Derivación de un juicio
En un fallo, un juez resaltó el aumento “significativo” del patrimonio de un empresario primo de Uñac de 2009 a 2022
El juez civil Héctor Rollán llegó a la conclusión que el empresario Gustavo Monti “aumentó de manera significativa su patrimonio” de 2009 a 2022. Tal crecimiento se dio, a título personal o a través de la empresa PVC San Juan, de la que es socio gerente, porque consiguió “numerosas licitaciones del Estado provincial” y de “diversos municipios”, durante “los años en que su primo, el actual senador Sergio Uñac, ocupó importantes cargos provinciales y municipales”.
En ese marco, el magistrado enumeró en su fallo que PVC San Juan cuenta con la titularidad de 14 automotores, adquiridos de 2013 a 2023, mientras que el empresario posee 10 vehículos, cuyas titularidades van de 2013 a 2024.
Además, consta que la empresa posee dos inmuebles en Capital, dos en Ullum y uno “con reserva de usufructo vitalicio a nombre de Gustavo Monti”, según la sentencia. También figuran “30 movimientos migratorios”, entre los que se encuentran viajes a Chile, Brasil, Panamá, España, Alemania, Italia, Suiza, República Dominicana y Uruguay de 2010 a 2023.
El magistrado arribó a dicha conclusión luego de la prueba que presentara el abogado Marcelo Arancibia, quien defendió al periodista Osvaldo Benmuyal en un juicio por injurias y calumnias que le había iniciado el propio Monti. Este había considerado que las expresiones que el periodista dio en su programa radial sobre su situación económica y cómo consiguió las licitaciones, entre otras definiciones, eran “lesivas al honor y reputación personal”.
Sin embargo, Rollán no solo entendió que es aplicable la doctrina de la real malicia, en la que el demandante debe demostrar que la noticia que se difunde es falsa y que el periodista conocía de tal falsedad, sino que “no se acreditó el carácter falso de la información contenida en ciertas expresiones de la difusión periodística”.
Por eso, el juez desestimó la demanda por daños y perjuicios que había encarado Monti, en la que le reclamaba una indemnización de 6 millones de pesos.
La sentencia salió el martes y su contenido tuvo impacto en el mundillo de la política. Luego de que se entablara la demanda, Arancibia solicitó prueba documental sobre las licitaciones que consiguió no sólo Monti sino, también, su empresa PVC San Juan tanto a nivel provincial como municipal, además de informes a la Dirección Nacional de Registros de Propiedad del Automotor, del Registro General Inmobiliario y la Dirección Nacional de Migraciones.
Ante ese plante, el empresario, a través de su abogado, se opuso a la producción de esa prueba al señalar que quien demandaba era Monti y “no PVC San Juan”, por lo que la recolección de tal información “no es pertinente ni conducente ni útil para resolver este proceso de daños”. Era como abrir la caja de Pandora. Y Rollán le hizo lugar al pedido de Arancibia y llegaron los informes.
Por un lado, de la Tesorería General de la provincia, el cual indicó tres comprobantes de pago a favor de Monti como proveedor del Estado y un total de 62 a nombre de PVC San Juan desde 2005 a 2022.
En su fallo, Rollán señaló que Uñac, primo de Monti, fue intendente de Pocito (de 2003 a 2007 y de 2007 a 2011), vicegobernador (de 2011 a 2015) y gobernador (de 2015 a 2019 y 2019 a 2023). Dentro de ese período, el magistrado remarcó que el empresario obtuvo “numerosas licitaciones del Estado provincial (…) y de diversos municipios”.
Los informes reflejaron que, en Pocito, PVC San Juan es proveedor de la comuna desde el 1 de enero de 2012 hasta el 5 de septiembre de 2024. Desde Chimbas, se informó que la compañía proveyó una sola compra por 2.250.000 bajo la modalidad de contratación directa.
En Ullum, se comunicó que la empresa, de 2005 a 2014, “tuvo a su cargo la realización de obras en el ejido del municipio”. Desde Rawson, el informe reveló que PVC San Juan fue proveedora en 2004, 2013 y 2024.
En Sarmiento, se respondió que la compañía fue contratada desde el 29 de septiembre de 2004 al 3 de mayo de 2023, mientras que en Calingasta se contestó que se firmó un contrato con PVC San Juan para la construcción de 22 viviendas sociales del Barrio Alto Verde. Sin embargo, se informó que, por la falta de financiamiento provincial, “la obra quedó inconclusa”.