2025-07-10

El orreguismo tomó medidas

Un funcionario del PJ y su familia, manejaron durante 12 años, sin control, un club y ahora deberá enfrentar una intervención

Se trata del Club Los Ángeles, ubicado en Capital. El actual secretario legislativo de la municipalidad de Rawson, Ángel Torres, estuvo al frente más de una década y en el lugar desempeñó tareas su padre y sus dos hermanos.

Aseguran que es una de las instituciones provinciales que más tiempo estuvo intervenida, más de una década, y que hasta el momento no pudo ser regularizada. Al punto que ahora, la Inspección General de Personerías Jurídicas (IGPJ), volvió a tomar cartas en el asunto y designó a una nueva autoridad provisoria. Pero eso no es lo único ya que, lo llamativo, indicaron, es que quien estuvo al frente por 12 años es un funcionario del PJ, el actual secretario Legislativo de la municipalidad de Rawson, Ángel Torres. El exfuncionario de la gestión uñaquista y giojista comandó el club Los Ángeles, de Capital, y junto a él cumplieron tareas su padre y sus dos hermanos. El dirigente, según confirmó, no pudo presentar un solo balance en todo el período que se desempeñó como interventor por no contar con recursos, ya que “el club es inviable económicamente”, pero si dijo que logró conformar balances de años anteriores a su gestión. Sobre su familia, aseguró que no eran empleados, ya que no cobraban, y solo lo ayudaban para hacer que la institución funcione. Su padre cumplió tareas administrativas, dijo que su hermano era el bañero y que su hermana asistía en la limpieza “de vez en cuando”. Consultado por este medio, Torres dijo estar “tranquilo” y que dejó toda la documentación al actual interventor.

Ángel Torres cumple funciones en el Concejo Deliberante de Rawson. 

 

La situación del club Los Ángeles no es la primera que se presenta en la provincia dado que, a través de la Inspección General de Personerías Jurídicas (IGPJ), la gestión orreguista decidió avanzar para normalizar todas instituciones. Dicho escenario derivó en un conflicto político, al punto que la oposición solicitó un pedido de informe en Diputados para que el Ejecutivo dé cuenta de cuántas organizaciones han sido intervenidas y sus motivos. Sobre el pedido de informe y la postura del bloque justicialista, la ministra de Gobierno, Laura Palma, sostuvo, en su momento, que le pareció “perfecto” porque la nueva gestión se encontró “con una repartición (IGPJ) que estaba complicada”, ya que había “uniones vecinales y clubes sin balances de 6 a 7 años para atrás”, que contaban con “autoridades con mandatos vencidos”. Así, fue más allá al indicar que “tal vez hay instituciones que han estado muy politizadas y, entonces, tal vez, creen (por el PJ) que todos trabajamos igual, pero nosotros somos un gobierno nuevo y somos un gobierno distinto que hace lo que corresponde”.

El club Los Ángeles fue nuevamente intervenido el pasado 26 de junio cuando Torres dejó de cumplir funciones luego de 12 años, sin haber presentado, indican fuentes oficiales y el propio Torres, un solo balance contable en IGPJ. La nueva gestión designó, por un plazo de 180 días, a Sebastián Fuentes, quien tendrá la dura tarea de confeccionar todos los documentos de los años anteriores, confeccionar el padrón de socios que no existe, pagar deudas por más de 2,5 millones de pesos, regularizar la situación con ARCA (exAFIP), en el que están incluidos multas y la baja del CUIT desde el año 2004 y, eventualmente, llamar a elecciones. Para cumplir con eso, fuentes oficiales confirmaron que contará con la ayuda de la municipalidad de la Ciudad de San Juan, a través del área de Comunidades que trabaja en conjunto con el Concejo Deliberantes. Así, de manera indirecta, se presenta un cruce entre dos cuerpos deliberativos, el de Rawson, por el rol de Torres, y el de Capital. 

El club Los Ángeles está ubicado sobre calle Güemes pasando Fray Mamerto Esquiú.

Entre los socios hay malestar, situación que quedó reflejada en una reunión que mantuvieron con el actual interventor el sábado por la tarde noche. La crítica más fuerte es la falta de normalización después de 12 años sin un llamado a asambleas, pero, además, porque no cuentan con ninguna constancia de que son socios, ya que el club no tiene libros. Un punto clave, dijeron, es que al no tener el club regularizado ante ARCA y con un CUIT caído desde hace unos 20 años, el pago de las cuotas se hacía al padre de Torres, tanto en efectivo como con transferencias. Además, no había un valor fijo, ya que cada persona o grupo familiar pagaba montos distintos, al parecer, bajo la decisión del momento del padre de Torres. También hay quienes dicen que Los Ángeles se utilizó, en varias oportunidades, con fines políticos.

Ángel Torres es abogado, dirigente del PJ, que supo ser funcionario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ejecutivo. Además, según su perfil de Facebook, cuenta con una maestría en Derecho Administrativo. Hoy es el secretario Legislativo del Concejo Deliberante de la municipalidad de Rawson que comanda Carlos Munisaga. En mayo, un productor musical, Marcos Ibarra, denunció haber sido agredido a golpes por Torres en las instalaciones de una productora, lo que derivó en una exposición en la Policía, situación que fue desmentida por el funcionario de Rawson.

Consultado sobre la situación del club Los Ángeles, Torres dijo “estar tranquilo” con su trabajo, a pesar de no haber podido regularizar la institución en el tiempo que estuvo al frente, plazo en el que obtuvo la habilitación de Bomberos. Además, no negó que sus familiares cumplieran tareas, pero dijo que lo hicieron para “darme una mano” porque el club es “económicamente inviable”. Es que, aseguró, que son “unos 30 socios” (se habla de unos 80) que pagaban “unos 15 mil pesos por grupo familiar”, monto insuficiente para pagar los servicios, como boletas de la luz por 2,5 millones de pesos. Así, dijo que, en varias oportunidades tuvo que “poner plata” de su bolsillo para mantener el club abierto y en condiciones. También indicó que llegó a estar tres años cumpliendo tareas “con mandato vencido” y que se encuentra “a disposición” de la nueva gestión “para lo que necesiten”, incluso con documentación que fue entregada “con escribano”.

Fuentes calificadas indicaron que el nuevo interventor analizará toda la documentación y que, si existe alguna irregularidad, no se dudará en denunciar los hechos en la Justicia.          

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