Tras 4 meses y una catarata de planteos, Fiscalía formalizó la investigación contra el intendente de Angaco y los concejales por abuso de autoridad

Tras cuatro meses de idas y vueltas, más una catarata de planteos defensivos, entre los que se encuentra un recurso ante la Corte de Justicia, el Ministerio Público Fiscal logró formalizar la investigación contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales oficialistas Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. Los delitos en la mira son abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública para el jefe comunal, y abuso de autoridad y encubrimiento para los ediles. Según lo confirmó el juez de Garantías, Gerardo Javier Fernández Caussi, por pedido del fiscal Francisco Nicolía, la investigación penal preparatoria es de siete meses, por lo que el miembro del Ministerio Público tendrá hasta los últimos días de febrero del año que viene para decidir si las autoridades angaqueras deben ir a juicio. La defensa de los ahora imputados intentó, como última acción, suspender la audiencia de formalización fijada para este miércoles al indicar que existe un planteo presentado ante la Corte local, que hasta el momento no ha sido resuelto, solicitud que fue rechazada.

La causa contra José Castro y los concejales fue la que derivó de la presentación que hizo el intendente en febrero ante la Sala I de la Cámara Penal con el objetivo de evitar que se llevara adelante el juicio en su contra, causa en la que está en la mira por haber, presuntamente, utilizado maquinaria y personal municipal de Angaco para realizar tareas en un terreno de Chimbas. Para evitar el juicio, en ese expediente, el jefe comunal presentó un convenio, una reparación integral, firmado con los concejales Ríos, Paredes y López, en el que ofreció 3 millones de pesos que irían destinados a Cáritas del departamento. Por la firma de ese documento, la fiscal del juicio, Silvina Gerarduzzi, denunció a Castro y a los ediles por entender que cometieron los delitos de encubrimiento, negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad.

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Ese expediente fue analizado por el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, quien el 3 de marzo pasado intentó formalizar la investigación, pero no fue hasta este jueves, y luego de una catarata de presentaciones defensivas, las que fueron rechazadas, que logró que un juez de Garantías le diera el OK. Primero, la defensa de Castro, representada por Marcelo Fernández Baldez, y también la de los concejales, en manos de Leonel García, quien también es el asesor legal del Concejo Deliberante de Angaco, se opusieron a la formalización, ya que vienen sosteniendo que no se trata de una causa penal sino civil, que debe ser enviada al juzgado Contencioso Administrativo, ya que, insisten, lo que está en juego es una resolución oficial emitida por el Concejo Deliberante. Por eso, inicialmente presentaron una queja ante el juez de Garantías, lo que luego fue resuelto por la jueza del Tribunal de Impugnaciones, Ana Lía Larrea, quien también rechazó la postura defensiva. Así, tanto Fernández Baldez como García presentaron un recurso de queja que fue rechazado por Larrea, por lo que iniciaron una acción directa, por recurso denegado, ante la Corte de Justicia, expediente que recién fue formalizado a mediados de junio.

Para los abogados, con dicha presentación ante la Corte de Justicia local, se debe suspender la investigación fiscal hasta que exista una resolución, postura que fue rechazada por el juez Fernández Caussi en la audiencia de este miércoles. De esa manera, la fiscalía quedó habilitada para realizar la formalización. Para resolver así, el juez de Garantías sostuvo que el mandato de la jueza de Impugnación fue claro, ya que indicó que la causa debe volver “inmediatamente” para avanzar, por lo que “entenderán la gravedad que implicaría no hacer lugar a lo dispuesto por el Tribunal de Impugnación”. Además, dejó en claro que la decisión de la jueza “no es materia de impugnación extraordinaria”. Por otro lado, el magistrado indicó que “lo que pretende el Ministerio Público Fiscal no causa estado alguno, se trata ni más ni menos que de cambiar el estado de la investigación, esto es, pasar de una investigación desformalizada a una formalizada”. Incluso, indicó que, en ese estado, “ahora la defensa podrá acceder a todas las actuaciones de la fiscalía expresadas en el expediente, algo que no podía hacer hasta el momento”, lo que implica un mejor ejercicio de la defensa. Bajo ese escenario, habilitó la formalización.

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Sobre el plazo de investigación, el fiscal Nicolía recordó que, originalmente, había solicitado un período de seis meses, pero que, al estar transitando el mes de julio, dicho plazo finalizaría en enero, un período de feria judicial. Así, le solicitó al juez un mes más, esto es, un total de siete meses de investigación, lo que fue aceptado por las partes. Durante ese tiempo, tanto el intendente de Angaco como los concejales se comprometieron a someterse al proceso y no entorpecer la investigación.

Cabe recordar que, en la causa principal donde Castro está procesado por malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal del municipio en un predio de Chimbas, esta quedó suspendida hasta que exista “sentencia firme” en el expediente que se tramita en el sistema acusatorio.