Según un informe, junto a San Luis y La Rioja, San Juan es una de las tres provincias cuya Corte de Justicia está integrada por abogados con vínculos políticos con el peronismo

La designación de magistrados del Poder Judicial es un acto político. El Concejo de la Magistratura evalúa las postulaciones, elige tres personas y luego son los diputados los que dan el OK final para la designación, luego de verificar los datos y realizar entrevistas. Los legisladores tienen obvios vínculos políticos, y los integrantes del Concejo de la Magistratura, también. Es decir, la política de los partidos está presente en toda la cadena de designaciones, y es absolutamente legal. El problema surge con las exageraciones que hacen pensar que para integrar el Poder Judicial es condición sine qua non haber tenido participación en la política partidaria, sin tener en cuenta los antecedentes técnicos de los postulantes que, a decir verdad, sí se analizan. Un informe del sitio “Chequeado.com”, pone a San Juan como una de las tres provincias del país donde la totalidad de los integrantes de la Corte de Justicia han tenido vínculos previos con el poder político que los designó. En los tres casos el peronismo es el que puso a sus propios jueces. Si bien el dato de San Juan no es nuevo puertas adentro de esta provincia, no pasa lo mismo en otros distritos como Corrientes (1 de 5), Buenos Aires (1 de 3) y Tierra del Fuego (1 de 5) donde los ministros de esas cortes tienen minoría de magistrados con contactos laborales o partidarios previos. Y también está el emblemático caso de Santiago del Estero, donde ningún cortista pertenece o perteneció a algún partido político, según el sitio.

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El informe se publicó hace un par de días, y aparece cuando en San Juan hay ciertas intenciones de modificar en algún aspecto la designación de magistrados. El presidente de la bancada Producción y Trabajo y el articulador del interbloque oficialista Cambia San Juan en la Cámara de Diputados, Juan de la Cruz Córdoba, dijo en el programa A Todo o Nada de Light FM el 12 de julio pasado, que en lo que queda de este año, “perfectamente” pueden estar presentando el proyecto de modificación del Consejo de la Magistratura. La iniciativa, según el legislador de estrechos lazos con el gobernador Marcelo Orrego, contará con puntajes para el examen escrito y los antecedentes de los postulantes, más el de la entrevista personal con los miembros del organismo. Incluso, aseguró que un consejo de docentes colaborará y asesorará a los consejeros en la confección de la prueba y su evaluación.

El Consejo de la Magistratura es integrado actualmente por un representante del Poder Ejecutivo (Laura Palma, ministra de Gobierno), uno del Poder Legislativo (Fernanda Paredes, del PJ), dos abogados del Foro (Raúl Acosta y Valeria Torres, ambos de vínculos con el peronismo, aunque últimamente con votaciones divididas) y el presidente es el ministro de la Corte, Juan José Victoria.

Según el informe elaborado por Chequeado, en La Rioja, San Juan y San Luis, la totalidad de los miembros del máximo tribunal tuvieron vínculos políticos y laborales con el peronismo antes de llegar a conformar los máximos tribunales provinciales.

En el caso de San Juan y, como ya se conocía, Adriana García Nieto fue asesora letrada del estado provincial entre 2006 al 2012 (gestión José Luis Gioja, del PJ), subsecretaria general de la gobernación, dependiente de la secretaría general de la gobernación, octubre de 2012 a diciembre de 2015 (gestión Gioja); y asesora letrada de San Juan, desde diciembre de 2015 a mayo 2018 (gestión Sergio Uñac). Además, es hermana de Pablo García Nieto, excandidato a intendente de Rawson por el peronismo, actual presidente del Tribunal de Cuentas y de estrechos vínculos con el actual senador Uñac. Daniel Olivares Yapur fue designado en 2019 junto a Juan José Victoria en el máximo cargo judicial de esta provincia, durante la gestión de Uñac. Olivares fue candidato a legislador por el peronismo pocitano en 2003; en la misma elección donde Uñac se convirtió en intendente por primera vez del departamento sureño. Victoria tiene reconocidos vínculos y militancia en el peronismo; además de haber sido Jefe de Legales en Rawson, durante la gestión de Juan Carlos Gioja. Chequeado lo da como funcionario de “la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Santa Lucía” y “fiscal general de la Municipalidad de Rawson”, pero no es información que este diario haya podido corroborar. Los casos más notorios son los de Guillermo De Sanctis (Fiscal de Estado de Uñac, funcionario y asesor de Gioja, entre otros cargos en el peronismo) y el de Marcelo Lima, quien ocupó la vicegobernación de San Juan dos veces, con Uñac y con Gioja. Los cinco integrantes de la Corte local fueron nombrados por Uñac, cuando el peronismo dominaba ampliamente la Cámara de Diputados.

Volviendo al informe de Chequeado, así como San Juan, San Luis y La Rioja están en el tope de las provincias cuyos miembros del máximo tribunal han tenido estrechos lazos con el peronismo antes de llegar a los sitios que ocupan actualmente, hay distritos que tienen casi nula participación de políticos en sus conformaciones. El caso más extremo es Santiago del Estero donde ninguno de los miembros de la cúpula judicial, viene de la política.

“La Rioja es uno de los ejemplos más claros para analizar la calidad institucional del Poder Judicial en las provincias. En diciembre de 2021 estallaron las críticas de la oposición cuando el gobernador Ricardo Quintela (PJ) propuso e hizo nombrar –en un trámite exprés en el Legislativo– a su sobrina Ana Karina Becerra como jueza del Tribunal Superior de Justicia“, asegura Chequeado.

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El sitio periodístico ofrece además un par de opiniones respecto de esta realidad. Una de ellas es la de Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho y expresidenta de Transparencia Internacional. La profesional asegura que “La independencia del Poder Judicial es fundamental para la democracia y sobre esa independencia se construye la confianza de la sociedad”, Además agrega que, en América Latina, según datos del Latinobarómetro, sólo el 28% de la población en promedio confía en la Justicia.

También considera Fernando Gauna Alsina, director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal. Quién reconoce que este “quizás no sea el escenario ideal. Pero tampoco se puede decir que implique, al menos categóricamente, un conflicto de intereses o una afectación a la división de poderes. Hay muchos casos que dan cuenta, tanto acá como en el exterior, que los jueces de Corte no fallan necesariamente de acuerdo a los intereses de quienes los hayan designado”. Sin embargo, dice que “lo relevante sería explorar, y este informe sería un gran insumo para eso, qué credenciales o competencias jurídicas tienen los jueces para ocupar los máximos tribunales de justicia. Lo que se le podría demandar a la política es algún proceso de selección serio que promueva estándares altos para ocupar tales cargos, ya sea a través de concursos públicos o legislación que eleve la vara de las candidaturas”, asegura.

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Un dato llamativo involucra a San Juan y Tucumán. Ambas Cortes admitieron la postulación de Juan Manzur (Unión por la Patria) y de Uñac a la gobernación de esas provincias. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió luego en contra de lo decidido por los tribunales superiores de ambas provincias. 

Ranking de provincias de cortistas con vínculos previos al gobierno de turno

El siguiente raconto es un ranking de las provincias que poseen ministros de la Corte con nexos previos a un gobierno o vínculos partidarios, de las que poseen más hasta las que menos jueces poseen conformando los máximos tribunales de Justicia y el porcentaje de ocupación. Cabe destacar que de acuerdo al informe elaborado por el sitio Chequeado.com, en algunas provincias no se cuentan con datos sobre antecedentes previos sobre algunos jueces:      

1. La Rioja: 5 de 5 jueces (100%)
2. San Juan: 5 de 5 jueces (100%)
3. San Luis: 4 de 4 jueces (100%)
4. Catamarca: 6 de 7 jueces (85,7%)
5. Jujuy: 6 de 7 jueces (85,7%)
6. Chubut: 5 de 6 jueces (83,3%)
7. Neuquén: 4 de 5 jueces (80%)
8. Tucumán: 4 de 5 jueces (80%)
9. Córdoba: 5 de 7 jueces (71,4%)
10. Salta: 6 de 9 jueces (66,7%)
11. Entre Ríos: 6 de 9 jueces (66,7%)
12. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 3 de 5 jueces (60%)
13. Formosa: 3 de 5 jueces (60%)
14. Santa Cruz: 3 de 5 jueces (60%)
15. Mendoza: 4 de 7 jueces (57,1%)
16. Misiones: 5 de 9 jueces (55,6%)
17. Santa Fe: 4 de 7 jueces (57,1%)
18. La Pampa: 2 de 5 jueces (40%)
19. Chaco: 2 de 5 jueces (40%)
20. Río Negro: 2 de 5 jueces (40%)
21. Buenos Aires: 1 de 3 jueces (33,3%)
22. Corrientes: 1 de 5 jueces (20%)
23. Tierra del Fuego: 1 de 5 jueces (20%)
24. Santiago del Estero: 0 de 3 jueces (0%)