Perfila que el juicio contra el intendente de Angaco quedará postergado hasta que se resuelva el pedido de conciliación

El juicio contra el intendente de Angaco, José Castro, perfila que será postergado, por lo menos, por unos días. El debate por el cual el jefe comunal debe responder por los delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, estaba previsto para el lunes a primera hora, pero fuentes calificadas de Tribunales indicaron que, casi con seguridad, no podrá iniciarse. ¿El motivo? La presentación defensiva que hizo Castro a través de su abogado, a pocos días del juicio, donde solicitó que se haga valer un acuerdo al que llegó con el Concejo Deliberante de Angaco, en el cual ofreció una reparación simbólica por presunto daño ocasionado, de 5 millones de pesos. Según indicaron las fuentes, dicho planteo tiene que ser analizado por el Ministerio Público Fiscal, órgano judicial que debe emitir una opinión, para que luego, el tribunal de juicio, dicte un fallo, proceso que demandará algunos días.

Un dato no menor es si la opinión de Fiscalía es vinculante o no. Esto es, si el tribunal de juicio puede apartarse de lo que diga el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, si entiende que no se debe aceptar el acuerdo presentado por el intendente Castro. Fuentes calificadas explicaron que, al tratarse de un acuerdo para dar una solución alternativa del conflicto sin ir a juicio, la postura fiscal es clave, porque así lo determina el Código Procesal Penal local, que está implementado en el sistema acusatorio y también lo determinan distintos fallos de la Corte de Justicia. El escollo, al parecer, deriva de que la causa que lo tiene al intendente Castro en la mira se dio a fines del 2019, cuando dicho sistema no estaba en marcha. Así hay quienes entienden que la postura fiscal, por más que no preste conformidad al acuerdo, no es vinculante para el Tribunal. Por otro lado, fuentes calificadas explicaron que dicha postura no es válida porque, para que una solución alternativa del conflicto prospere, la fiscalía debe dar el OK ya que deja de lado la acción penal que le pertenece, con otro dato no menor, se trata de un funcionario público, por lo que un acuerdo no debería prosperar.

En la presentación realizada, el intendente de Angaco sostuvo que, a pesar de que es un funcionario público, un acuerdo de conciliación para zafar del juicio se le debe aceptar, porque así ocurrió también en 2022 con el expresidente Alberto Fernández, cuando pagó 1,6 millones de pesos para no ser enjuiciado por la denominada causa Fiesta de Olivos. En dicha causa hubo consentimiento fiscal de llegar a un acuerdo. Las incógnitas que surgen de la presentación de Castro tendrán respuesta con la resolución que emita el tribunal, en un plazo que no está definido.

El intendente de Angaco presentó el pedido de no ir a juicio el miércoles al mediodía, luego de que a primera hora de la mañana el Concejo Deliberante del departamento aprobara una ordenanza que da el OK a un convenio firmado con el propio intendente. La jugada se dio porque fue ese cuerpo legislativo, con otra conformación, el que lo denunció a fines del 2019 por haber, presuntamente, utilizado maquinaria y personal municipal en un predio propio de Chimbas. Con la presentación del acuerdo de conciliación, el tribunal integrado por Miguel Dávila Saffe, Víctor Muños Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), le corrió vista a Fiscalía, trámite que, según indicaron las fuentes consultadas, ocurrió durante este jueves o sucederá a primera hora del viernes. Con ese paso cumplido, el Ministerio Público Fiscal debe analizar el planteo y emitir una respuesta, trámite que difícilmente llegue antes del lunes a primera hora. Además, con la respuesta fiscal, el tribunal debe emitir un dictamen con la opinión de los tres jueces, por lo que también resulta difícil que eso suceda antes del lunes a las 8.30.

Fuentes judiciales explicaron que, si existe una respuesta negativa a los intereses de Castro, la resolución no es apelable por lo que el juicio se llevará adelante. Por otro lado, si le dan el OK, el intendente zafará de un delito que conlleva una pena de 2 a 6 años de prisión más una posible inhabilitación para ocupar cargos públicos.