Conflicto con el Legislativo municipal
¿La intendenta de Chimbas se animará a vetar o judicializar la reforma del presupuesto o todo quedará en la nada?
Luego de que el Concejo Deliberante de Chimbas modificara el presupuesto y se aumentara los recursos, en el ambiente político del departamento están a la espera de qué movimientos hará la intendenta Daniela Rodríguez. ¿Se animará a vetarlo? La pregunta surge debido a que gran parte de los ediles “oficialistas” (alineados a su exesposo y exjefe comunal Fabián Gramajo) y un sector de la oposición cuenta con el número para insistir con la sanción y promulgación de la norma. Si eso sucede, como todo indica que pasaría, ¿iría a la Justicia para ganar la disputa en esa instancia, teniendo en cuenta que había señalado que la movida del Legislativo municipal fue un “ataque la institucionalidad”?
Fuentes calificadas señalaron que, si se llega a esa situación, sería profundizar un conflicto con el Concejo, teniendo en cuenta que a Rodríguez le quedan dos años de gestión y el envío de un sinnúmero de proyectos para su tratamiento y aprobación. Sumado a que el Legislativo puede llevar adelante embestidas con iniciativas propias o retoques a las que mande el Ejecutivo.
Entonces, ¿todo puede quedar en la nada, solamente con en el malestar que expresó Rodríguez? Se verá, es probable que no, dado que la intendenta había remarcado que “el quiebre es total y no hay vuelta atrás”. La jefa comunal no contestó los llamados de este medio.
De esa manera, en el Concejo siguen de reojo los movimientos. El presupuesto reformado fue aprobado el lunes 29 y la jefa comunal cuenta con 10 días hábiles para vetarlo. Así, en el conteo, se deja de lado el feriado del 1 de enero y sábados y domingos para el plazo de presentación del veto.
Los ediles, por mayoría, redujeron partidas para aumentar los fondos del Legislativo, con la creación de unos 10 cargos políticos y la asignación de recursos para, por ejemplo, brindar ayuda social a los vecinos. “Un municipio paralelo”, se quejaban en el entorno de Rodríguez.
Los concejales que aprobaron los cambios fueron los del bloque PJ, que entraron con la lista de la intendenta, pero que juegan bajo los lineamientos de Gramajo, el líder político del departamento y fundador de la línea San Juan Te Quiero. Con Rodríguez, conformaron una dupla política, que se alternó el manejo del municipio, luego de que Gramajo cumpliera su segundo mandato. Con el devenir de las acciones, se verá cómo sigue el vínculo político.
En el grupo de ediles que metieron las modificaciones al presupuesto, están el presidente del Concejo, Ariel Rivero; Ivana Cortéz, Noelia Tortarolo, Augusto Neyra y Leonela Yúdica. A ellos se les sumaron Griselda Chávez, de La Libertad Avanza, y Eduardo Rodríguez, de la línea del Pro de Cambia San Juan.
Los que votaron en contra de la reforma al presupuesto fueron María Arredondo (del oficialismo, quien está con Rodríguez), el orreguista Eduardo Núñez y el giojista Luciano Cano.
Si bien la sanción fue por mayoría, el número tiene el peso de alcanzar la mayoría especial o calificada de las dos terceras partes del Concejo. Es decir, si la intendenta veta el presupuesto modificado, los siete ediles cuentan con la cifra para insistir con su promulgación. Si eso sucede, la norma queda sancionada definitivamente y el Ejecutivo tiene que ordenar su promulgación y publicación, según establece la Carta Orgánica.
Antes de eso, las fuentes indicaron que la jefa comunal puede acudir a la Justicia, aunque se verá si elige ese camino.
Ya hubo un antecedente. El Legislativo, de manera unánime, sancionó una ordenanza para que el dinero remanente o saldos que no fueran ejecutados fuesen a parar a una cuenta especial para uso de los concejales, que lo podían utilizar para asistencia social. La norma fue vetada, pero el Concejo insistió y logró su aprobación definitiva.
Sin embargo, las fuentes explicaron que, cuando el Legislativo envió la ordenanza aprobada, hubo un error que derivó en una nulidad que impidió su promulgación y, por ende, su vigencia. Por ejemplo, en la parte resolutiva no se explicó ni se especificó que la norma fue avalada con la mayoría calificada ni se hizo mención a que el Concejo en pleno lo ratificó, lo que hubiera brindado el apoyo de que fue sancionada por unanimidad. Tampoco se enviaron las actas que afirmaba la votación del Legislativo.
Por eso, se produjo la nulidad y el Concejo perdió la chance de administrar, bajo ese nuevo esquema, unos 82 millones de pesos, destacaron las fuentes.