La anterior gestión de DECSA, en la mira por casi $5 millones por el pago de un alquiler sin contrato

Tras analizar el ejercicio 2023 de la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA), el Tribunal de Cuentas encontró un posible procedimiento irregular que puede derivar en un perjuicio patrimonial. Se trata del pago del alquiler de un espacio en el predio de otra empresa (Declaver SA), en el que no figura el contrato de locación. Por lo tanto, no hay una rendición documentada de gastos, dado que el organismo de contralor no pudo determinar el precio mensual y si era razonable o no, según indica su resolución. Así, en la mira quedó quien fue el interventor, Vicente Pellicer, además de otros tres miembros de la compañía, por casi 5 millones de pesos, más intereses legales.

El Tribunal es el órgano de control posterior del gasto público y lo que hizo fue la formulación de un cargo, que no es otra cosa que la imputación de un perjuicio patrimonial. En ese marco, el organismo ya notificó a los presuntos responsables para que hagan sus descargos y presenten la documentación respaldatoria de los gastos efectuados.

Si justifican las erogaciones, zafan del llamado cargo y la cuenta 2023 se aprueba. Si no, el Tribunal declara la responsabilidad de los funcionarios. No obstante, pueden pedir que el organismo revea su decisión y, como última instancia, acudir a la Corte de Justicia. Si el fallo queda confirmado, el Tribunal debe enviar las actuaciones a Fiscalía de Estado para que se ejecute la sentencia y pueda cobrarse y subsanarse el perjuicio patrimonial entre los implicados.

El fallo del órgano de control salió hace unas semanas, pero trascendió en estos días. El Tribunal analiza las cuentas de todas las reparticiones del Ejecutivo, los municipios y empresas del Estado. DECSA, pese a su denominación, es una empresa que administra la provincia, cuyas autoridades designa el Ministerio de Obras Públicas, explicaron las fuentes.

En el caso de la distribuidora eléctrica de Caucete, la cuenta que se estudió fue la de 2023, cuyo interventor era Pellicer, quien asumió en abril de 2022. Se trata de un dirigente peronista, que ocupó el cargo hasta el mismo mes del año pasado, quien fue reemplazado por Daniel Castro.

En los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas analizó el alquiler de espacio cedido en el predio de la empresa Declaver S.A, para el depósito de materiales de DECSA por el período Enero - Noviembre 2023.

Así, determinó que se produjo el desembolso del costo del alquiler sin contrato de locación. Por eso, se le formuló el cargo por los pagos sin justificación documental que los avale. El monto es de 4.902.582 pesos y los presuntos responsables señalados fueron Pellicer, el coordinador Administrativo Contable, Eduardo Balmaceda;  el jefe de Área Administrativa, Jorge Ferre, y la integrante del Área Contable, Analía Galdamez, según indica la resolución del organismo.

Además, el Tribunal le hizo una serie de recomendaciones a las nuevas autoridades, como cumplir con la normativa en materia impositiva como Agente de Retención, implementar normas de procedimientos formales sobre administración, custodia y registración de Bienes de uso, definir funciones y responsabilidades para los distintos puestos del organigrama.

Incluso, se recomendó la separación de funciones entre las áreas de Tesorería, Personal y Contable; implementar normas de procedimientos operativos para los circuitos Administrativos que impactan en la recaudación y registración de fondos y establecer una normativa interna sobre emisión de cheques.