Se confirmó la absolución de 3 imputados de la megacausa de expropiaciones y el resto de condenados pidió a la Corte revisar el fallo

A las 9.30 de la mañana de este miércoles finalizó el plazo para que las partes del megajuicio de las expropiaciones apelaran la sentencia que dictó el tribunal el pasado 4 de julio. Fuentes oficiales confirmaron que los 9 condenados, incluido Santiago Graffigna, quien recibió un castigo de 7 años y 8 meses de prisión efectiva, presentaron un recurso para que la Corte de Justicia revea la sentencia. Lo llamativo de la acción es que, tanto el Ministerio Público Fiscal como Fiscalía de Estado, quienes habían solicitado castigos más altos para los imputados, no hicieron uso de la herramienta legal, decisión que tuvo un impacto directo en tres protagonistas del escándalo provincial. Sin oposición a la sentencia por parte de los acusadores, Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos, por lo que quedaron oficialmente desvinculados de la causa. Para ellos, el ministerio público había solicitado penas de 3 años de prisión, pero dicha postura no fue sostenida.

El plazo de apelación de sentencia fue objeto de reclamo por parte de los condenados, quienes habían solicitado un tiempo más extenso del que indica el Código Procesal Penal. El planteo tenía base sobre lo extenso de la causa y los fundamentos de la sentencia, documento que excedió las 4.000 fojas. Tras el pedido realizado por los abogados defensores de los condenados, los jueces Silvina Rosso, Martín Heredia y Matías Parrón, resolvieron rechazarlo por improcedente, ya que la norma no permite que dicho tribunal amplíe ese plazo. Así, si bien era un hecho que los condenados iban a apelar la sentencia, hasta la mañana de hoy se desconocía si todos los iban a hacer, ya que requirió un trabajo extenso para cumplir con el plazo.

Según indicaron fuentes calificadas, tanto Graffigna como el abogado Horacio Alday, más el exjuez Civil, Carlos Macchi, y el exfiscal de Estado, Mario Díaz, junto con el resto de los condenados, solicitaron la nulidad de la sentencia que los condenó por haber estafado al Estado con los juicios de expropiación. En esa línea, pidieron que la Corte de Justicia anule todo lo actuado y, por ende, que sean absueltos de cada uno de los castigos impuestos.

Sobre la decisión de Fiscalía de no apelar el fallo condenatorio, las fuentes indicaron que desde el Ministerio Público entendieron que la tarea se cumplió durante el debate, cuando se logró condena para 9 de los 12 imputados. Además, explicaron que la decisión también tuvo un impacto sobre Fiscalía de Estado, ya que, como parte querellante, dicho organismo, que defiende los intereses de la provincia, no puede presentar un recurso de casación si no lo hace el Ministerio Público, ya que no lo puede hacer de manera individual y puede o no adherir a la postura de Fiscalía. Sin apelación del ministerio público no puede haber apelación de la querella, explicaron. Además, entre las partes hubo una diferencia al finalizar el juicio: mientras el ministerio público pidió 3 años de prisión contra Fernández, Cravero y Olivera, la querella no realizó una imputación. Así, los jueces decidieron absolver a estos tres imputados, decisión que ahora quedó confirmada sin la apelación de Fiscalía.

Con el recurso de casación presentado, el tribunal de juicio debe decidir si acepta el planteo o si entiende que debe ser rechazado. Tras ese paso, de obtener un OK, será enviado a la Corte de Justicia y recaerá en la sala Penal del máximo tribunal local. Un punto clave es que todos los ministros de la Corte están inhibidos de participar de la megacausa, por lo que la apelación de los condenados será tramitada por un tribunal de casación que quedó conformado anteriormente por el camarista Civil, Guillermo Baigorrí, el penalista, Víctor Muñoz Carpino y del fuero Laboral, Mariano Ibáñez. Sobre los tres los condenados pueden solicitar que sean recusados, lo que es casi un hecho que sucederá, presentación que también deberá ser definida.

Una vez que la Corte acepte tramitar el recurso de casación y definido si corresponde su ingreso formal, se deberá correr traslado al Fiscal General de la Corte para que emita una opinión sobre los planteos de los condenados. También, y bajo los mismos plazos, se correrá traslado a Fiscalía de Estado para que emita su postura. Luego, las fuentes confirmaron que la Corte no tiene un plazo para definir la causa, aunque hay quienes sostienen que todo el proceso podrá demandar entre 9 meses a un año.

Bajo esos tiempos, las fuentes expresaron que recién a fines del año que viene se podrá saber con certeza la sentencia queda firme y si los nueve condenados van presos. Cabe recordar que las penas fueron 7 años y 8 meses de prisión efectiva para Graffigna; 6 años para Alday, 6 años y 2 meses para Carlos Macchi, 6 años para Mario Díaz, 4 años para Ana María Melvin, 3 años para José Moreno, 4 años y 6 meses para Néstor Adán Ruiz, 3 años para Juan Pablo Quiroga y 3 años y 6 meses para Víctor Hugo Bustos.