Tras llegar a un acuerdo con más de 30 damnificados, uno de los detenidos por la estafa con lotes para construir viviendas recuperó la libertad

Uno de los implicados en la mega estafa, con la venta de más de 300 lotes para construir viviendas en barrios privados en diferentes departamentos de la provincia, recuperó esta jornada la libertad, luego de haber llegada a una reparación integral con más de 30 de los damnificados.

Se trata del operador inmobiliario Ricardo Sánchez Montilla, quien el pasado 15 de abril, resultó detenido junto a otras tres personas involucradas en esta causa, que tiene de principal sospechoso y con prisión domiciliaria al empresario, Héctor Storniolo.

De acuerdo a lo informado en la audiencia de esta jornada en Tribunales, Sánchez Montilla se comprometió a realizar la escritura y pagar lo correspondiente a los estafados con los lotes; mientras que a los que se les vendió en segundo término un terreno que ya tenía otro propietario, el corredor inmobiliario ahora les dará un nuevo lugar.

Con este acuerdo entre el implicado y los más de 30 damnificados, el juez de Garantías, Gerardo Fernández Caussi, decidió su libertad, aunque tendrá que cumplir con ciertas medidas para mantener esa situación judicial.

Por esto, es la segunda persona que llega a un arreglo con parte de los estafados, teniendo en cuenta que el anterior resultó el ingeniero Juan Mauricio Gallerano, quien reparará el daño a decenas de compradores de lotes de la firma 'Tramonto'.

Por otro lado, en la parte final de la audiencia, la defensa de Storniolo pidió su libertad mientras dure el proceso, algo que le denegó el juez. En ese sentido, puntualizó que el principal acusado del proceso tendrá que buscar alguna forma de reparar el daño para con los damnificados, o irá a un juicio tradicional, con penas que seguramente lo mandarán a prisión de manera efectiva.

Cabe recordar que, la causa, que tiene de fiscal a Eduardo Gallastegui de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, investiga una estafa reiterada que asciende a unos $2.700 millones, con la venta irregular de más de 300 lotes en barrios privados. Los compradores, confiando en las promesas de urbanización y escrituración, invirtieron en terrenos que finalmente no contaban con la aprobación legal ni con transferencias de dominio realizadas.