Respuesta oficial
Como adelantó 0264Noticias, Fiscalía rechazó el pedido que hizo el intendente de Angaco para zafar del juicio
Tal como había adelantado 0264Noticias, la fiscal de Cámara, Silvina Gerarduzzi, se opuso al acuerdo de conciliación que presentó en la Justicia el intendente de Angaco, José Castro, para intentar zafar del juicio en su contra. Según confirmaron fuentes oficiales, el escrito fiscal fue presentado en la mañana de este miércoles ante la Sala II de la Cámara Penal, cuerpo que ahora deberá emitir un dictamen. Si la postura del tribunal es en el mismo sentido que la expresada por el Ministerio Público, deberá fijar una nueva fecha de juicio para que Castro responda de la acusación que lo tiene en la mira por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según trascendió, Gerarduzzi fundó su negativa al indicar, entre otros puntos, que no puede haber conciliación y reparación del presunto daño cuando hay bienes de la entidad pública que están en juego. Además, que el Concejo Deliberante, con quien Castro firmó el acuerdo ratificado por ordenanza, “no puede ser víctima patrimonial” por lo que no puede haber una conciliación o reparación. Así, la fiscal entendió que tanto el intendente de Angaco como los concejales que prestaron su conformidad “se atribuyeron facultades de jueces y fiscales que no les corresponde” por lo que además fueron denunciados el martes ante la UFI de Delitos Especiales.
La negativa fiscal, ahora finalmente presentada en el tribunal de juicio, había sido adelantada a este medio por fuentes oficiales las que expresaron que no iba a existir demora en la respuesta del Ministerio Público. Es que, entre otros puntos, entendían que la jugada defensiva de Castro, a través de su abogado Marcelo Fernández Valdéz, tenía por objetivo suspender el debate que estaba previsto para el lunes pasado a primera hora. Así, por lo bajo, existía una presunta “urgencia” para que el planteo sea resuelto rápido y el juicio se pueda realizar, ya que se trata de un expediente que data de fines del 2019, en el que existió una investigación judicial que apunta a que el intendente de Angaco puede haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario al encontrarse que maquinaria y empleados del municipio estaban desarrollando tareas en un predio suyo de Chimbas.
En su momento, el hecho fue denunciado por el Concejo Deliberante y por eso, para intentar zafar del juicio, Castro firmó un convenio con tres de los nuevos miembros de dicho cuerpo, a modo de conciliación y reparación integral por los presuntos daños ocasionados. Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes dieron su conformidad para que Castro pague 5 millones de pesos, monto que iría destinado a Cáritas del departamento, movida que Gerarduzzi entendió como “ilegal” al punto que los denunció ante la UFI Delitos Especiales.
Un punto llamativo del acuerdo que presentó Castro para zafar del juicio fue que, según su parecer, el acuerdo de reparación debía prosperar porque al expresidente Alberto Fernández se le otorgó el mismo beneficio en la denominada Fiesta de Olivos, causa en la que hubo un acuerdo con el Ministerio Público Federal para que Fernández desembolse 1,6 millones de pesos. Trascendió que Gerarduzzi sostuvo que dicho caso no es análogo porque la Fiesta de Olivos se trató de un cumpleaños, un acto personal y privado, en el que no se juzgó a Fernández en el ejercicio de sus funciones como presidente y por el cual se incumplieron medidas de aislamiento dispuestas por la pandemia.
Diferente es el caso del intendente de Angaco, donde se lo acusa de haber utilizado maquinaria y personal municipal para un beneficio propio, como puede haber sido realizar tareas en un predio de Chimbas.
Fuentes judiciales explicaron que la postura fiscal, en contra de los intereses de Castro, es vinculante para la decisión que deben dictar los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h), por lo que el acuerdo entre el intendente y el Concejo Deliberante debería ser rechazado y, así, fijarse una nueva fecha de juicio. Es que, la disposición de la acción penal está en manos del Ministerio Público, no del intendente y tampoco del Concejo Deliberante.