Fiscalía contra el intendente de Angaco: “No podemos admitir que los funcionarios públicos de este bendito país hagan y deshagan lo que les convenga a sus intereses personales”

En la audiencia de formalización de investigación penal preparatoria contra el intendente de Angaco, José Castro, y los concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, el fiscal Francisco Nicolía lanzó una dura frase que resonó como base del conflicto. Frente al juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, el miembro de la UFI Delitos Especiales dijo que “no podemos admitir que los funcionarios públicos de este bendito país hagan y deshagan lo que les convenga a sus intereses personales”. Además, dijo que eso no puede ocurrir cuando los funcionarios se escudan en los cargos que ocupan y que por sus decisiones administrativas “no pueden ser perseguidos penalmente”. No fue lo único, ya que, si bien solicitó al juez 6 meses de investigación, expresó que para él “no caben dudas” de que la intención que tuvieron los concejales, para prestar acuerdo al convenio de conciliación, fue la de “favorecer a Castro y con ello sustraerlo del accionar de la Justicia longrado la suspensión del inicio del juicio”.

La causa que lo tiene nuevamente ante un juez al intendente de Angaco, José Castro, quien se mostró tranquilo y distendido en la audiencia de formalización, fue la que derivó de la presentación que hizo ante el tribunal para intentar zafar del juicio que lo tiene procesado por los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Castro quedó en la mira luego de que en 2019 miembros del Concejo Deliberante de su departamento lo denunciaran por haber, presuntamente, utilizado maquinaria y personal municipal para realizar tareas en un predio privado de Chimbas. Para no llegar a juicio, el jefe comunal firmó un convenio con los actuales concejales para plasmar una reparación del eventual daño ocasionado, con el aporte de 5 millones de pesos a entregar a Cáritas de Angaco. Ese pedido de reparación y suspensión del juicio está en análisis por el tribunal de juicio. Pero, cuando fue presentado, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzo lo denunció, a Castro y los tres concejales que lo apoyaron, bajo la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública y encubrimiento.

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Más allá del pedido de 6 meses de investigación, para el fiscal Nicolía está claro que Castro y los concejales De los Ríos, Paredes y López, al promover y dar el OK al convenio, fueron en contra de lo que indica la Constitución Provincial para las atribuciones consagradas a los funcionarios municipales y también lo que establece la Ley Orgánica Municipal, para el llamado a sesiones extraordinarias y, de esa manera, cometieron delitos que deben ser investigados. Incluso, el fiscal Nicolía dijo ante el juez que “no caben dudas de la intención con su actuar para favorecer a Castro” para que éste no vaya a juicio. Así, dijo que, lo que ocurrió el pasado 18 de febrero “resulta ser un hecho de gravedad institucional que como tal afecta el orden público y los intereses de la sociedad en general y no resulta ajenos al derecho penal”.

La defensa del intendente de Angaco estuvo patrocinada por Marcelo Fernández Valdéz quien negó la acusación y apuntó contra la propia Fiscalía al indicar que existió una “intromisión de poderes”, ya que entiende que el Ministerio Público busca inmiscuirse en decisiones que tomó el Poder Legislativo municipal y que, de haber cuestionado la ordenanza que habilita al acuerdo conciliatorio de Castro, tendría que haber derivado el caso al fuero Contencioso Administrativo y no a una causa penal. Además, apuntó contra la fiscal Gerarduzzi al cuestionar cómo pudo la funcionaria saber qué concejales dieron el OK al convenio propuesto por Castro, si esa información no estaba plasmada en el escrito que se presentó en el tribunal de juicio. Dicha situación la definió como de “gravedad institucional” contra la fiscal. A su vez, el abogado, pidió que se suspenda la posibilidad de que la UFI Delitos Especiales investigue hasta tanto no se defina si Castro puede o no zafar del juicio en su contra gracias al acuerdo arribado con los concejales.

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Por su lado, el abogado defensor de los ediles, Leonel García, quien también es el asesor letrado del Concejo Deliberante de Angaco, sostuvo que para querer iniciar una investigación penal el fiscal debió citar a todos los miembros del Concejo y no solo a quienes votaron a favor. En esa línea, también dijo que los ediles “no pueden ser investigados penalmente por las decisiones políticas”.

Esa expresión fue la que alertó al fiscal Nicolía, quien retrucó con la frase “no podemos admitir que los funcionarios públicos de este bendito país hagan y deshagan lo que les convenga a sus intereses personales, bajo el escudo de que no pueden ser perseguidos penalmente”.

Atento a los diferentes planteos y ante un pedido de formalización de investigación contra el intendente Castro y los concejales, el juez Fernández Caussi decidió pasar a un cuarto intermedio de como máximo de tres días, para resolver si el jefe comunal y los ediles deben ser investigados por los delitos de abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y encubrimiento, todos en perjuicio de la administración pública.

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Entre todos, el delito más complejo es el de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, ya que conlleva un castigo de 1 a 6 años prisión e “inhabilitación especial perpetua para el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.