Por falta de pago
Por primera vez, Salud mandó a ejecutar unos 800 millones de pesos a las obras sociales por la atención de pacientes en los hospitales públicos
En una medida inédita, la provincia decidió judicializar la deuda que mantienen las obras sociales con el Ministerio de Salud, por la atención de pacientes con cobertura médica en los hospitales. Fuentes oficiales confirmaron que el monto asciende a unos 800 millones de pesos, correspondientes a diciembre de 2024, mes en el que se puso en marcha la ley que el orreguismo impulsó y que habilitó a que se aplique un nuevo mecanismo para el recupero de costos en Salud. El ministro del área, Amílcar Dobladez, confirmó la ejecución de la deuda con la intervención de Fiscalía de Estado, al momento que explicó que, para todo 2025, la atención de pacientes con obra social ascendió a 16.000 de pesos y que, de ese monto, hasta el momento se recuperó 2.200 millones de pesos, esto es, el 13,75% del total. De no haber una regularización, Salud pedirá que Fiscalía de Estado ejecute la deuda, aunque el ministro se mostró confiado de que no se llegará a ese paso, ya que las obras sociales “se están acercando a pagar” y a firmar convenios.
El recupero de costos de Salud con las obras sociales es un tema central para los Ejecutivos provinciales, un mecanismo que tuvo un cambio radical en los primeros meses de 2024, que derivó en que el orreguismo impulse la sanción de una ley para la creación de un Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud. La modificación principal se debió a que el gobierno nacional decidió dejar de ser intermediario entre Salud y las obras sociales, lo que dejó abierta la puerta para que cada provincia llegue a un acuerdo con las entidades sanitarias privadas y, así, se defina un monto para cada prestación de un paciente con cobertura médica. En el caso de San Juan, aplica para el Hospital Rawson, el Marcial Quiroga y todos los hospitales del nivel central, esto es, para el resto de hospitales ubicados en los departamentos.
Tras la sanción de la ley local, su implementación demoró hasta fines de 2024 cuando finalmente quedó reglamentada y funcionando. Salud definió un monto para todas las prestaciones médicas realizadas en los centros sanitarios de la provincia, de aquellos pacientes con cobertura médica, y notificó a todas las obras sociales sobre la deuda generada. Así, el ministro Dobladez explicó que “el nuevo nomenclador para el recupero de costos se implementó en diciembre del 2024”, mientras que fuentes oficiales del ministerio confirmaron que el monto adeudado ascendió a los 800 millones de pesos. Ese valor fue notificado a Fiscalía de Estado para que proceda a ejecutar la deuda a través de una vía judicial, ya que la ley establece que, el nuevo Registro Provincial de Agentes de Servicios de Salud tiene entre sus funciones la de “gestionar la facturación y el pago de las prestaciones otorgadas, y producida la mora, emitir el certificado de deuda y remitirlo a la Fiscalía de Estado para su ejecución judicial”.
Sobre ese punto, Dobladez dijo que “en Fiscalía de Estado hay un proceso de ejecución del recupero de costos” por deudas conformadas “a fines de 2024”. Además, el titular de la cartera sanitaria explicó que “el recupero de costos lo vamos a lograr sí o sí porque la ejecución de la deuda puede derivar en un embargo de las cuentas de las obras sociales y hasta en un en un bloqueo de las cuentas bancarias”.
Bajo esa delicada situación, en la que una obra social se puede enfrentar a tener congelada y embargada una cuenta bancaria, es que, según explicaron fuentes oficiales, las obras sociales se están acercando a Salud para regularizar las deudas con planes de pago y, hasta, firmando convenios con el ministerio.
Por otro lado, Dobladez confirmó que, el rojo generado por las obras sociales por la atención de sus pacientes en los centros de salud, el año pasado ascendió a “16.000 millones de pesos, monto del cual, hasta el momento, hemos podido recuperar 2.200 millones de pesos”, lo que implica un 13,75% del total. Para el resto, enteradas las entidades sanitarias de que puede haber una ejecución judicial de esos valores, con un bloqueo de cuentas bancarias y un embargo, están firmando acuerdos con Salud para regularizar la situación, incluso a través de un plan de pago.
Sobre la situación, el ministro fue claro al explicar que “el sector público es más caro que la parte privada y eso es para que a las obras sociales les convenga que sus pacientes se atiendan en sus consultorios y no en los hospitales”. Incluso, el costo de la prestación es un 30% más elevado en los hospitales que en los sanatorios. Ese monto se puede reducir si la entidad privada firma un convenio con Salud, aunque el valor final seguirá siendo más caro que una atención en una clínica, explicaron fuentes oficiales. El objetivo es que los hospitales públicos se vean descomprimidos y se atiendan pacientes sin cobertura médica.
Según la ley “la distribución del monto recaudado es de la siguiente forma: el setenta y cinco por ciento (75 %) para el Centro Sanitario, generador de la prestación y el veinticinco por ciento (25 %) para el Ministerio de Salud”.