La Corte quiere que este año la investigación fiscal se aplique en menores, lo que sumaría unas 1.300 causas al sistema acusatorio

La presidenta de la Corte de Justicia, Adriana García Nieto, anunció que buscará que este año comience a aplicarse la investigación fiscal al Sistema Penal Juvenil, único fuero de la Justicia local que quedó fuera de la implementación del sistema acusatorio. La medida no es menor, ya que se trata de un tema sensible en el que chicos y adolescentes entran en conflicto con la ley, además de que, a nivel país, se retomó la discusión para bajar o no la edad de imputabilidad. Para el caso particular de San Juan, y según datos a los que pudo acceder este medio, el cambio implicaría sumar unas 1.300 causas al sistema acusatorio, ya que, en promedio, esa es la cantidad de expedientes con imputados que en 2024 tramitaron los juzgados de Menores. La flamante presidenta de la Corte dijo que “tal vez se requieran más jueces” para poner en marcha el plan, mientras hay quienes opinan que también haría falta más fiscales. Hoy, para atender causas donde están involucrados menores, hay dos jueces y dos fiscales.

La aplicación del sistema acusatorio implica un cambio radical para la Justicia Penal, ya que la investigación de las causas deja de estar en manos de los jueces para pasar a ser responsabilidad de los fiscales. En San Juan, el primer cambio se dio en 2017, cuando se puso en marcha el sistema de Flagrancia, delitos en los que los delincuentes son atrapados con las manos en la masa, mientras que la segunda modificación clave se produjo en 2019, cuando si dio inicio al sistema acusatorio para los delitos con penas graves, como homicidios y abusos sexuales y también para las causas de fraude contra la administración pública. No fue hasta febrero del año pasado que la investigación fiscal se extendió a todo tipo de delitos contenido en el Código Penal, incluido, por ejemplo, las lesiones producidas en los accidentes de tránsito. El único fuero que todavía tramita sus causas con el sistema en el que el juez investiga y procesa a un imputado, es el de Menores.

Según las fuentes, que el sistema acusatorio llegue a la justicia de Menores, permitirá aplicar medidas alternativas de resolución de conflicto, como la suspensión de juicio a prueba o la reparación integral del daño y también la denominada justicia restaurativa, que apunta a realizar un abordaje integral sobre el menor, con especialistas.

En ese marco, al anunciar los ejes de su gestión de presidencia para este año, definidas como “afianzar e innovar”, García Nieto dijo que “profundicemos y avancemos en aquellos sistemas que venimos implementando”. Así, indicó que “proponemos ver la posibilidad de extender el sistema acusatorio adversarial al fuero Penal Juvenil, que es el único que ha quedado fuera”.  

Consultada por este medio, la cortista sostuvo que “creemos que están dadas las condiciones para poderlo hacer. La idea es poderlo trabajar para hacerlo posible. Podríamos llevarlo adelante este año” para “dar otras respuestas desde otro lugar”. A su vez, dijo que “lo estudiaremos con los jueces y con todos los involucrados en el sistema”, para definir cuándo se puede implementar.

Un punto clave es el personal necesario para que el sistema se implemente, a lo que García Nieto indicó que “no necesariamente se requiere más recurso humano, ni más tecnología ni más computadoras. Tal vez se requieran más jueces, como también la posibilidad de que intervengan jueces de Garantías del Colegio de Jueces”. Por otro lado, la magistrada dijo que el tema debe debatirse y analizarse, ya que, “si no se puede hacer, tenemos que dar las razones de por qué no se implementa” y reafirmó que la idea es que arranque “en este 2025”. Sobre el personal, hay quienes entienden que hará falta más fiscales y también defensores oficiales para atender el cúmulo de causas que se tramitan por año, además de personal profesional como psicólogos y asistentes sociales.

Hoy el sistema Penal Juvenil cuenta con dos jueces y dos fiscales que, según los datos a los que pudo acceder este medio, por año se tramitan unas 2.500 causas, pero de las cuales, en 2024, se imputaron a unos 1.300 menores. La diferencia radica que, para el caso del Sistema Penal Juvenil, solo los chicos de 16 y 17 años pueden ser imputados, con responsabilidad penal sobre el acto que cometieron, ya que el resto son inimputables. Además, sobre los menores que tuvieron conflicto con la ley, un 80% aproximadamente, tuvieron episodios por primera vez, mientras que un 10% lo tuvo dos veces, y el resto tres o más.

Sobre las edades al momento de los hechos, casi la mitad de los involucrados tenían entre 16 y 17 años, un 30% entre 14 y 15 y un 15%, menos de 14.