“Durante su defensa, el imputado y las imputadas expusieron una gran consternación y pidieron disculpas reiteradamente al pueblo mendocino, a la Provincia y a todos los habitantes de Potrerillos”, indicaron desde el MPF. Además se mostraron a disposición de acatar las decisiones que la Justicia determine en el marco del proceso.
Multa y trabajo comunitario
Tras una evaluación de los gastos ocasionados a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Mendoza por los daños provocados por los imputados, y considerando la situación personal de cada uno, la Justicia impuso una multa de 5.000 unidades fijas, equivalentes a $2.100.000, a pagar de manera conjunta.
La sanción fue dictada al encontrarlos responsables de una infracción al artículo 138 quarter del Código Contravencional de Mendoza.
La resolución fue notificada a los imputados a través de un boleto de pago de ATM, que fue enviado por correo electrónico a las direcciones personales suministradas durante el proceso. El plazo para abonar la multa es de 10 días corridos a partir de la notificación.
Además de la sanción económica, “se les ordenó como obligación de conducta la limpieza de lugares públicos del municipio de Carlos Casares durante 20 horas cada uno”, informaron en el comunicado.
Cada imputado deberá cumplir esa tarea de manera individual, y su cumplimiento deberá ser acreditado ante el Ministerio Público Fiscal, bajo el procedimiento de Ley Compulsa, mediante oficio articulado con el municipio correspondiente.
Finalmente, se les advirtió que el incumplimiento de cualquiera de las sanciones, ya sea el pago de la multa o la realización del trabajo comunitario, derivará en la conversión de la pena en arresto.
“Del mismo modo, les damos a conocer que los fundamentos de esta parte dispositiva de la condena serán leídos el próximo 6 de agosto por la plataforma Teams”, finalizó el comunicado.