La designación del nuevo mandamás de la Fiscalía General exigirá un cambio en el Tribunal de Corte por las condenas de expropiaciones

El tribunal de Corte que deberá analizar los planteos de casación que realizaron los nueve condenados por la megacausa de las expropiaciones, tendrá un cambio clave. El cuerpo estaba integrado por Guillermo Baigorrí flamante fiscal General de la Corte por lo que su lugar deberá ser ocupado por un nuevo juez, quien deberá surgir de un sorteo que se realizará entre todos los magistrados de Cámara de la provincia, de todos los fueros. Baigorrí integraba la Sala II de la Corte de Justicia, luego de que se produjeran una innumerable cantidad de inhibiciones cuando la causa estaba en proceso y tras incontables planteos que hicieron los ahora condenados. Junto al ahora excamarista Laboral, en el máximo tribunal local se encuentran el camarista Penal Víctor Muñoz Carpino y su par del fuero laboral Mariano Ibáñez. Fuentes calificadas de tribunales indicaron que el reemplazante podrá definirse antes de que termine el año aunque es casi un hecho que quedará para 2026.

La definición de cómo quedará integrada la Sala de Corte que entenderá en la megacausa de las expropiaciones es clave, ya que todos los condenados presentaron un recurso de casación por la sentencia que emitieron los jueces Silvina Rosso de Balanza, Matías Parrón y Martín Heredia el pasado 4 de julio. Dicho tribunal condenó al abogado Santiago Graffigna; a su par, Horacio Alday; al exjuez Carlos Macchi; al exfiscal de Estado, Mario Díaz; a la perito oficial, Ana María Melvin; y los miembros del Tribunal de Tasaciones, Néstor Adán Ruiz, Víctor Bustos, José Moreno y Juan Pablo Quiroga. La sentencia confirmó que todos fueron parte de una asociación ilícita liderada por Graffigna dedicada a estafar al Estado con los juicios de expropiación.

Más allá de los planteos realizados por los condenados, una sentencia firme marcará un hecho trascendental para la justicia local ya que, tanto Graffigna como el resto de quienes fueron imputados deberán devolver “el dinero proveniente del delito compuesto, mayoritariamente, por el cobro de honorarios, sin incluir el capital, fijado en la suma actualizada de 13.110.880.237,05 pesos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de los organismos técnicos al momento de que esta sentencia quede firme y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente”.

Esto implica que la designación de un nuevo integrante de la Sala de Corte será central para definir el megajuicio de las expropiaciones. Al tener que elegir a un nuevo magistrado, dicha definición demorará porque, más allá del proceso administrativo que implica realizar un sorteo, para definir el reemplazante de Baigorrí, es un hecho que los condenados intentarán apartar a quien quede confirmado, trámite judicial que también deberá ser resuelto. Del sorteo deberán participar todos los jueces de Cámara de la Provincia, muchos de los cuales, especialmente los Civiles, han intervenido por haber tramitado algunas de las 18 causas de expropiaciones. En el caso de los penales ocurre algo similar, por lo que de no tener un nombre de ese grupo, deberá hacerse otro sorteo con los jueces penales provinciales, incluidos los de Garantías del sistema acusatorio, los de menores y los de Flagrancia, explicaron las fuentes.

 Si bien no hay fecha de definición para que la Corte emita una resolución, las estimaciones apuntan a que todo pueda quedar finalizado durante el segundo semestre del año que viene.

Actualmente, ninguno de los ministros de la Corte interviene en la megacausa de las expropiaciones, ya que todos se inhibieron por distintos motivos. La presidenta Adriana García Nieto fue miembro de la Secretaría General de la Gobernación del Ejecutivo cuando Walter Lima presentó la denuncia. Por ese motivo, Marcelo Lima tampoco interviene en la causa. A su vez, Guillermo De Sanctis asumió el rol de querellante cuando ocupó el cargo de fiscal de Estado, mientras que Juan José Victoria y Daniel Olivares Yapur manifestaron amistad con algunos de quienes fueron imputados.

Así, y luego de una catarata de inhibiciones dentro de Tribunales, la sala de Corte fue integrada por Víctor Muñoz Carpino, Mariano Ibáñez y Guillermo Baigorrí, quien ahora deberá ser reemplazado por haber sido designado fiscal General de la Corte, cargo que ocupó durante años Eduardo Quattropani. Dicho cambio se hará efectivo el miércoles 19, una vez que Baigorrí jure como jefe de los fiscales.

Un dato no menor es que, si la sentencia por la megacausa queda firme, además de los 10 millones de dólares que los condenados deberán reintegrar, la provincia intentará recuperar unos 15 millones de dólares que pagó por las demandas de expropiaciones que fueron declaradas ilegales. A su vez, frenará el pago de distintos juicios que quedaron pendientes, con montos totales que alcanzan los 270 millones de dólares, estimaron en su momento desde fiscalía de Estado, a cargo de Sebastián Dávila.

Graffigna fue condenado a 7 años y 8 meses de cárcel, mientras que Alday, a 6 años de prisión; el exjuez Civil Carlos Macchi, a 6 años y 2 meses de prisión y al exfiscal de Estado, Mario Díaz, se le impuso 6 años de cárcel. Junto a ellos, también fueron condenados Ana María Melvin, a 4 años de prisión; José Elías Moreno, quien recibió 3 años de cumplimiento efectivo; Néstor Adán Ruiz, fue sentenciado a 4 años y 6 meses; Juan Pablo Quiroga, a 3 años y Víctor Hugo Bustos, a 3 años y 6 meses. Mientras que Julio César Fernández, Adolfo Cravero y Eduardo Olivera fueron absueltos.