El modus operandi de los ocupas de la casona tomada en Capital: cobro por estadía y rotación constante

Este lunes, la histórica casona usurpada ubicada sobre Avenida Rawson, en San Juan, volvió a ser noticia luego de un fuerte operativo policial encabezado por el Grupo GERAS, Fiscalía y otras áreas competentes. El operativo se realizó luego de las denuncias de vecinos que alertaban sobre olores nauseabundos y ruidos molestos provenientes del inmueble.

En diálogo con 0264Noticias, el secretario del Juzgado de Faltas de Capital, Sergio Conte Grand, brindó detalles sobre la situación judicial del inmueble y el procedimiento realizado en esta jornada. Según explicó, las personas que se encontraban en el interior manifestaron que existía una persona que cobraba una tarifa para permitir el ingreso por una o dos noches, lo que generaba una rotación constante de ocupantes.

El inmueble en cuestión es de propiedad privada, y aunque la municipalidad no puede proceder al desalojo, sí tiene la facultad de intervenir debido a los problemas medioambientales. “Este inmueble es de propiedad privada, y justamente como es de propiedad privada, el municipio no puede desalojar. Lo que sí puede hacer es intervenir por la emergencia medioambiental, porque la contaminación excede a toda la comunidad”, señaló el funcionario, quien agregó que el propietario del inmueble falleció y que los herederos no han podido ser localizados.

Ante esta situación de no poder localizar a los propietarios, y el riesgo sanitario, Conte Grand explicó: “El allanamiento se realizó por órdenes del juez del Primer Juzgado municipal. El procedimiento se ordenó en base a un expediente iniciado por denuncias de vecinos de la manzana, por faltas y contravenciones medioambientales, exceso de olores nauseabundos y contaminación por ratas y cucarachas”.

Este allanamiento se trata del tercero realizado en el inmueble. En los procedimientos anteriores se había detectado la presencia de entre 30 y 40 personas viviendo en el lugar. En esta oportunidad, en cambio, se constató que había pocas personas en el interior.

Consultado sobre la posibilidad de un desalojo, Conte Grand fue claro: “No es competencia del municipio desalojar porque es un inmueble privado. Lo que se puede hacer es solicitar un allanamiento con la fuerza pública para realizar una limpieza que favorezca al medio ambiente y dar respuesta a la denuncia de los vecinos”.

En cuanto a un eventual destino alternativo del inmueble, como una expropiación, el funcionario explicó que el Juzgado de Faltas no tiene esa competencia. No obstante, reveló que se recibieron testimonios que indican que una persona estaría cobrando por vivir allí, lo que podría constituir un ejercicio comercial sin habilitación.