La insólita denuncia del juez Montilla contra el fiscal Grassi, quien lo está investigando

“Incumplimiento de los deberes de funcionario público por haberse injuriado a un juez de Garantías de la provincia” y “tráfico de influencias por haber filtrado un video y violentado el plexo probatorio”. Eso contiene la denuncia que el juez de Garantías, Roberto Montilla, le hizo al fiscal Coordinador de la Unidad de Investigación Delitos Especiales, Iván Grassi, quien lo está investigando, a su vez, por mejorar la situación de una persona detenida por estafa.

La denuncia de Montilla es, de mínima, insólita. Fuentes judiciales explicaron, en primer lugar, que la injuria (deshonrar o desacreditar a una persona) es un delito de instancia y de acción privada. Por lo tanto, debería constituirse como acusador privado y ejercer la acusación de manera personal ante otro juez de Garantías. No pedirle al Ministerio Público Fiscal que investigue un delito de acción privado, dado que lo que persigue son hechos de acción pública.

Por otro lado, señalaron que la injuria no se configura en los funcionarios públicos, como un juez, dado que deben soportar las críticas y opiniones que se viertan sobre su actuación, salvo que se compruebe que exista lo que se denomina real malicia. Encima, contra Montilla no hay cuestionamientos, sino una investigación penal de una fiscal que, luego, otro magistrado determinará si ha incurrido o no en un delito.

El otro punto de la denuncia de Montilla tuvo que ver con el tráfico de influencias. Según el juez, Grassi habría incurrido en esa maniobra por filtrar un video en el que el juez se encuentra en la Comisaria Cuarta, hablando con policías, a los que les había pedido que trasladaran a Benito Martín, detenido por estafa, a un hogar para adultos mayores.

Ahora, ese hecho no encuadra en la figura del tráfico de influencias, contemplado en el artículo 256 bis del Código Penal. La norma castiga al que “por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere dinero o cualquier dádiva (…) para valer, indebidamente, su influencia ante un funcionario público, a fin de que este haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Es decir, la figura es un delito contra la administración pública, ligada a un hecho de corrupción. Las fuentes daban el ejemplo de un empresario que obtiene información sensible y detallada de un funcionario público en un llamado a licitación para ser favorecido y conseguir un contrato de obra pública. Ergo, no tiene nada que ver con la filtración de un video que llegó a los medios de comunicación.

Montilla realizó la denuncia a eso de las 17 en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos Especiales ante un ayudante fiscal. Así, será girada a un fiscal, que deberá decidir si la archiva o no. Por lo llamativo del contenido, el resultado parece cantado.

El lunes, el juez se sentará en el banquillo de los acusados para enfrentar la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Ahí, el fiscal Grassi le leerá la imputación y desplegará las primeras pruebas en su contra. Luego, solicitará el plazo de investigación.

Montilla quedó en la mira luego de que, el sábado 5 de abril, cuando estaba de turno, llamara a oficiales de la Comisaría Cuarta para que trasladaran a un hogar de adultos mayores a Benito Martín. Como no se produjo la derivación, el juez de Garantías se dirigió en la noche hasta la Seccional para pedir que se cumpliera lo que solicitaba.

Tanto los policías como un ayudante fiscal le hicieron saber que el detenido estaba bajo disposición del juez de Flagrancia, Ricardo Moine, por lo que no tenía ninguna competencia ni facultad para intervenir en ese caso. Por eso, Grassi había señalado que le imputará incumplimiento de los deberes de funcionario público y usurpación de funciones en grado de tentativa.