Fiscal denunció al intendente Castro y a sus tres concejales por el acuerdo “ilegal” que hizo para tratar de zafar del juicio

La fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, salió con los tapones de punta. Fuentes judiciales confirmaron que denunció en la mañana por incumplimiento de los deberes de funcionario público al intendente de Angaco, José Castro, y a sus concejales Alberto de los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López. La embestida se debió a un acuerdo que presentó el jefe comunal, el cual fue aprobado por los tres ediles, con el que busca zafar del juicio en el que está acusado de malversación de caudales públicos, entre otros delitos. En dicho acuerdo, apunta a reparar el daño con 5 millones de pesos, a donar a Cáritas del departamento. Sin embargo, la representante del Ministerio Público sostuvo, en líneas generales, que la movida es “ilegal” porque tanto el titular del Ejecutivo municipal como los del Legislativo se atribuyeron facultades de fiscales y jueces y que, en definitiva, constituye un grave hecho institucional.

Así, para la fiscal queda sobrevolando la idea de una especie de pacto de impunidad entre el Ejecutivo y la mayoría del Concejo para que Castro eluda el proceso penal en su contra, destacaron las fuentes.

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Gerarduzzi puso la denuncia en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales. Se trata de la fiscal que actuará en el juicio contra el intendente angaquero y que, justamente, tiene que opinar sobre la validez o no del acuerdo conciliatorio presentado. Ante la movida judicial que realizó, está más que claro que lo rechazará, tal cual había adelantado 0264 Noticias.

El Concejo Deliberante había convocado a sesión extraordinaria el pasado miércoles para tratar un proyecto del Ejecutivo, el cual consistía en un acuerdo de conciliación con el que Castro ofrecía una reparación integral del daño al donar 5 millones de pesos a Cáritas de Angaco. La iniciativa fue aprobada por simple mayoría, con los votos de De los Ríos, Paredes y López, mientras que el orreguista Andrés Olivera se opuso y la edil Gloria Herrera se abstuvo.

Con el OK legislativo, el intendente, a través de su abogado Marcelo Fernández, presentó el acuerdo en la Justicia para evitar el juicio en su contra por malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad, el cual había sido fijado para el pasado lunes. El debate en la Cámara Penal se suspendió para que los jueces Juan Carlos Caballero Vidal, Víctor Muñoz Carpino y Miguel Dávila Saffe tuvieran la opinión de la fiscal Gerarduzzi.

Fue el propio Concejo Deliberante el que denunció a Castro en 2019, en esencia, por haber utilizado maquinaria y personal municipal en un predio privado en Chimbas. Era una integración legislativa distinta, con una mayoría de ediles que terminó enfrentada con el intendente, al punto de acusarlo judicialmente por la maniobra. El jefe comunal volvió en 2023 y, con una mayoría a su favor, consiguió la ordenanza para tratar de extinguir la acción penal que pesa sobre sus espaldas con el acuerdo conciliatorio.

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No obstante, las fuentes indicaron que la fiscal Gerarduzzi evaluó que la ordenanza indica que debe cumplirse su contenido y que fue promulgada por el Ejecutivo, lo que revelaría que tanto el intendente como los miembros del Concejo se arrogan facultades de jueces y fiscales que no les corresponden. Incluso, que Castro y los ediles se inmiscuyeron en una potestad del Ministerio Público que se denomina disposición de la acción penal. Esto es, una decisión de Fiscalía de suspender un proceso penal para buscar una solución alternativa al conflicto, como una reparación integral del daño.

Además, tal alternativa no corre para funcionarios investigados por hechos contra la administración pública, indicaron las fuentes. Asimismo, explicaron que los denunciados utilizaron un acto administrativo (la ordenanza con el acuerdo) para incidir en un proceso penal.

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Por eso, denunció a Castro y a los tres concejales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. A estos últimos, también los acusó de encubrimiento agravado y negociaciones incompatibles con la función pública. Los ediles habrían incurrido en la primera de las figuras delictivas al tratar de ayudar al intendente en evitar que se someta a un juicio, lo que se agrava cuando la maniobra es realizada por un funcionario público.

La segunda de las figuras castiga al funcionario que busca sacar un beneficio en cualquier contrato u operación en la que intervenga haciendo valer su cargo. En ese sentido, las fuentes explicaron que la fiscal no tiene constancia de cómo surge ese monto reparatorio de 5 millones de pesos y que surge la duda si efectivamente irá a una entidad como Cáritas.