Sacudón en el tablero político
En el oficialismo admiten que pierden políticamente con la denuncia a cortistas
No sólo es una situación “incómoda”, al punto de sentir que se encuentran “en un brete”, sino que en el oficialismo también admiten que salen perdiendo políticamente tras el proceso de pedido de juicio político a tres cortistas. Si el resultado es un rechazo a la denuncia, como todo parece indicar, en la gestión orreguista deducen que el autor de la movida, el empresario y dirigente libertario Sergio Vallejos, los incluirá en el concepto de “casta” junto al peronismo, que en la anterior gestión designó a los cinco ministros de la Corte de Justicia.
Se trata de una definición que ha sabido utilizar el presidente Javier Milei para criticar a sectores y partidos políticos tradicionales, con el kirchnerismo a la cabeza. Entonces, una equiparación en ese sentido es un golpe simbólico y discursivo para el orreguismo que se ha plantado y diferenciado del espacio que representa Cristina Fernández de Kirchner. Las identificaciones políticas suelen ser clave y el año que viene se darán las elecciones legislativas, las que estarán teñidas de un fuerte componente nacional.
La denuncia de Vallejos sacudió el escenario político, ya que incorporó a tres miembros de otro poder del Estado: el Judicial. Su planteo se basó en un presunto fallo irregular de los cortistas Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur sobre la expropiación de la exbodega La Superiora. En la sentencia, en líneas generales, ordenaron tasar a valor actual el inmueble, lo que llevó a que se disparara el precio de lo que le quedaba pagar al municipio.
No fue lo único, ya que incluyó la decisión del Tribunal Electoral Provincial del año pasado. Ante un planteo, justamente, de Vallejos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió la elección de gobernador y vice para decidir si habilitaba o no la candidatura de Sergio Uñac, la que, a la postre, terminó de bajar. Tras la decisión del máximo tribunal, el organismo local postergó los comicios de las principales autoridades provinciales y llevó adelante el resto de los cargos.
No obstante, el cuestionamiento, en ese entonces y que ahora replica el libertario, es que la definición del gobernador y vice se debe llevar de manera conjunta con la de los diputados, tal cual lo establece la Constitución, cosa que no se hizo. El Tribunal estaba constituido por García Nieto, Olivares Yapur y el fiscal General, Eduardo Quattropani, pero Vallejos sólo denunció a los dos primeros.
Luego de brindar una conferencia de prensa, el empresario textil ratificó la denuncia en la Cámara de Diputados el viernes de la semana pasada. De esa manera, el presidente de la Sala Acusadora, Enzo Cornejo, notificó el lunes a los miembros de la Comisión Investigadora, los que se reunieron al día siguiente para ya ir trabajando en el pedido de juicio político.
“Salimos perdiendo por donde se lo mire”, resaltó una fuente oficial, en el análisis de que, ante el archivo de la causa, los igualarán ante el PJ, teniendo en cuenta que desde esa fuerza política nombraron a todos los actuales integrantes del máximo tribunal.
En ese sentido, en el oficialismo señalan que el justicialismo, al final de cuentas, no tiene tanto problema en votar en contra de la denuncia de Vallejos y “salvar” a los ministros que ellos mismos impulsaron. Lima fue vicegobernador de José Luis Gioja en su primera gestión y, luego, acompañó en el mismo cargo a Sergio Uñac. García Nieto fue asesora Letrada de Gobierno en la gestión uñaquista y, si bien Olivares Yapur ha hecho toda su carrera en el Poder Judicial, también tuvo su paso por la política cuando fue candidato a diputado de Pocito en 2003, en la lista cuando Uñac se postuló a la Intendencia.
Además, las fuentes reiteraron una definición que habían hecho correr cuando salió a la luz el pedido de juicio político: que el gobierno no tiene nada que ver con la denuncia ni que está detrás de ella.
Así, un funcionario remarcó que “no queremos problemas con la Corte”, sumado a que siguen reconociendo que no tienen los votos para llevar adelante un proceso de destitución, si es que quisieran hacerlo, cosa que, remarcaron, no desean llevar a cabo.
Si bien el orreguismo ha conseguido una mayoría estable, a través de una serie de aliados, para sancionar leyes sensibles o proyectos de alta discusión a nivel nacional, la misma puede resquebrajarse ante semejante tema institucional. Asimismo, en la última instancia del proceso, se requiere de dos tercios de la Sala Juzgadora para remover a los cortistas, una cifra inimaginable de conseguir, hoy por hoy.
Además de recordar que la denuncia resultó una sorpresa, otra fuente explicó por qué para el oficialismo no le es conveniente avanzar en el tema. “No podemos prender un fuego que no sabemos si vamos a poder controlar”, resaltó, a lo que agregó que, encima, “se abrió el fuego hacia otro ámbito (el Poder Judicial), cuya discusión no estaba planificada”.
En cuanto al procedimiento, la Constitución provincial establece que, ante la denuncia a miembros de la Corte de Justicia, interviene la Cámara de Diputados, la que se divide en Sala Acusadora y Sala Juzgadora. La primera de ellas tiene en su seno a la Comisión Investigadora, de cinco integrantes, la que, como su nombre lo dice, realiza la investigación y eleva un dictamen a la Sala Acusadora para que esta decida si el caso pasa o no a la Juzgadora.
En dicha comisión, que desde el lunes ya empezó a correr el plazo de 40 días hábiles para la investigación, hay datos interesantes. Hay un reparto de fuerzas, dado que hay dos orreguistas (Marcela Quiroga y Carlos Jaime), dos peronistas (Pedro Albagli y Sonia Ferreyra) y un libertario (Fernando Patinella).
Entre los justicialistas, Ferreyra pertenece al espacio “Rawson Nuevo”, que lideró el exdiputado y exdefensor del Pueblo, Pablo García Nieto, hoy distanciado de la militancia política por su actual cargo como presidente del Tribunal de Cuentas. Dicho dirigente es íntimo de Uñac y hermano de la única mujer en la Corte.
Además, Patinella comparte partido político con Martín Turcumán, abogado de la empresa Cuyo Inversiones, que es la que ha venido litigando para que le paguen lo que señalan como un precio justo luego de la expropiación de La Superiora, cuyo predio estaba bajo la propiedad de la compañía.