Escándalo de las computadoras para la Policía: creen que las impresoras encontradas pertenecían a otra repartición del Estado

Luego de que la UFI Delitos Especiales formalizara la investigación por el escándalo de 90 millones de pesos por la compra de computadoras para la Policía en la gestión anterior, trascendió un dato que fue confirmado por fuentes oficiales: creen que las impresoras encontradas pertenecían a otra repartición del Estado. ¿De dónde surge la hipótesis? Porque cuando se realizó la pericia informática sobre los equipos encontrados y enviaron a imprimir el material contenido en la memoria de las impresoras, surgió material perteneciente al Ministerio de Educación. Así, en principio y en los primeros pasos de la causa, los elementos dan a entender que no sólo las impresoras no eran nuevas, sino que, al parecer, fueron de algún área de la administración pública provincial. Hasta el momento, hay cinco personas involucradas, de las cuales dos son policías, al punto que desde la fuerza confirmaron que les abrirán un sumario administrativo.

El escándalo de las computadoras para la Policía tuvo un paso clave los primeros días de este mes, cuando el fiscal Roberto Ginsberg presentó el caso frente a la jueza Flavia Allende, a quien le solicitó un plazo de un año para llevar adelante la investigación. El representante del Ministerio Público formalizó la causa bajo el delito de fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público contra cuatro de ellos. Es que, durante el último año de la gestión pasada y gracias a fondos que llegaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Secretaría de Seguridad encaró un proceso de compra de equipos informáticos para la Policía: 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets. La provincia pagó 90 millones de pesos por aparatos que nunca llegaron a las comisarías. El caso derivó en que el exjefe de la fuerza, Luis Walter Martínez, hiciera una presentación en la Justicia, solicitando que el hecho se investigue.

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Lo llamativo de la causa fue que a mediados del año pasado, el 4 de julio, quien fuera apoderada y administradora titular de la firma SCH Emprendimientos SAS, quien hizo la venta de los aparatos, María de Lourdes Quiroga Coll, espontáneamente presentó una nota en el Tribunal de Cuentas de la provincia, donde expuso que “los bienes estaban almacenados en un depósito privado, ubicado en calle Estados Unidos 685 Sur, Capital, propiedad de la firma Electro3”, según indicó en la audiencia de formalización el fiscal Ginsberg. Por pedido de la fiscalía y a través de una orden judicial, se realizó un allanamiento del lugar y se secuestró equipamiento informático que estaba embalado y que coincidía con los aparatos comprados por la Policía.

Tras ese episodio, una pericia arrojó que las computadoras allanadas no correspondían, en sus características técnicas, con las compradas por la fuerza. Por ejemplo, no contenían la memoria RAM que figura en el decreto de compra y trascendió que la licencia oficial de Windows había sido instalada dos meses antes del hallazgo, cuando, según los papeles, las computadoras habían sido “entregadas” hacía más de un año. A su vez, fuentes oficiales confirmaron que las impresoras eran “usadas”. Es que dichos equipos cuentan con una memoria interna que permite imprimir los últimos documentos solicitados. Según pudo conocer 0264Noticias, la documentación que salió de algunas impresoras correspondía a información de una repartición del Estado, en el caso particular, del Ministerio de Educación, lo que arrojó la presunción de que esos aparatos fueron de esa área. Además, no se descarta que pueda haber otras áreas involucradas o que dicha pista sea descartada, resultado que surgirá del avance de la investigación. Cabe recordar que la UFI Delitos Especiales tiene un año para investigar, plazo al que también adhirió la Fiscalía de Estado, el organismo que defiende los intereses de la provincia y que es querellante en esta causa.

Hasta el momento, Quiroga Coll quedó en la mira por fraude en perjuicio de la administración pública, un delito que conlleva una pena de dos a seis años de prisión. La misma calificación enfrenta Enzo Ariel Fava, quien fue el representante técnico de la Secretaría de Seguridad; Jorge Eduardo Santoni, comisario mayor retirado; y los comisarios Juan José Valverde y Juan José González. A estos cuatro se les suma la imputación de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Desde la Subsecretaría de Gestión y Control de la Seguridad Pública (Secams), a cargo del abogado Damián Villavicencio, confirmaron que pondrán en marcha un sumario administrativo para investigar la actuación de González y Valverde. El primero, por el momento, continuará al frente de la Comisaría Buenaventura Luna, en Rawson, mientras que el segundo seguirá cumpliendo funciones en la Sección Bomberos D-9. Por otro lado, tras la formalización, el único que, hasta el momento, a través de su abogado, solicitó copia del expediente fue Fava, confirmaron las fuentes.

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