Otra disputa política
El intendente de Sarmiento buscó desplazar al presidente del Concejo, pero sufrió un revés judicial
La pelea política entre el intendente de Sarmiento, el orreguista Alfredo Castro, con el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez, devenido en libertario, llegó a la Justicia. El jefe comunal buscó desplazar al titular del Legislativo departamental a través de una acción de amparo para que, en la práctica, asuma en el puesto alguien de su palo político. En el escrito presentado por su abogado, sostuvo que Gómez ya no pertenece a su espacio, lo que va en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, la jueza civil Amanda Días rechazó el planteo porque no se configuraron los requisitos que exige un amparo, que es un procedimiento especial, de trámite urgente y que busca restablecer un derecho que ha sido alterado.
Entre otros motivos, el Ejecutivo municipal no agotó la vía administrativa para tratar de que el conflicto sea resuelto en el ámbito político y no se probó que se haya producido un daño o perjuicio en el ejercicio de la función del ahora integrante de La Libertad Avanza que requiera una reparación urgente.
No obstante, por medio de su abogado, Castro puede apelar la cautelar, aunque no es la única embestida contra la nueva designación de Gómez al frente del Concejo, quien tuvo el apoyo del bloque PJ. La concejala oficialista Valeria Ríos, quien fue propuesta para liderar el Legislativo, también presentó un amparo en la feria judicial para desbancar a Gómez. Además, agregó una cautelar para suspender la reelección del titular del cuerpo deliberativo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Este último planteo aún no ha sido resuelto.
La de Sarmiento es una más de las feroces disputas que se han dado entre un intendente y el Concejo Deliberante. Las otras de fuerte impacto político se han dado en Caucete y Chimbas, cada una con sus respectivas características.
A diferencia de estos departamentos, en los que los enfrentamientos se dan con grupos de ediles, en suelo sarmientino se focaliza entre el Ejecutivo y el titular del cuerpo deliberativo.
Gómez, que tiene su origen en Actuar, el partido de Rodolfo Colombo, consiguió su banca al ir en el tercer lugar de la lista del intendente Castro. La elección de 2023 arrojó una composición pareja en el Concejo, ya que el oficialismo metió tres representantes y tres la oposición peronista. Un equilibrio delicado, que exigía que los ediles del jefe comunal estuvieran alineados, dado que, en caso de empate, define el presidente. El objetivo es que los proyectos del Ejecutivo no tuviesen reveses.
Sin embargo, el panorama para el oficialismo empezó a oscurecerse desde el inicio de la gestión, ya que Gómez alcanzó la presidencia del Legislativo con el apoyo de los tres justicialistas. Desde la Intendencia, la idea era que fuera José Luis Fernández, pero quedó en minoría.
Así, el exactuarista tomó el timón del cuerpo deliberativo y, no solo eso, sino que acompañó al PJ en votaciones en contra del oficialismo. Entre los proyectos, fuentes departamentales contabilizaban el rechazo a una serie de balances del Ejecutivo, el que buscaba, con la respectiva aprobación, la ampliación del presupuesto 2025.
También se cuenta la negativa a un convenio que pretendía utilizar maquinaria y movilidades municipales para arreglar un camino hacia la zona en la que se encuentran emprendimientos privados. La oposición sostuvo que había otras prioridades y cuestionaban que se utilizaran recursos municipales para un camino que no es formalmente público. Además, hubo un rechazo a las autorizaciones que le permitían al intendente mantener fondos en plazos fijos. La crítica apuntó a que la comuna realizaba renovaciones automáticas mensualmente sin informar al Concejo y sin detallar en qué obras públicas se invertían los recursos.
Además de malestar, los movimientos de Gómez desataron incógnitas, ya que se desconocía su jugada política, más allá de la búsqueda de algún rédito particular. Al punto que circularon sospechas de un posible pase al justicialismo, pero en dicho partido no era bien visto.
Finalmente, el 6 de diciembre salió a la luz que se sumó a las filas de La Libertad Avanza (LLA), lo que fue difundido a través de un comunicado de prensa del espacio libertario que lidera el diputado nacional José Peluc. Tres días después, volvió a ser electo presidente del Concejo con el respaldo, otra vez, de los ediles peronistas.
Ante esa movida, el intendente contraatacó por medio de una acción de amparo para declarar la nulidad de la resolución de la sesión en la que Gómez volvió a ser consagrado como jefe del Legislativo. A través de su abogado, argumentó que el edil reconoció públicamente su adhesión a LLA, lo que implica que dejó el proyecto político del intendente.
La referencia apunta al espíritu del artículo 19 de la ley Orgánica de Municipalidades, la 430 P, que indica que “la presidencia del Concejo Deliberante siempre deberá ser de la lista del Intendente electo, permaneciendo dos años en el cargo y podrá ser reelegido”. Dicha norma regula a las comunas de segunda y tercera categoría, que son las que tienen menos de 30 mil habitantes.
Si bien Gómez formó parte de la lista de Castro, el planteo señala que el espíritu de la norma es establecer la correspondencia y permanencia política entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante para que no haya conflictos entre las cabezas de ambos estamentos. Entonces, se señala que no solo no concuerda con el espacio político del jefe comunal sino que, además, dejó la lista por la cual accedió a su cargo.
Sin embargo, Amanda Días, titular del Juzgado Civil Nº11, rechazó el amparo porque la presentación no reunió los requisitos que fundamental tal acción judicial, por lo que ni siquiera entró a analizar el punto medular del planteo.
Según trascendió de fuentes calificadas, la magistrada, primero, explicó que hubo una “confusión de sujetos procesales activo y pasivo”. Es que el demandante fue el intendente, representante del Ejecutivo, y el amparo se dirigió al municipio de Sarmiento.
Luego, señaló que el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades indica que, si el Ejecutivo tuviese una objeción a una ordenanza sancionada, debe devolverla al Concejo con un mensaje que refleje las observaciones. Pero, si pasan cinco días hábiles sin que se envíe al Legislativo, la norma se tendrá por aprobada y deberá ejecutarse.
En base a ese texto, Días destacó que el intendente “nada dice ni prueba” con respecto a la etapa de objeción prevista para el Ejecutivo en caso de que advierta una irregularidad que exija una corrección de una ordenanza. Por lo tanto, sostuvo que no se agotó la vía administrativa, dado que el procedimiento del artículo 32 “permitiría al órgano municipal correspondiente, enmendar el acto administrativo supuestamente lesivo de los derechos constitucionales”.