Condenaron a tres años de prisión efectiva a los dueños de Garder por estafa a la OSP

Esta tarde, el juez Matías Parrón brindó su veredicto en el caso Garder, la empresa de salud investigada por un supuesto fraude a la Obra Social Provincia (OSP), más la adulteración de documentos públicos y privados. En su dictamen, el magistrado condenó a tres años de prisión efectiva a los dueños de Garder, Marilina de la Fuente y Eduardo Guzmán, quienes fueron trasladados apenas finalizó la audiencia judicial al Penal de Chimbas para cumplir la sentencia. Mientras que, la hija de ellos, Florencia Molina, y la médica María Noel Becerra, quedaron absueltas por el beneficio de la duda.

De esta forma, se cierra en esta instancia una causa que tuvo tres años de investigación. Cabe recordar que el fiscal del caso, Iván Grassi, había solicitado tres años en suspenso a De la Fuente, Guzmán y Molina, mientras que dos a la médica, Becerra.

Las imputaciones en líneas generales eran por facturar servicios que no se prestaron, como la entrega de módulos de alimentación enteral y operaciones en clínicas privadas.

El escándalo estalló en octubre de 2022, cuando el entonces interventor de la OSP, Daniel Greco, radicó la denuncia contra Garder, una compañía que brindaba alimentación enteral a los afiliados de la entidad que se encontraban en internación domiciliaria. La alimentación enteral es la administración de nutrientes directamente al aparato digestivo del paciente por medio de una sonda o botón gástrico. Por cada módulo de alimentación enteral, la OSP le pagaba una suma a la empresa.

Tras la denuncia y la investigación, se detectaron y confirmaron ocho casos en los que la entidad estatal pagó servicios de alimentación enteral que no se realizaron. El caso testigo es el de una mujer de Zonda, de apellido Monla. Garder había informado que le entregaba los módulos de alimentación enteral en su casa, dado que estaba con internación domiciliaria, pero, en realidad, la paciente estaba alojada en un geriátrico. Por lo tanto, la prestación se facturó y se cobró, pero nunca existió.

En esa maniobra quedaron bajo la lupa De la Fuente, Guzmán y Molina, los responsables de la empresa. En la causa, hubo otros cinco imputados, pero, al final, fueron sobreseídos. Dos de ellos trabajaban en Garder y aportaron datos que complicaron a los propietarios de la empresa, al punto que fueron convocados como testigos por el fiscal.

A la hora de presentar la documentación para facturarle a la OSP, Garder presentaba un listado de pacientes que contaba con un informe nutricional y otro de enfermería, los que contaban con las firmas y sellos del nutricionista Federico Quintana y el enfermero Mauricio Mesías.

Sin embargo, cuando se les exhibió la documentación, ambos aseguraron que las firmas y los sellos que estaban en los informes de un grupo de pacientes no eran de ellos y que no habían visitado a esas personas. Grassi encaró una pericia, la que confirmó que las firmas y los sellos fueron adulterados. Así, el fiscal resaltó que los responsables de Garder utilizaron el nombre y cargo de Quintana y Mesías, fraguaron sus firmas para utilizarlos como “títeres” por los “mentores y ejecutantes” de la maniobra para “obtener un beneficio económico ilegal en perjuicio del patrimonio de la OSP”.

Luego, hubo otra modalidad delictiva, que fue denunciada por Greco en agosto de 2023 y desencadenó otra investigación. En esa maniobra, Grassi sostuvo en su acusación que Garder presentaba documentación en la que constaba que realizó prácticas de vías centrales (o catéter venoso central) para el suministro de medicamentos o nutrición a 18 pacientes, lo que llevó a cabo en clínicas privadas, como el Hospital Privado y uno de Jáchal, por ejemplo. Por su complejidad, tal intervención debe hacerse en un quirófano.

Sin embargo, la investigación demostró, a través de informes de dichos centros de salud y de testimonios de familiares, que dichos pacientes nunca pasaron por los quirófanos de esas clínicas privadas, dijeron las fuentes. De esa manera, los dueños de la empresa cobraron por prácticas que no hicieron.

De acuerdo a la acusación, desde Garder presentaron historias clínicas, por ejemplo, del Hospital Privado, con el consentimiento firmado de los familiares o del paciente, pero dichos documentos estaban fraguados, señalaron las fuentes.

En esta modalidad entró a tallar la médica María Noel Becerra. De acuerdo a la acusación, la profesional trabajaba en el Cymin, en donde estaba internada una mujer. Como también cumplía tareas en Garder, no podía derivar una internación domiciliaria a la empresa privada porque había como un conflicto de intereses. Por ello, utilizó el sello de un colega e inventó una firma para autorizar la internación en la casa de la paciente bajo el alcance de Garder. La adulteración quedó confirmada a través de una pericia, aseguraron las fuentes.