía Alberto “Lali” Flores, señalado por el fiscal Francisco Maldonado, en su requerimiento acusatorio, como “un apretador” que habría brindado sus servicios para el secuestro de Tellechea, tras la presunta orden de los exdirectivos de la Mutual.
El querellante, que representa a la familia del ingeniero, reconoció el sábado en el programa “A todo o nada”, de Radio Sarmiento que “entendemos la complejidad del tema” y que “uno tiene delante una dificultad enorme de hacer que un tribunal comparta la lectura que realizaremos, con un andamiaje técnico jurídico que hacen que tenga esa autoridad”.
Sucede que han pasado poco más de 20 años de la desaparición del ingeniero, allá por el 28 de septiembre de 2004, en los que la causa ha tenido innumerables vaivenes. El caso comenzó a tratarse en la Justicia provincial como la búsqueda de paradero, la investigación policial se centró en la víctima y sus familiares luego de una denuncia de los exdirectivos contra Tellechea. Así, se ignoró la hipótesis de conflicto entre el ingeniero y las entonces autoridades de la Mutual.
Tras los pedidos de los querellantes, el expediente pasó a la Justicia Federal, en donde hubo un giro de 180 grados, cobró otro impulso y se llegó a la hipótesis de la desaparición forzada, con la investigación del juez Leopoldo Rago Gallo y el fiscal Maldonado. “En la denuncia, nos referimos a los cargos que tenían ellos y a la vinculación que tenían con el ingeniero José Luis Gioja, por entonces gobernador”, indicó Suárez Jofré. Moyano fue secretario de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Humano y Oro fue funcionario de la Secretaría de Turismo.
Por ese excesivo paso del tiempo y porque hubo prueba que no se produjo o que se hizo tarde en la etapa inicial, los acusadores privados y el fiscal Maldonado cuentan con indicios, pero que definen como “muchísimos, concordantes y coincidentes”.
Es un punto clave, debido a que, a la hora de dictar una sentencia condenatoria, el Tribunal Oral Criminal Federal (TOCF), presidido por la sanjuanina Eliana Rattá e integrado por las puntanas Carolina Perira y Gretel Diamante, debe llegar al grado de certeza sobre la responsabilidad de los imputados. No puede haber margen de duda. Si la hay, beneficia a los acusados.
Sobrevuela el comentario de que “no hay pruebas” para la condena. Consciente y al tanto de ello, Suárez Jofré destacó que “la prueba testimonial, documental y pericial va en orden al entretejido de los indicios concordantes y coincidentes. Hay una formidable estructura de elementos convergentes que deberían ser, ese es nuestro cometido, valorados en forma global, integral, sistémica.
Suárez Jofré arrancará con los alegatos a las 9.30 y apunta a tener cuatro jornadas en total. Luego será el turno del fiscal Maldonado y, después, de los defensores de los imputados.
El querellante analizó que, tras el debate, hay un “balance sumamente positivo”, aunque aclaró que lo es “en determinados imputados y, en algún otro, no. Porque está el margen de la duda, que suele ser clave”. Así, explicó que han llegado a “la certeza de que no ha habido una participación de alguna determinada persona”, pero, también, cuentan, “en gran medida, con la certeza para la acusación de otros”.
El resto de los imputados integran el grupo de los que están bajo la lupa por desviar la investigación, como el arrepentido Sebastián Cortéz Paez, la empleada de la Mutual, Aurora Ahumada; y el exsecretario del Consejo Superior de la UNSJ, Juan Marcelo Cachi.
Bajo ese contexto, Suárez Jofré resaltó que, “si hay algo en lo que fueron exitosos los exdirectivos de la mutual, fue en instalar una versión lineal, rígida, estructurada, redonda, pero eficaz: una persona descubierta en una supuesta actitud ilícita, a la que le dijeron que la iban a denuncia y huyó”.
Sin embargo, resaltó que “tenemos todas las conductas de los exdirectivos de la Mutual, en orden al tiempo precedente, donde invariablemente ocultaron, falsearon, tergiversaron, inventaron, fingieron, simularon y disimularon. Ese relato lineal y estructurado, con el tiempo empezó a mostrar fisuras”.
En un repaso de cómo se desencadenó la desaparición de Tellechea, el querellante indicó que pasó de “tener una relación muy buena y hasta amistosa con los exdirectivos de la Mutual” a tener “un problema económico en el marco de una forma muy arbitraria de ocupar una institución para cotizar y trabajar políticamente”. La acusación fiscal señala que el ingeniero conocía de las irregularidades que había en la entidad, que por entonces conducía Moyano, por lo que las exautoridades lo habían citado a un encuentro (el 27 de septiembre de 2004) para “presionarlo”, al que no asistió y, al día siguiente, no se supo más nada de él.
El abogado de la familia indicó que los exdirectivos “lo empezaron a apretar con que le decían que no tenía que cobrar por el trabajo que hacía, una cuestión sumamente vidriosa y que no era sobre un faltante de dinero”. Así, agregó que es convocado a una reunión “a la que no va y, al otro día, lo buscan y él se conduce sin dominio de su voluntad. Estaba conducido por ellos”.
De esa forma, manifestó que “entendemos que Raúl (Tellechea) se les muere. Tenemos elementos, gente que lo ve ese martes 28 (de septiembre), por la mañana, en un estado sumamente inestable. Era una persona con una salud sumamente frágil y vulnerable”.
Así, ahondó que está el testimonio de dos personas que “no solo lo ven, sino que dialogan. (Tellechea) estaba en la puerta del Banco San Juan, de la sucursal de Libertado y Mendoza, y lo ven sudoroso, en un estado de descompostura, muy nervioso. Y dicen que una persona, desde el interior, en una cola que no superaba a las seis personas, le decía en todo momento ‘ya va, ya va”.
Con respecto a esa persona que estaba en el interior del banco y que le hacía señas a Tellechea, el abogado señaló que ”hay una descripción compatible con la contextura y la fisonomía de (Lali) Flores”. Pese a contar con ese testimonio, los investigadores “no piden la filmación” de las cámaras del banco. Lo hacen, pero tiempo después, cuando la entidad financiera ya había borrado los registros, dado que lo hacen cada cierto tiempo.
Por ello, expresó que “consideramos que no fue una muerte planificada, por lo que no es una desaparición premeditada”. No obstante, remarcó que “hay un ocultamiento de la situación con el apoyo del Estado, porque ahí viene el actuar de la Policía de San Juan y, luego, la convergencia política sobre la investigación judicial”.
Por eso, se planteó la hipótesis de “qué pasó con la actitud de la Policía que se puso a investigar a la familia en el día uno, lo que le generó un blindaje a los denunciados. Lo mismo digo respecto de la Justicia provincial”.
Además, resaltó que “miembros de la fuerza policial, en forma dogmática, repetían que no había línea de investigación que no se hubiese trabajado”. Ahora, explicó que, ante la pregunta de si habían llamado a algún empleado de la mutual para recabar testimonios, se topaban con la negativa porque “no tenían nada que ver”.
Suárez Jofré habló de “conductas altamente sospechosas y muy extrañas” de miembros de la Justicia provincial, “fundamentalmente, del doctor (Eduardo) Gil, extitular del Segundo Juzgado Correccional, al que le cayó la causa en primera instancia y la tramitó como averiguación de paradero.
En su momento, el querellante también deslizó dudas del accionar del juez penal jubilado Leopoldo Zavalla Pringles, ex titular del Primero de Instrucción. Este tuvo el expediente luego de que los exdirectivos de la Mutual denunciaran a Tellechea por presunta estafa (de la que desvinculado) y fue el que calificó la causa como desaparición forzada, lo que llevó al pase a la Justicia Federal.
No obstante, el abogado de la familia evitó hacer acusaciones contra los exmagistrados, dado que “estamos focalizados en intentar que el Tribunal comparta la lectura sistémica, integral, global y vinculada de las pruebas. Lejos podríamos estar viendo ese otro tipo de cuestiones”, aunque aclaró que, “nunca fueron descartadas”.