Proyecto en ciernes
Gobierno apunta a modificar una ley para, además de la compactación, subastar vehículos del Depósito de 9 de Julio
Desde el Ejecutivo informaron que ya tienen listo el expediente para licitar la compactación de vehículos decomisados que se encuentran en el Depósito Judicial de 9 de Julio, la que se prevé para este mes o el que viene. No fue lo único, ya que salió a la luz que el Gobierno está trabajando en un proyecto para cambiar la normativa con el fin de que se permita la subasta de las movilidades.
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La movida la dio a conocer el secretario de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Juan José Dubos, quien señaló en el programa “Demasiada información”, de Radio Light, que “estamos trabajando en la modificación de la ley”, dado que “lo único que puede hacer el Estado es la compactación”.
En ese marco, explicó que se viene el proceso para convertir las movilidades en un cubo de chatarra, pero “la idea sería tener la ley terminada para la próxima oportunidad y, en vez de hacer una compactación, realizar una subasta”.
La norma que regula el proceso de compactación es la 1.810 A, la que, además, contempla el mecanismo de descontaminación (extracción de baterías y líquidos) y desguace (el retiro de elementos reciclables). Justamente, la norma no hace mención al remate de los vehículos y es la incorporación que quieren introducir desde la gestión orreguista.
El secretario de Gobierno expresó que se trata de una alternativa, dado que, en otros remates que se han producido, “lo que se subasta, la gente lo compra”. La referencia apuntó a ciertas movilidades que se encuentran sumamente deterioradas, pero que los interesados pueden adquirir esas unidades para conseguir repuestos, por ejemplo.
De todas formas, Dubos explicó que convivirán las dos opciones, dado que aquellos vehículos que no se puedan rematar, irán a parar a la compactación. Si bien aún no tienen una fecha precisa para la presentación del proyecto de ley, el funcionario orreguista sostuvo que se llevará adelante en el transcurso del año.
Las movilidades en el Depósito de 9 de Julio se encuentran a raíz de infracciones de tránsito y contravenciones en las que incurrieron sus propietarios. Así, hay autos, camionetas, camiones y, principalmente, motos, los que están a disposición de los tres Juzgados de Faltas de la provincia. De acuerdo a estimaciones oficiales, hay unas 3.500 movilidades, además de que se encuentran bicicletas. El objetivo es “vaciarlo”, destacó el desta
No es lo único, ya que también hay vehículos secuestrados debido a que están vinculados a hechos delictivos (como robos) o presentan adulteraciones entre sus componentes (como el motor) o en su documentación. En esos casos, las movilidades se encuentran ligadas a procesos judiciales, ya sean del ámbito provincial o federal, cuya titularidad no se puede tocar hasta que no finaliza el juicio.
Sucede que, para llevar adelante la compactación y, en un futuro, el remate de un vehículo, hay que decomisarlo, lo que implica la “pérdida de la propiedad de las cosas muebles, vehículos o partes de ellos”. ¿Cómo se logra eso? La ley 1.810 A establece la declaración del “estado de peligrosidad” de, por ejemplo, las movilidades y “la conveniencia de decomiso” debido a que, por su estado, “constituyen un riesgo para el ambiente, la salubridad o seguridad pública”. Dicha declaración la hace la Secretaría de Ambiente sobre los vehículos que “permanezcan por un plazo mayor a seis meses en dependencias o depósitos del Poder Ejecutivo Provincial, contado a partir de la fecha del secuestro”.
Por esa situación, las movilidades que van a compactación son las que están bajo la órbita de los Juzgados de Faltas, ya que no se pueden afectar la propiedad de aquellas que se encuentran en medio de un proceso de la Justicia provincial o federal.
La normativa determina que, transcurridos los seis meses, se notifica al Juzgado interviniente para que en un plazo de 10 días informe su interés en la preservación del bien. Además, se publica en el Boletín Oficial las movilidades a compactar, con el fin de que los dueños tengan la instancia de recuperarlas, previo pago de multas y el costo de la guarda en el depósito.
En “Demasiada información”, Dubos explicó que se van a compactar cerca de 200 autos y unas 11 mil motos que corresponden al lote de los años 2020 – 2021. Previo a ello, se lanzará una licitación, para que empresas interesadas lleven adelante el procedimiento.
El funcionario indicó que hay entre dos y tres empresas interesadas en anotarse. La que gane se deberá al monto que le ofrezca al Estado por tonelada de chatarra compactada, que luego la revende a empresas productores de acero, como Acindar. Además, debe demostrar la capacidad para llevar a cabo el trabajo.