Tras el pedido de informe del PJ, la ministra de Gobierno dijo que “Inspecciones Jurídicas se encontró con entidades sin balances y con mandatos vencidos”

La ministra de Gobierno, Laura Palma, le respondió al bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, tras el pedido de informe que presentaron en el que solicitaron que la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) dé una información detallada sobre la intervención o normalización de entidades intermedias y asociaciones civiles, como uniones vecinales y clubes. La funcionaria orreguista fue categórica al indicar que le parece “perfecto que pidan los informes que necesiten o quieran conocer”, pero la realidad indica que la nueva gestión se encontró “con una repartición que estaba complicada”, ya que había “uniones vecinales y clubes sin balances de 6 a 7 años para atrás”, que contaban con “autoridades con mandatos vencidos”, por lo que “lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno es ayudarles y acompañarlos a regularizar la situación”. Eso no fue lo único ya que la funcionaria deslizó una arista política al expresar que “tal vez hay instituciones que han estado muy politizadas y, entonces, tal vez, creen (por el PJ) que todos trabajamos igual, pero nosotros somos un gobierno nuevo y somos un gobierno distinto que hace lo que corresponde”.

El bloque justicialista en Diputados, encabezado por el presidente del Partido Justicialista (PJ), Juan Carlos Quiroga Moyano, presentó tres pedidos de informes para que sean respondidos por la gestión orreguista. La movida opositora fue un contraataque a los cuatro proyectos de comunicación que presentó el oficialismo legislativo la semana pasada, en el que solicitó información al Ejecutivo para que dé cuenta sobre presuntas irregularidades de la gestión uñaquista. El pedido del interbloque Cambia San Juan se centró en la instalación de cañerías en el Acueducto Gran Tulum, en la entrega de subsidios a la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), los gastos en conceptos de publicidad y propaganda realizados en 2023 a una empresa de Buenos Aires y dos demandas judiciales contra la provincia por la actuación del entonces Ministerio de Desarrollo Humano por un total de unos 1.823 millones de pesos. A su vez, desde el interbloque Justicialista hicieron foco en “el apoyo financiero a la empresa FB Líneas Aéreas”, la “contratación directa por la compra de Kits Escolares” y “resoluciones administrativas mediante las cuales se dispuso la intervención o normalización” de entidades intermedias y asociaciones civiles. Todos los proyectos presentados serán girados a comisión por lo que habrá que esperar si tienen el visto bueno de la Cámara para ser girados al Ejecutivo.

Sobre el pedido de informe al Ministerio de Gobierno, por la intervención de la IGPJ, el presidente del bloque Justicialista dijo que “nos llama la atención lo que está ocurriendo en toda la provincia sobre las intervenciones. Queremos saber por qué se ha decidido la intervención de las entidades y qué plazo es el que se ha definido para la normalización”.

Al ser consultada sobre el planteo opositor, la ministra de Gobierno, Laura Palma, sostuvo que “lo que tratamos de hacer desde el Ministerio de Gobierno es poner un poco de orden en la Inspección de Personas Jurídicas. Al asumir en la gestión, en diciembre del 2023, nos hemos encontrado con una repartición que estaba complicada con uniones vecinales sin balances y también los clubes y diferentes asociaciones civiles”. Así, remarcó que han existido entidades “sin balances desde hace 6 a 7 años atrás y con autoridades que tenían los mandatos vencidos. Lo que hemos hecho desde el Ministerio de Gobierno es ayudarles y acompañarlos a regularizar la situación”.

A su vez, la funcionaria orreguista le respondió al PJ al expresar que “aquellas instituciones que han tenido algún tipo de intervención son porque tienen mucha deuda de documentación de balances y con autoridades vencidas que no se llamaron elecciones desde hace años”. Además, fue más allá, al indicar que “tal vez hay instituciones que han estado muy politizadas y, entonces, creen (por el PJ) que todos trabajamos igual, pero nosotros somos un gobierno nuevo y distinto y hacemos lo que corresponde. Estamos tranquilos y vamos a contestar cualquier pedido de informes que nos requieran”.

Por lo bajo, reclamos políticos cruzados por el funcionamiento de la Inspección General de Personas Jurídicas, ya que desde el orreguismo indican que las gestiones anteriores utilizaron a las instituciones intermedias, como uniones vecinales y asociaciones civiles, con un fin político y por eso otorgaron prórrogas de mandatos por años sin asambleas ni balances contables al día. Por otro lado, desde el peronismo indican que el orreguismo está realizando esa tarea a través de las intervenciones y dan como ejemplo lo que ocurrió en la Unión Vecinal de Rodeo, en Iglesia, entidad que fue intervenida y quedó al frente de Analía Cortes, dirigente de estrecha llegada al orreguismo, ya que fue candidata a diputada departamental suplente en la elección 2023.

Para revertir esa acusación, fuentes calificadas indicaron que, durante el 2024, la IGPJ intervino un 40% menos entidades que el último año de la gestión uñaquista y que habilitó el doble de asambleas.