La Superiora: la Justicia trató de ignorantes a abogados y los sancionó por los términos que usaron

Al hacerle lugar al pedido de la municipalidad de Rawson y disponer que se realice una nueva tasación del predio de la exbodega La Superiora, la sala IV de la Cámara Civil resolvió sancionar a los abogados de los exdueños: el político Martín Turcumán y su colega Roberto Gómez. Aunque simbólico, el castigo implica “un severo llamado de atención” que tiene por objetivo “que en el futuro se abstengan de repetir conductas por demás reprochables”. No es lo único, ya que los jueces María Josefina Nacif, Juan Jesús Romero y Juan Carlos Pérez los trataron de ignorantes al indicar que “llama la atención que los profesionales del derecho, a pesar de su ejercicio como abogados litigantes, desconozcan tan básicos conceptos jurídicos e insistan en hacer planteos notoriamente improcedentes”. Es que, además de que los jueces entendieron que los profesionales utilizaron términos “verdaderamente infamantes”, los cuestionaron por plantear un tema que no está en discusión y en base a eso solicitar una medida cautelar, para que no se siga trabajando sobre el predio.

La resolución de la Sala IV de la Cámara Civil se dictó ayer y rápidamente circuló por los pasillos de tribunales. Es que la sentencia hace lugar al pedido que realizó el intendente de Rawson Carlos Munisaga, quien cuestionó la última tasación que se realizó sobre el inmueble, la que elevó el precio del predio de unos 6 millones de pesos, a poco más de 1.400 millones en 12 años, por lo que la tildó de “irrisoria”. Con la última cifra, la comuna estaba condenada a pagar unos 370 millones de pesos, cuando, originalmente, la suma adeudada a los expropietarios de la exbodega era de 1 millón de pesos. El elevado monto surgió porque a principios del 2023, la Corte de Justicia resolvió que se debía realizar una nueva tasación para determinar “el valor real y actual” del inmueble y no un monto anterior.

Para determinar que se debe realizar una tercera tasación del predio, los jueces civiles indicaron que el monto que surgió de la valoración anterior, tras el pedido de la Corte, no puede ser tomada como válida porque no contó con la participación de las partes a través de peritos particulares. Además que el Tribunal de Tasaciones de la Provincia “no siguió los lineamientos dados en la sentencia de la Corte” para realizar el cálculo, ya que “toma como referencia el valor dólar, siendo que dicho parámetro nunca fue considerado”. Así, resolvieron que el expediente vuelva a primera instancia, apartando la magistrada titular del juzgado Contencioso Administrativo, y se realice un nuevo cálculo oficial con la participación de peritos del municipio y de los exdueños.

Sobre los cuestionamientos a los abogados Tucumán y Gómez, este medio había publicado que ambos fueron muy críticos para con la Sala IV de la Cámara Civil por aceptar tratar el planteo de Rawson sobre la tasación, cuando el municipio no lo cuestionó oportunamente. Incluso, los profesionales habían expresado que los jueces se pusieron “una vez más” del lado del Estado y de un municipio “incumplidor y violador de las normas constitucionales”. Además, habían indicado que existen “jueces que propician y niegan el propio Estado de Derecho, permitiendo que políticos avasallen todo sistema constitucional”. También fueron duros contra el intendente Carlos Munisaga al expresar que “es muy fácil y vulgar afirmar políticamente para la tribuna, por parte del Sr. Intendente en los medios, que la deuda originaria en el año 2012 era de $1.022.400 y hoy es de más de $200.000.000. Lo cual nos preguntamos si el Sr. Intendente proviene de países escandinavos (Suecia o Dinamarca) con inflación del 3% “anual”.
Con el voto predominante de Nacif, los camaristas indicaron que se trata de una “serie de manifestaciones agraviantes” y “deshonrosas, que de ningún modo se pueden dejar pasar por alto”. Además, expresaron que “ante la pregunta por qué esta Sala no quiere ver la situación del propietario desposeído, quien tuvo que batallar años y años para recuperar en parte su patrimonio despojado, sólo basta responder que la Justicia respetó desde el inicio de la causa su derecho constitucional de percibir la indemnización por el hecho expropiatorio”. Incluso, fueron más allá al indicar que la casi totalidad del monto expropiado “lo percibió a principio de junio de 2012, y por tanto es válido suponer que, por ejemplo, colocó el dinero en un plazo fijo, percibiendo por su inversión tasas activas de intereses, en algunos períodos muy altas, desde hace 12 años hasta la actualidad”.

Por último, Turcumán y Gómez sostienen que sus clientes fueron engañados por el municipio de Rawson porque la comuna cambio el sentido de la expropiación al otorgar el 50 por ciento del terreno para que se desarrolle un barrio. Sobre ese punto, y la queja de los abogados, los jueces fueron duros al expresar que “han transcurrido muchos años sin que haya tomado ninguna decisión, y únicamente se ha limitado -erróneamente- a plantear esta cuestión ante jueces que no tenemos competencia para investigarla, ni mucho menos para resolverla”. Así, resolvieron aplicar un “severo llamado de atención”.