En lo que queda del semestre
Presentarán un proyecto para que el 20% de los contratos en minería, bajo el RIGI, sea con proveedores locales e, incluso, se supere
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado a nivel nacional y que tuvo su réplica en estas tierras, abrió la puerta para que las empresas mineras apuesten a emprendimientos clave. Un punto que desató interrogantes era que el piso del 20 por ciento para la contratación de proveedores locales contemplaba no solo a los de San Juan sino, también, a los del resto del país. Sin embargo, el ministro de la Producción, Gustavo Fernández, aseguró que presentarán un proyecto de ley para que ese porcentaje “se cumpla en la provincia”. No fue lo único, ya que también resaltó que las compañías deberán presentar un plan de desarrollo de proveedores para que “se comprometan a contratar mucho más” de esa cifra. “Si podemos cumplir con ese objetivo, y estamos seguros que así va a ser, va a resultar anecdótico si se contrata el 20 por ciento con proveedores de San Juan”, remarcó.
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El titular de la cartera productiva lanzó las definiciones en el programa “A todo o nada”, de Radio Light, en donde también habló de la creación de un certificado de crédito fiscal. Se trata de una herramienta para que el sector industrial pueda cancelar Ingresos Brutos y otros impuestos, dado que estaba exento del primer tributo, pero, por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia se vio obligada a imponer el gravamen. En ese marco, Fernández le cerró la puerta a un pedido de la Unión Industrial de San Juan de compensar a unas 30 compañías que pueden quedar afuera.
Además, el ministro dio detalles del porcentaje de daño de las zonas cultivadas tras el granizo, lo que será parte de la declaración de la emergencia agropecuaria que se enviará a Nación para tramitar beneficios impositivos para los productores afectados.
Con respecto al plan de proveedores locales para la minería, Fernández destacó que el proyecto de ley, “seguramente, en muy poquito tiempo vamos a estar teniendo novedades”. Incluso, afirmó que dentro de este primer semestre se estará presentando en la Cámara de Diputados.
El ministro sostuvo que “lo que vamos a procurar y orientar es que ese piso del 20 por ciento (que establece el RIGI para la totalidad de los contratos) se cumpla con proveedores de San Juan”. ¿De qué manera? “A través de una norma legal”, respondió el funcionario orreguista.
Así, expresó que, “partiendo de ese piso del 20 por ciento que fija el RIGI, se establecerá un plan en el que las empresas, voluntariamente, ofrezcan el desarrollo de proveedores y nos digan qué porcentaje van a desarrollar en las comunidades (el departamento en el que está el proyecto minero), qué porcentaje en el resto de la provincia y cómo va a ir creciendo con el correr de los años”.
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Por eso, sostuvo que “no queremos conformarnos con un 20 por ciento de proveedores locales. Lo que queremos, a través de los planes de desarrollo, que las empresas se comprometan a contratar mucho más. No tengo dudas que las compañías van a presentar proyectos de desarrollo de proveedores superiores al 20 por ciento”.
Asimismo, explicó que un “concepto positivo” que incorpora el RIGI es que ese 20 por ciento es “de la totalidad de los contratos” y “no sobre la nómina de proveedores, que es lo que históricamente han hecho las empresas”. De esa manera, graficó: “Las compañías a veces dicen que contratan el 70 por ciento de proveedores locales, pero, a veces, representan el 10 por ciento del total de las compras que hace la empresa. El RIGI introduce el concepto de evaluar el desarrollo de proveedores sobre los montos de contratación y fija un piso del 20 por ciento”.
Como el RIGI está dentro de una ley nacional, se le consultó al ministro de Producción si una norma local, que establezca que ese porcentaje deba ser netamente sanjuanino, iba a producir un obstáculo legal. Fernández lo descartó y aseguró que “una norma local que estipule la necesidad de tener un plan de desarrollo de proveedores, ajustado a los proveedores locales, va a ser nuestra salvaguarda”.
Además, agregó que “vamos a procurar que el alcance sea a todas las empresas que hacen exploración, las que están explotando, construyendo y aquellas que hagan trabajos de cierre de mina. Es decir, en todas las etapas”. Incluso, señaló que “las contratistas o proveedoras directas de las operadoras mineras, especialmente aquellas que estén categorizadas, de acuerdo a la ley nacional, como grandes o medianas empresas, van a tener que cumplir con estos postulados que pretendemos instalar a través de una legislación”.
Asimismo, indicó que el proyecto contempla “alguna herramienta que nos asegure niveles mínimos de contratación de mano de obra y profesionales locales”.
Un no al pedido de la Unión Industrial
0264 Noticias había adelantado el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual cuestionó que el Ejecutivo le cobrara Ingresos Brutos a las empresas que no tuvieran radicadas sus fábricas en la provincia, mientras que, al resto de las industrias, las mantuviera exentas del impuesto.
En líneas generales, el máximo tribunal entendió que la situación era discriminatoria. Así, el Gobierno se vio obligado a imponerle el tributo a todo el sector industrial. Sin embargo, la gestión orreguista ideó un mecanismo para que las empresas continuaran con el beneficio de no pagar Ingresos Brutos, con el fin de sostener una actividad que emplea mano de obra y produce valor agregado.
Así, salió el crédito fiscal que las compañías pueden solicitar y que equivale a un monto de 3 millones de pesos por año por empleado registrado, cuyo total no sólo servirá para pagar Ingresos Brutos, sino, también, el resto de los impuestos, como Inmobiliario y Automotor.
La medida no implica un desembolso extra para la provincia, ya que se trata de un dinero que no se recibía del sector industrial por la exención impositiva.
Luego del anuncio, en la Unión Industrial de San Juan señalaron que, a pesar del bono de crédito fiscal, unas 30 industrias no llegarán a cancelar el total de Ingresos Brutos, por lo que van a pedir una compensación adicional. Sin embargo, el ministro de Producción le cerró la puerta a ese planteo.
“En el análisis previos que hemos hecho, entendemos que, con lo que se ha sancionado, les alcanza a aquellas empresas que realmente desarrollan una actividad industrial, que en San Juan son unas 650”, disparó Fernández. Es que sostuvo que “es probable que alguna empresa que antes usaba la exención de Ingresos Brutos bajo algún disfraz de actividad industrial hoy tenga que pagar”.
El titular de la cartera productiva coincidió con la UISJ en que habrá empresas que probablemente pague el impuesto. Pero, resaltó que “son casos de compañías con muy poquito personal, lo cual nos lleva a pensar de que no hay una actividad industrial de peso o que emplee mano de obra de manera formal”.
Así, ahondó que “hemos visto casos de empresas con actividad declarada en la industria metalúrgica con altos niveles de facturación y con tres o cuatro empleados. Uno intuye que ahí hay un trabajo de tipo comercial, más bien de subcontratación de empresas, que son las que llevan adelante la actividad industrial”. Incluso, habló de “alguna bodega con altos niveles de facturación con cuatro empleados registrados. Puede haber alguna situación de empleo no registrado”, remarcó.
De esa manera, Fernández sostuvo que esas empresas pueden acceder al crédito fiscal dependiendo de la cantidad de trabajadores registrados que tenga. “Probablemente, no les alcance para cubrir la totalidad del impuesto, pero son muy pocos casos. No deben ser más de 20 empresas, en el cálculo que hemos estado haciendo. Evaluamos que no estamos cometiendo ninguna injusticia”.
Daños del 50% por granizo y peronóspera
Por otro lado, Fernández indicó que se han radicado unas 430 denuncias por granizo (desde diciembre a febrero) y “por afectación temprana, en octubre, por peronóspera, un hongo que ataca la vida y, lo grave de este año fue que afectó en el período de brotación, cuando se estaba formando el racimo”.
En ese marco, resaltó que se vieron dañadas unas 10 mil hectáreas, de un total de 76 mil hectáreas cultivables, lo que representa poco más del 13 por ciento de la superficie. “En lo que fueron las denuncias por granizo, tenemos casi 8 mil hectáreas”, señaló el ministro, quien agregó que el porcentaje promedio de daño fue del 50 por ciento, con zonas con afectación total y otras entre el 20 y 30 por ciento.
Entre los departamentos más afectados se encuentra Sarmiento, “fundamentalmente con los problemas de granizo, pero también ha tenido afectación por peronóspera”. El otro lugar complicado “ha sido 25 de Mayo, que ha liderado las denuncias por el brote de peronóspera temprana. Después, tenemos Pocito, Caucete y un parte de Santa Lucía con daños significativos”.
¿Para qué toda esa información? La cartera productiva tiene dicho informe para presentar a la hora de la declaración de la emergencia agropecuaria, con el objetivo de enviar esa normativa y la documentación a Nación. La idea es conseguir beneficios impositivos para los damnificados. La ley nacional exige que el nivel de daño sea del 40 por ciento para acceder a ciertas exenciones tributarias, explicó Fernández, además de las gestiones que está realizando el gobernador Orrego por recursos extra.