Cerca del vencimiento
El oficialismo busca prorrogar la emergencia pública en diferentes áreas e incorporó a OSSE
Como a fin de este año se dará el vencimiento, el interbloque oficialista Cambia San Juan presentó una batería de proyectos para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 la emergencia pública en distintas áreas, como la financiera y económica; social alimentaria, sanitaria, servicios de seguridad, obra pública y en materia hídrica. En este último ítem, la iniciativa específica incorporó a Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), lo que lo faculta a poder hacer “restricciones, priorizaciones de uso, contratación directa de obras y servicios indispensables y reasignación de recursos”, con el objetivo de garantizar el servicio de agua potable y saneamiento.
Las leyes de emergencia pública son una herramienta a la que han echado mano los distintos gobiernos frente a fuertes crisis económicas, como la que sucede actualmente a nivel nacional y su impacto en las provincias. Sus orígenes datan de varios años atrás y se han ido prorrogando a medida que se aproxima el vencimiento.
Por ejemplo, en materia económica y financiera, impide el embargo de los montos de coparticipación, los fondos de todas las cuentas bancarias y los bienes de los entes estatales. Por eso, se suspenden los juicios de ejecución de sentencia contra el Estado, “con el fin de evitar perjuicios al erario público y garantizar la estabilidad financiera y administrativa en un contexto de crisis”, se resalta en los fundamentos.
Hoy, a las 12, se llevará adelante la reunión de labor parlamentaria en la Cámara de Diputados para definir los temas de la casi segura sesión de este jueves. Ahí, los proyectos tomarán estado parlamentario y se verá cuando se tratan. Por lo general, suelen debatirse y aprobarse en conjunto con el presupuesto. Por otro lado, es casi un hecho que se designará al fiscal General de la Corte y se tiene que decidir la prórroga de las sesiones ordinarias hasta diciembre para incorporar las últimas iniciativas, como el propio presupuesto y la ley anual Tributaria.
Las declaraciones de emergencia pública finalizan el 31 de diciembre de este año y se prorrogarán hasta la misma fecha de 2026. Además de incluir a OSSE, la ley de Emergencia Hídrica, cuya sanción viene de 2022, ya le permitía al Departamento Hidráulica utilizar mecanismo de contratación directa. En ese rubro, se contempla la adquisición de maquinarias para tareas en la red de riego, de compuertas, de elementos de medición de caudales, construcción y reparación de perforaciones y repuestos de máquinas.
Entre las prórrogas, se encuentra la suspensión de los plazos procesales de todos los juicios que apunten a la ejecución de una hipoteca de personas en situación de vulnerabilidad que no hayan sido incluida en el fideicomiso establecido en la ley nacional 25.798. También se postergan todos los juicios en los que se tramiten procesos de “desocupación, desalojo, restitución de inmuebles”, vinculados con las propiedades de los “vecinos de los barrios Jardín del Milagro (Santa Lucía); Portal de los Andes I, II y III; Solares de San Juan I, II, III, IV y V; y Solares de Otoño (Capital y Rivadavia), todos construidos o financiados por la Cooperativa de Vivienda Gualcamayo o SUMA Construcciones SRL o MAPAL Emprendimientos Privados SRL”. Son los juicios iniciados por dichas entidades o empresas o sus apoderados y se contempla cualquier estado en que se encuentra la causa, siempre que no sea por un expediente penal.
En materia sanitaria, la ley contiene la contratación directa para la compra de insumos, medicamentos, descartables, equipamiento hospitalario, equipos y repuestos de movilidades y la contratación de servicios de provisión de insumos y medicamentos a los centros de salud, entre otros.
En cuanto a lo social alimentario, se avala la compulsa abreviada para la adquisición de insumos.
En servicios de seguridad, la norma permite “transformar las estructuras de la Policía y del Servicio Penitenciario, creando, modificando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones, asignando o reasignando las mismas”.
En la emergencia en obra pública, la ley autoriza al Ejecutivo a reformulas las bases de contratación de las obras en ejecución o que van camino a realizarse y a dictar un nuevo mecanismo de redeterminación de precios, en base a lo que fue la abrupta escalada inflacionaria.