La Corte Suprema definirá quien investigará la irregular compra de computadoras por $90 millones que en 2023 se hizo para la policía

La Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá definir si la justicia sanjuanina debe investigar la irregular compra de computadoras destinadas a la Policía que la gestión pasada hizo por 90 millones de pesos o si la causa corresponde a la Justicia Federal. La indefinición surgió porque ambos fueros sostienen que el expediente no es de su competencia ya que, si bien hay fondos nacionales involucrados, el proceso de compra estuvo en manos de las autoridades provinciales. Así, mientras el Ministerio Público local sostiene que, por tratarse de recursos del Estado Nacional, la investigación debe quedar en manos del fuero federal, su par federal entiende que, como el proceso administrativo cuestionado lo llevó adelante la provincia, es la justicia local la que debe intervenir.

El exjefe de la Policía, Luis Martínez, fue quien realizó la denuncia para que se aclare por qué si se hizo la compra de 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets, y ese gasto se rindió ante las autoridades nacionales, los equipos no están en la provincia.

El conflicto de competencia entre la justicia provincial y nacional se originó a fines del año pasado, por lo que fuentes judiciales aseguraron que el expediente ya se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que este cuerpo defina quién debe investigar. El exjefe Luis Martínez presentó la denuncia a principios de 2024, pero no fue hasta octubre que el Ministerio Público Fiscal local tuvo la información que le permitió sostener que la causa debe tramitarse en la Justicia Federal. Así, el expediente fue remitido en noviembre al Ministerio Público Federal, que conduce Francisco Maldonado, quien le solicitó al juez Leopoldo Rago Gallo que se declare incompetente, lo que finalmente se resolvió en diciembre, aseguraron las fuentes. Con dicha negativa, la causa regresó al fuero provincial, que sostuvo la incompetencia y le solicitó a la Corte Suprema que defina quién debe intervenir.

La causa es llamativa porque la misma Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública emitió un informe en el que confirma que en 2023 se realizó el gasto por 90 millones de pesos para comprar los equipos, pero que las unidades no están. Así, el MPF local determinó que existe una irregularidad ya que “los equipos tecnológicos destinados a dependencias varias de la policía de San Juan no fueron entregados a ninguna de dichas dependencias”, lo que, a su vez, “no coincide con lo informado al Ministerio de Seguridad de la Nación por parte del Dr. Carlos Munisaga, en su momento secretario de Estado de Seguridad y Orden Público”.

Los recursos cuestionados llegaron a la provincia gracias a un convenio que la Secretaría de Seguridad firmó con el Ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, y por el cual se definió una “asistencia financiera” en el marco del Plan Piloto de Fortalecimiento Tecnológico para la Seguridad Ciudadana (FOR.TE.SE.C.). Se dispusieron 90 millones de pesos, recursos que llegaron en tres cuotas de 30 millones cada una, a una cuenta bancaria específica que se creó para ese propósito, ya que los fondos no podían tener otro destino.

Según lo que sostuvo Fiscalía a fines del año pasado, existe documentación que acredita que la provincia recibió los aparatos y el mismo fue incorporado al Patrimonio de la Policía de San Juan. Incluso, figuran en el Sistema Integrado de Información Financiera (S.I.I.F.), pero dichas unidades no se encuentran en las dependencias a las que fueron destinadas. Con la documentación de la compra y los remitos de recepción de los equipos, Munisaga rindió cuentas a Nación, al indicar que el trámite se realizó como lo estableció el acuerdo.

La Corte Suprema no tiene plazo para definir quién debe llevar adelante la investigación. A su vez, fuentes judiciales sostienen que han existido casos similares en otras provincias, en las que estuvieron comprometidas asistencias financieras nacionales con destino específico y que, en dichos casos, el máximo tribunal resolvió que la Justicia Federal es la indicada. También hay quienes indican que existen antecedentes que establecen que, al tratarse de un proceso administrativo provincial presuntamente irregular, la justicia local es la que debe comandar la investigación.