DATOS
Milei quiere eliminar la figura de femicidio: en 10 años hubo 22 ataques mortales a mujeres en San Juan
Luego de las declaraciones del presidente Javier Milei en su discurso en el Foro de Davos donde apuntó contra la figura penal del femicidio, desde la Corte Suprema de Justicia y la Defensoría del Pueblo de la Nación dieron a conocer que en San Juan se han producido 22 ataques mortales hacia mujeres desde el 2014 hasta el 2024. El Gobierno Nacional pretende modificar nuevamente el Código Penal para que sea como hasta antes de 2012, doinde se incluyó la pena de reclusión perpetua para aquéllos hombres que sean condenados con este agravante.
En este sentido, los datos sobre muertes por causa de género son alarmantes, teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad, dependencia económica y emocional en la que se encuentran numerosas mujeres del país.
Desde los organismos detallaron que se han producido 22 femicidios desde el 2014 hasta el 2024. Cabe destacar que todas las cifras pertenecen a la Corte Suprema de Justicia, a excepción del año 2024 que proviene de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esto debido a que el informe final del Registro Nacional de Femicidios de la Corte aún no está publicado. A continuación, los datos de los años con el número de víctimas fatales:
- 2014: 1
- 2015: 0
- 2016: 4
- 2017: 1
- 2018: 3
- 2019: 5
- 2020: 2
- 2021: 1
- 2022: 2
- 2023: 1
- 2024 (hasta noviembre): 2
Desde el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación señalaron que en el 2024 hubo un promedio de un femicidio cada 30 horas en el país. “Las cifras del 2024 son similares a las de 2020, año marcado por la pandemia. Argentina requiere políticas públicas efectivas, posibles, con las consecuentes medidas de prevención, y un sistema judicial que responda adecuadamente a las víctimas”, indicaron desde la entidad.
Además, detallaron que el apuñalamiento fue el método más utilizado para cometer los femicidios, seguido por el uso de armas de fuego y el estrangulamiento. Agregaron que 21 mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas en Argentina durante el año pasado. “El 66% de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio, en su trabajo o en la vivienda que compartían con el femicida; y en un 84% se comprobó la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario”, informaron desde la institución.
Por último, dieron a conocer que el mapeo del relevamiento indicó que en proporción con su población, Chaco encabeza la lista de provincias con más femicidios, siguen Santiago del Estero, Misiones, Chubut y Salta.
Proyectos en carpeta
Luego de que el presidente Javier Milei apuntara en el Foro Davos a las políticas contra la violencia de género y embistiera contra la figura penal de femicidio, el Gobierno hizo público que trabaja en un proyecto de “igualdad ante la ley”, tendiente a dar marcha atrás con todas las leyes que en las últimas décadas incluyeron medidas de protección.
En Argentina, el femicidio se incorporó al Código Penal el 14 de diciembre de 2012, a través de la ley 26.79, votada por unanimidad por el Congreso Nacional. Esta norma, en su artículo 11, penaliza con prisión perpetua la conducta del varón que mate a una mujer mediando violencia de género en los términos de la ley 26.743 de identidad de género, que también fue sancionada ese año.
En su discurso, Milei dijo que “El feminismo radical es una distorsión del concepto de igualdad”, Además, agregó que “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio, y eso conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima. Legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
Según trascendió, el proyecto está bajo la dirección del asesor presidencial Santiago Caputo y es la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, la encergada de su redacción.
La iniciativa también modificaría aspectos de la ley Micaela, que brinda capacitación obligatoria a los funcionarios del Estado en materia de diversidad y violencia de género, según adelantaron en la Casa Rosada.
También se analiza la eliminación de todas las normas que incluyen medidas de discriminación positiva, es decir, que aseguran cupos para la participación femenina: desde los ingresos al empleo público a la inclusión de un 50 por ciento de mujeres en las listas electorales. Argentina fue pionera en ese rubro. Con el mismo criterio, se impulsa la eliminación del cupo para personas trans y personas con discapacidad.