Así funciona la Ley de Inocencia Fiscal y como favorece a monotributistas o contribuyentes

El Gobierno dio un paso decisivo en la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal al publicar el decreto que define cómo deben realizarse las operaciones con los llamados “dólares del colchón” y qué beneficios obtendrán los contribuyentes que adhieran al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). La medida llega luego de semanas de negociaciones con el sistema financiero y con la expectativa de que una parte del ahorro informal ingrese al circuito económico.

Desde el Ministerio de Economía estiman que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero cerca de USD 170.000 millones, una cifra que triplica el volumen actual de depósitos privados en dólares.  La reglamentación estableció que los dólares podrán utilizarse siempre que estén bancarizados. El contribuyente tendrá dos alternativas: depositar el efectivo en una cuenta propia  o bien enviarlo a otra persona o entidad a través del sistema bancario. La condición central es que el dinero quede trazado dentro del sistema financiero.

Lee también: Trasladan a Bastian Jeréz a una clínica privada del AMBA

El objetivo, es cumplir con los estándares internacionales de control antilavado y financiamiento del terrorismo, además de permitir al Estado un seguimiento fiscal de las operaciones. Al mismo tiempo, la bancarización favorece la circulación del dinero y fortalece el mercado crediticio. Otro punto del decreto, es la precisión sobre el funcionamiento del Régimen Simplificado de Ganancias. Para adherir, los contribuyentes deben cumplir tres requisitos: ingresos anuales inferiores a $1.000 millones, un patrimonio menor a $10.000 millones y no estar categorizados como grandes contribuyentes. 

Quienes se incorporen al RSG accederán a beneficios clave, como la presunción de exactitud de sus declaraciones y el efecto del pago del impuesto. En el caso de los monotributistas, la reglamentación fue clara: para poder utilizar dólares no declarados deberán inscribirse en el RSG. De lo contrario, quedarán expuestos a controles fiscales. En la práctica, los pequeños contribuyentes deberán evaluar si les conviene formalizar esos ahorros y asumir una mayor carga tributaria o mantenerlos fuera del sistema con el riesgo de ser investigados. El decreto también introdujo cambios relevantes en materia penal tributaria. El umbral para que exista evasión simple se elevó de $1,5 millones a $100 millones. 

Lee también: Le negaron la libertad y seguirá preso el acusado de abusar de una sanjuanina con discapacidad

Por último, el Gobierno buscó llevar tranquilidad a las pymes frente a la fuerte actualización de las multas automáticas. Según indicaron fuentes oficiales, no se avanzará de manera automática con intimaciones a los contribuyentes de menor relevancia.  Con la reglamentación en marcha, ahora el foco está puesto en la respuesta de los bancos y en las definiciones que adopte la Unidad de Información Financiera, en medio de un proceso de renovación de autoridades. De esa reacción dependerá, en gran medida, el éxito de una ley que el Gobierno presenta como el mayor incentivo a la formalización de ahorros de las últimas décadas.