Restando cuatro días, el intendente Castro pidió suspender el juicio en su contra y como antecedente usó una causa de Alberto Fernández

El actual intendente de Angaco, José Castro, hizo una última jugada con el objetivo de zafar del juicio que lo tiene como acusado por delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad cometidos contra la comuna. A cuatro días de que se inicie el debate oral y público, previsto para el 23 de febrero, Castro pidió a la justicia la suspensión del juicio al presentar un acuerdo entre la intendencia que él conduce y el Concejo Deliberante, cuerpo que lo denunció a fines del 2019 por, presuntamente, haber utilizado maquinaria y personal municipal para desarrollar tareas en un predio propio de Chimbas. El cuerpo deliberativo tuvo una sesión exprés este miércoles y, con un voto mayoritario, dio el OK a la conciliación presentada por Castro en la que ofreció a modo de reparación integral del daño presuntamente ocasionado, 5 millones de pesos para que el Concejo lo destine a una entidad de beneficencia de Angaco. Lo llamativo de la presentación, según confirmaron fuentes judiciales, es que Castro utilizó como fundamento la causa por la que el expresidente Alberto Fernández logró pagar 1,6 millones de pesos por la denominada causa Fiesta de Olivos derivando en el cierre definitivo del caso.

Castro fue visto al mediodía de este miércoles por Tribunales junto a su nuevo abogado, Marcelo Fernández Valdez, quien asumió su defensa dado que en los últimos días, el penalista Fernando Castro dio un paso al costado del expediente por motivos que se desconocen. Fuentes calificadas explicaron que rápidamente Fernández tomó cartas en el asunto y definió la estrategia judicial, desarrollando el acuerdo que aprobó el Concejo Deliberante y presentando el escrito ante el tribunal de juicio conformado por Víctor Muñoz Carpino, Juan Carlos Caballero Vidal y Miguel Dávila Saffe. El abogado pidió que el debate, previsto para el lunes 23 a primera hora, se suspenda hasta que se resuelva el planteo realizado, el que tiene como fundamento un convenio logrado con el Concejo Deliberante y como base la causa nacional de Alberto Fernández.

Sobre el convenio, no trascendieron los detalles, pero fuentes calificadas explicaron que se trata de un acuerdo entre el intendente Castro y el Concejo Deliberante, cuerpo que, con otra integración, lo denunció a fines del 2019. En su momento, el jefe comunal mantenía una pelea con los concejales, pero hoy la mayoría de los ediles juega a su favor al punto que el convenio presentado tuvo el aval de tres votos a favor, uno en contra más una abstención. Quienes dieron el OK fuero el presidente Alberto De los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López, mientras quienes no lo acompañaron fueron Gloria Herrera y el orreguista Andrés Olivera. Este último cuestionó la movida al expresar que “es un atropello a la comunidad, al departamento y las instituciones. También a la Constitución y al equilibrio de los poderes porque Castro no quiere que la Justicia lo controle”. El edil denunció que no tuvo acceso al convenio y que el Concejo Deliberante hizo una sesión extraordinaria solo para dar el OK y poder presentarlo rápidamente en la Justicia, lo que finalmente ocurrió dado que la sesión finalizó a las 10 de la mañana y la presentación judicial se dio cerca del mediodía.

La denuncia contra el intendente Castro data de fines de 2019, cuando en la provincia no estaba implementado el sistema acusatorio, mecanismo penal que permite que, en algunas causas, las partes puedan llegar a un acuerdo y se pueda dar una solución alternativa del conflicto. Esto es, en la mayoría de los casos, un arreglo económico a modo de reparación simbólica del presunto daño ocasionado. Castro ha jugado esa carta al presentar el acuerdo logrado con el Concejo Deliberante por 5 millones de pesos y pidiendo a la Justicia que se lo tenga en cuenta a pesar de que ese mecanismo no está contemplado en el Código Penal por el cual fue procesado. Fuentes calificadas indicaron que el intendente sostiene que dicho beneficio se ha utilizado en causas similares por lo que también se le debe aplicar a su persona.

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Lo llamativo es que Castro fue denunciado y procesado cuando cumplía funciones como intendente por lo que ese beneficio, una reparación integral, no debería aplicar para aquellas personas que cumplían cargos públicos. Bajo ese punto es que el jefe comunal expuso el antecedente del expresidente Alberto Fernández cuando en mayo del 2022 logró que la Justicia Federal le aceptara una reparación de 1,6 millones de pesos por la denominada Fiesta de Olivos, encuentro que el jefe de Estado y su exesposa desarrollaron en pleno aislamiento por la pandemia del COVID. Castro entiende que se le debe aplicar el mismo beneficio y así, zafar de la causa penal.

El intendente de Angaco viene sosteniendo que es inocente de los delitos que se le acusan y que toda la causa responde a una “persecución política” en su contra. Castro está acusado de malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario y abuso de autoridad, por lo que si es declarado culpable podría recibir un castigo de 2 a 6 años de prisión más la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Si esto último es confirmado por la Justicia, con una sentencia firme, y Castro continúa en funciones, debería dejar la intendencia de Angaco.