Polémica causa
Con críticas a la Justicia local, mujeres llevaron el reclamo del 8M a la Corte Suprema y sostienen que la provincia ejerció violencia política
A mediados de año, la Corte de Justicia de San Juan había cerrado la causa al rechazar un planteo que hicieron las protagonistas. Así, el tribunal provincial confirmó que no se había configurado lo que las mujeres habían solicitado: que el estado sanjuanino sea condenado por haber ejercido violencia política contra un grupo de mujeres que fueron investigadas penalmente por pintadas que se produjeron en una marcha del 8M. Ahora, las mujeres llevaron la causa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y lo hicieron con duras críticas contra la justicia local. Indicaron que, la Corte provincial, “eludió el deber de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género” y que “desconoce el marco legal vigente sobre violencia pública-política” o actos “orientados a menoscabar el ejercicio de derechos políticos de las mujeres”. Además, hablaron de que se trata de un conflicto que está “atravesado” por la “discriminación estructural”.
La causa por las pintadas del 8M, que se produjeron el 8 de marzo de 2022, es un caso trascendental para la provincia porque, de tener una sentencia en contra, producirá una mancha institucional que sería única en el país. Es que las denunciantes sostienen que el Estado sanjuanino produjo violencia política contra mujeres. Cabe recordar que, al iniciar la causa judicial, las firmantes no solicitaron una reparación monetaria, pero sí que se aplique una condena simbólica contra la provincia. Además, las protagonistas cuentan con una sentencia de primera instancia favorable, dictada por la jueza del Contencioso Administrativo, quien sostuvo que la violencia política hacia las mujeres quedó acreditada.
Al continuar el trámite judicial, la Cámara Civil entendió lo contrario por lo que dio de baja la sentencia de primera instancia. Así, la causa llegó a la Corte de Justicia, tribunal que, en junio de este año y con la firma de los cortistas Juan José Victoria, Daniel Olivares Yapur y Guillermo De Sanctis, mantuvo la postura de segunda instancia y así echaron por tierra el reclamo de las manifestantes. De esa manera, ahora la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con una presentación que se realizó el miércoles pasado, según pudo confirmar 0264Noticias.
El expediente, en el máximo tribunal del país, recién se inicia por lo que primero deberá ser aceptado y, de ser así, se le debe pedir al Procurador General de la Nación que opine, para recién luego comenzar a ser estudiado por la Corte. Así, no hay plazo para una definición, aunque las fuentes consultadas estiman que será difícil que la Corte Suprema acepte revisar una causa su la Corte local ya indicó que no corresponde.
Para indicar que sí corresponde ser estudiada por la Corte Suprema y que se debe emitir una sentencia a favor de las mujeres, las denunciantes apuntaron que “al negar el recurso extraordinario federal, la Corte de Justicia de San Juan eludió el deber de garantizar el acceso a la justicia con perspectiva de género”.
Además, dijeron que la Corte local “desconoce el marco legal vigente sobre violencia pública-política que incluye actos de hostigamiento, desprestigio, persecución, amenaza, acoso o discriminación orientados a menoscabar el ejercicio de derechos políticos de las mujeres, conductas acreditadas en la causa”.
No fue lo único, ya que sostienen que existió “una persecución penal” que se dirigió “exclusivamente contra mujeres por su participación en la manifestación del 8M 2022, sin daño acreditado” y que ello “vulnera el derecho a la participación política y las libertades de expresión, reunión y protesta”. Además, dijeron que “este patrón encuadra en estándares interamericanos”, los que indican que “el uso indebido del derecho penal” es “violencia política” usada para “criminalizar a defensoras de derechos humanos”.
Tras la marcha del 8M de 2022, un funcionario provincial radicó una denuncia por las pintadas que se produjeron en la Escuela Normal Sarmiento. Por esa denuncia, se inició una investigación penal en la que un grupo de mujeres fue imputado por daño, aunque luego fueron sobreseídas. En esa causa penal, la provincia, a través de Fiscalía de Estado, se presentó como parte querellante, lo que fue visto por las mujeres como violencia institucional del Estado sanjuanino hacia el grupo de manifestantes.
Así, en la presentación ante la Corte Suprema, las mujeres indicaron que el máximo tribunal de justicia de San Juan “omitió analizar el trato diferencial que implicó una persecución penal dirigida únicamente a activistas mujeres en un espacio históricamente cubierto de pintadas sin consecuencias penales. Esa omisión invisibiliza el sesgo y equivale a tratar como "neutro" un conflicto atravesado por discriminación estructural”.
El planteo judicial federal fue presentado por 4 mujeres, tres de las cuales fueron sobreseídas de la causa penal, mientras que una de ellas fue procesada por daño agravado, fallo que fue apelado y luego declarado nulo por la Sala Segunda de la Cámara en lo Penal. Esa causa no está cerrada y sigue abierta en Instrucción desde 2023, lo que para las mujeres implica “una prolongación injustificada del proceso penal”.