Estafas con viviendas: le extendieron la domiciliaria a Storniolo y continuará detenido otros cinco meses

Este lunes se llevó a cabo una audiencia de renovación de medidas cautelares en la causa penal que investiga una serie de estafas vinculadas a la venta de lotes, y que tiene como principales imputados a Héctor Storniolo y su pareja, Patricia Nacif. Fiscalía solicitó al juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi la extensión de la prisión domiciliaria que cumple Storniolo, ante el vencimiento de la medida dictada el 30 de diciembre de 2024 y la cual llegaba a su fin este lunes.

La causa investiga una estafa reiterada que asciende a unos $2.700 millones, con la venta irregular de más de 300 lotes en barrios privados. Los compradores, confiando en las promesas de urbanización y escrituración, invirtieron en terrenos que finalmente no contaban con la aprobación legal ni con transferencias de dominio realizadas.

En el mismo expediente, está imputada Patricia Nacif, pareja del empresario, quien fue vinculada a la causa como "partícipe necesaria", aunque se encuentra en libertad. En este caso en particular, Fiscalía solicitó la extensión de las medidas coercitivas que viene cumpliendo. 

Entre los argumentos que esgrimieron el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, aseguran que aún está latente el peligro de entorpecimiento de la investigación y la posibilidad de influir sobre los damnificados. 

A su vez, el fiscal señaló que las denuncias comprobadas rondan las 400 y que restan pericias fundamentales para completar la investigación, por lo que es necesario que se mantengan las medidas cautelares contra Storniolo, al cual señalan como la columna vertebral de la causa, con una participación de un 90% en los casos denunciados; y que además la medidas se extiendan. 

Es por eso que el plazo de ampliación de la preventiva domiciliaria solicitado por el Ministerio Público Fiscal fue de seis meses a partir de este lunes. 

En el caso de Nacif, señalada como partícipe necesaria en estafas con siete barrios y coautora en uno, la ayudante fiscal señaló la necesidad de extender las medidas de coerción que viene cumpliendo como presentarse mensualmente en una comisaría, la promesa de someterse al proceso y de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial. 

El plazo solicitado por Fiscalía para esta extensión de medidas cautelares fue de seis meses, contando desde hoy. La querella adhirió a todo lo expuesto por los fiscales.

Por su parte, la defensa a cargo de Javier Cámpora, hizo un planteo en el que rechazó la extensión de la prisión domiciliaria para Storniolo y en su lugar pidió el cese de las medidas. Entre los argumentos, cuestionó que Fiscalía lleva 9 meses en investigación, señalando que ha tenido "avances escasos". A su vez, manifestaron la imposibilidad de poder generar un acuerdo de reparación con los damnificados, debido a que las cuentas están embargadas; y la dificultad de cumplir con los compromisos, ya que la empresa de Storniolo y las de los otros involucrados se encuentran "paradas", tornando imposible la posibilidad de continuar de construcción y entrega de viviendas. 

Tras un cuarto intermedio, el juez Fernández Caussi resolvió hacer lugar a parte de lo solicitado por Fiscalía y ordenó la ampliación de la prisión domiciliaria de manera preventiva para Storniolo por cinco meses y extender las medidas de coerción para Nacif, por el plazo de seis meses. 

De esta manera, Storniolo deberá permanecer alojado en su domicilio al menos hasta noviembre, mientras avanza la investigación en su contra. 

Cabe recordar que en esta causa también fueron imputados el empresario Juan Mauricio Gallerano Lahoz, el arquitecto Diego Reta, la abogada Marianela Pérez Bedini y los operadores inmobiliarios Federico Salinas y Ricardo Sánchez Montilla. 

En el caso de Gallerano Lahoz, arribó a un acuerdo económico con los damnificados para subsanar el perjuicio financiero y zafó de la imputación, quedando en libertad. 

Sánchez Montilla siguió la misma línea y se comprometió a pagar una reparación económica a más de 30 damnificados, por lo que también quedó en libertad. 

En el caso de Diego Reta y Federico Salinas, ambos se encuentran con prisión domiciliaria, mientras que Pérez Bedini ha quedado en libertad, pero con medidas coercitivas.