Detalles del dictamen
Otro fiscal resaltó la “desconcertante ignorancia del derecho” del juez penal Montilla
El fiscal de la Unidad Delitos Especial, Nicolás Schiattino, archivó la denuncia que había presentado el juez de Garantías, Roberto Montilla, contra personal de la Comisaría Cuarta por la viralización de los videos en los que aparece en dicha seccional pidiéndoles a policías que trasladen a un detenido, que no estaba bajo su competencia, a un hogar de adultos mayores. El representante del Ministerio Público no sólo explicó que no se configuraron los delitos que expuso el magistrado sino que, también, remarcó su “desconcertante ignorancia del derecho”.
Tal calificación había esgrimido uno de los fiscales Coordinadores de Delitos Especiales, Francisco Micheltorena, quien también había desestimado una denuncia de Montilla, quien, en esa ocasión, le había apuntado al fiscal Iván Grassi por la filtración de los videos. Este último representante del Ministerio Público se encuentra investigando al juez penal de Garantías por usurpación de funciones en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Las definiciones de los fiscales no son menores, ya que pueden alimentar la causal de un juicio de destitución por desconocimiento notorio del derecho, tal cual habían dejado trascender fuentes del Ministerio Público como una medida contra Montilla.
Con respecto a su última denuncia, el magistrado la hizo en la delegación local de la Policía Federal, la que luego fue enviada a la Fiscalía Federal, a cargo de Francisco Maldonado, tal cual había adelantado 0264 Noticias. En su planteo, Montilla había solicitado que se investigue a todo el personal de la Seccional Cuarta por la filtración del video.
En ese marco, dejó sentada la figura de “cohecho pasivo”, dado que aseguró que los videos fueron vendidos y que hubo periodistas lo compraron. Además, puso en el tapete la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
De todas formas, Maldonado respondió que, “en relación a los hechos presuntamente ilícitos expuestos por el denunciante, tratándose de delitos de índole común, no ameritan ser Investigados en este fuero federal, por cuanto no se advierte que afecten en forma directa o indirecta el patrimonio Nacional, la seguridad del Estado o el normal funcionamiento de alguna de sus instituciones”.
Por ello, envió la causa a la Justicia provincial y le recayó al fiscal Nicolás Schiattino. En su dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo, con respecto al cohecho pasivo, que “la Doctrina, en general, sostiene que el cohecho es, genéricamente, un delito que atenta contra la administración pública” y que lo que “se castiga es (…) la posibilidad de que el funcionario sea sobornado en sus actos funcionales”.
En cuanto al presunto incumplimiento de sus deberes por parte de los uniformados, Schiattino indicó que “no se invoca qué personal de Ccomisaría Cuarta hubiere, en ejercicio de sus funciones, dictado algún tipo de resolución u orden o hubiere omitido el dictado de aquellas”, que son las características de tal figura delictiva. “Ni por acción ni por omisión, se describe el modo en que los denunciados hubieren ejecutado, omitido o retardado actos propios de su función”, remarcó el fiscal.
Por eso, Schiattino resaltó que “el accionar denunciado no reúne al menos una nota característica del tipo penal pretendido, evidenciándose una desconcertante ignorancia del derecho por parte del denunciante, al considerar su calidad de magistrado del fuero penal”. Además, señaló que las definiciónes de que los videos fueron vendidos, “son solo apreciaciones subjetivas y agraviantes en contra del personal policial de comisaría Cuarta”, dado que aclaró que los videos “son de un establecimiento público, de una cámara pública y solicitados por el órgano investigador, no habiendo en su caso afectado ningún derecho o garantía constitucional”.
No fue lo único, ya que el juez Montilla había solicitado que declare un grupo de periodistas, entre ellos, una profesional de 0264 Noticias, para que revele cómo consiguieron los videos. El fiscal subrayó que “no encuentro justificación seria para indagar sobre el origen de las publicaciones periodísticas, atentando contra una prerrogativa fundamental en la labor periodística de recolectar noticias, que supone el derecho a una relación confidencial entre el periodista y su fuente, y el entendimiento o promesa de que ciertos nombres o circunstancias se mantendrán en reserva; si tal vínculo quedase sometido a un poder desenfrenado del gobierno para citar como testigos a los periodistas, se afectarían de modo significativo los derechos de la prensa, ya que las fuentes dejarían de confiar en los reporteros y no divulgarían información, todo lo cual llevaría a la autocensura de los medios”.
También remarcó que, “para el ejercicio de su labor, el periodista goza del secreto profesional (…) Ese secreto coadyuva a obtener y difundir la información que interesa a la sociedad, ya que tanto en el ámbito privado como público se generan datos y noticias que son revelados bajo la condición expresa de preservarse la reserva de la fuente del informante. En el caso particular, tengo en especial consideración que la información difundida, lejos de ser agraviante a los derechos personales del denunciante, no se refiere a cuestiones personales o íntimas que pudieran gozar de una protección especial. Muy por el contrario, se relacionan, objetivamente, a una crítica de desvío funcional que debe ser investigada y conocida por las instancias jurisdiccionales y administrativas y conocidas por la sociedad”.